DETERIORO INDISCUTIBLE

Dr. Marcelo Gioscia Civitate

Un interesante estudio sobre las expectativas y actitudes de la población de nuestro país con relación a la educación, presentado por la Asociación Uruguay de Educación Católica, (realizado por una consultora en base a encuestas telefónicas de Montevideo y el interior) en el momento en que se está discutiendo por el Parlamento el Presupuesto Quinquenal de Gastos e Inversiones (que le remitiera el Poder Ejecutivo) y donde la Administración de Educación Pública (ANEP) solicitó un incremento de fondos por demás significativo, no puede ser más oportuno.

Los resultados de este estudio, que fueron dados a conocer en general, pero que impactan especialmente en todos quienes de alguna forma u otra contribuimos a cubrir dicho presupuesto del Estado, no pueden dejar de preocuparnos. Bueno es dejar en claro que, esta preocupación no tiene un carácter exclusivamente económico, sino social. Estriba en comprobar, el indiscutible deterioro de la educación pública y con ello, la pérdida de la histórica incidencia que la misma ha tenido sobre buena parte de la sociedad uruguaya.

¿Cuáles serán las consecuencias de esta pérdida de incidencia?

En la actualidad, si bien más del 80% de los alumnos de primaria y secundaria asisten a instituciones públicas de enseñanza, (porcentaje que alcanza el 90% en la población del interior del país) más de un 44% de quienes mandan a sus hijos a dichos centros optarían por la enseñanza privada si el Estado subvencionara la educación de sus hijos.

Y el motivo de este cambio de preferencias -a la hora de elegir nada menos que la formación de niños y adolescentes- tiene que ver con aspectos que van desde la “formación académica” y la “atención personalizada”, hasta la “seguridad, el control de conducta y la formación en valores”.

Quienes optan o no tienen otra alternativa que seguir apostando a que sus hijos se eduquen en centros públicos de enseñanza, manifiestan su preferencia por la “laicidad”, la “inclusión democrática”, por “tradición” o llanamente, porque es “accesible”.

¿Cómo se explica este cambio? ¿Pueden las autoridades explicar qué ha ocurrido? ¿Cómo es posible que exista una percepción de la necesidad de “aumentar el presupuesto” y que al mismo tiempo, exista la convicción de que, debe mejorarse “la forma en que se gasta”? Algo no funciona como debiera. Además, ¿Cuál es la tasa de graduación y cuáles son los resultados al egreso de secundaria? ¿Serán capaces nuestros estudiantes de poder ingresar al mercado laboral con la formación pre-universitaria que obtuvieron? ¿Cómo se insertarán socialmente? ¿Tendrán las herramientas mínimas para asumir sus responsabilidades?

Mientras tanto, hemos constatado que la mayor parte del presupuesto destinado a la enseñanza pública cubrió las retribuciones de los funcionarios, pero pese al notable esfuerzo de la sociedad en su conjunto, no se percibieron resultados alentadores. No se disminuyó el ausentismo docente ni se mejoró la formación de los profesores. Es hora de corregir esta enojosa situación.

Existe una fractura social evidente. Ello se percibe entre quienes pueden decidirse por enviar a sus hijos a la enseñanza privada (incluso a costa de muchos sacrificios y postergaciones) y quienes deben seguir optando por enviarlos a centros de enseñanza públicos, pero que, (vaya paradoja) si tuvieran algún tipo de subsidio estatal, se inclinarían por la enseñanza privada. Se advierte entonces, una peligrosa ampliación de las bases de necesidades de un mayor número y otra vez, como solución, se piensa en un subsidio a costa del Erario Público. ¿Será esta una solución razonable? Ya que, lo que se cuestiona es, ni más ni menos que el buen funcionamiento de las instituciones públicas de enseñanza, que debieran ser las primeras en brindar el mejor de los servicios en favor del mayor número de habitantes de este país, pero ello no ocurre, pese al incremento de los recursos con que han sido favorecidos.

Este enfrentamiento, va más allá de lo que puedan querer los gremios de la enseñanza pública, o las políticas que debiera implementar el Ministerio de Educación y Cultura, va más allá incluso que las autonomías tan defendidas. Hace ni más ni menos, que a la propia estructura social y a nuestra idiosincrasia democrática y republicana. Refiere a la escala de valores que nos legaron nuestros mayores (hace tal vez, a los valores que los encuestados ven que se siguen trasmitiendo en las instituciones privadas) y conforman, la estructura institucional, donde debiera preservarse por sobre todo, la libertad -como uno de los pilares del estado laico que prevé nuestra Constitución- y que otrora brindaba, orgullosa, a los habitantes de este suelo, la cierta posibilidad de realizarse en el esfuerzo, con la sola distinción de los talentos y las virtudes.