LA IZQUIERDA EN EL PODER

Señalero a la izquierda y giro a la derecha

Las señales que mediante mensajes directos e institucionales remiten a la sociedad los principales voceros partidarios del Frente Amplio, la mayoría en el Gobierno sea comandando la acción ejecutiva, o asistiendo a mano alzada (de yeso) en el Parlamento, constituyen la contradicción de prender el señalero a la izquierda, cuando el rumbo elegido es el de la derecha.

La gente lo siente, lo intuye, y lo observa en el rostro desdibujado del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien cada vez que sale a los medios de comunicación a reivindicar el “ajuste social”, en vez de la firmeza legislativa, para por ejemplo, ante los menores infractores, son los –hechos- y las opiniones quienes le cambian el rumbo al debate y dejan en evidencia la criminalidad extrema de menores y jóvenes dedicados al delito en una ciudad de apenas un millón de habitantes.

¿Qué sería de Porto Alegre, Río de Janeiro o San Pablo, dee ser Bonomi su ministro del Interior?

Un caos.

Pero miremos hacia otros espacios sociales para no ser monotemáticos y sólo ver lo que los hechos prueban de manera incontestable, y tomemos como ejemplo la actitud del gobierno y su firmeza en la postura asumida de habilitar la internación compulsiva de personas que hayan consumido drogas y representen un peligro para ellos o para terceros.

Luego del acto por 182° aniversario de la Jura de la Constitución el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, manifestó que "el corazón del proyecto, es decir, que las personas que hayan consumido drogas y representen un peligro para sí o para terceros, deben ser internados de forma compulsiva, y no debe ser tocado" con el fin de preservar la idea.

Habría que ver cuánto afectó a Breccia consumir marihuana “regalada” para poder valorar si la paz que dice haber sentido, lo transforma o no en un peligro para la sociedad.

Recordemos que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Enrique Pérez Manrique, señaló en una entrevista con el diario El Observador que "el proyecto tal como está padece serios problemas de constitucionalidad, porque el artículo 15 de la Constitución dice que nadie puede ser detenido sino por orden del juez competente o por in fraganti delito".

El juez sostuvo que al proyecto del gobierno "habría que buscarle una formulación más coordinada con los principios constitucionales".

Breccia, por su parte, sostuvo que "nosotros enviamos el proyecto al Parlamento" y los legisladores tienen "todo el derecho de realizar las modificaciones que quieran o incluso rechazarlo".

Remarcó, además, que "no se está discutiendo lo suficiente el documento por la vida y para la convivencia. La sociedad civil debería ponerse a pensar en ello, los sindicatos deberían ponerse a pensar en ello, porque es un documento muy rico. Algunos expertos lo han catalogado como un mojón en la historia".

Además, el jerarca de gobierno indicó que se sigue estudiando el proyecto para legalizar la venta de marihuana.

Mientras tanto, e el oído de la gente siguen presente los dichos del presidente Mujica manifestando que, "si no se puede convencer a la mayoría de la población, nos vamos al mazo".

Dos encuestas de opinión publica indicaron hace unas horas que entre el 60 % (Interconsult) y el 66 % (Cifra) de la población rechaza la iniciativa.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo a Búsqueda que el proyecto no está dirigido a los consumidores de marihuana, y que apunta al adicto de pasta base, quien a los tres meses de consumir “ya no es normal”.

Sin embargo, más allá de al alma o el espíritu de la ley, lo que importa es el texto expreso que no habla de lo que Bonomi dice, sino de estupefacientes en general.

El artículo 4 del proyecto señala que, “el que fuere encontrado en la vía pública o espacios públicos o privados no habilitados, en circunstancias que hagan presumir que se halla consumiendo sustancias estupefacientes, o que acaba de hacerlo o portándolas para su uso personal, siempre que tal circunstancia resulte un peligro para sí o para terceros, podrá ser conducido en forma inmediata, al Centro Asistencial que el Poder Ejecutivo disponga a estos efectos. La conducción sólo podrá llevarse a cabo por personal a cargo del Sistema de Atención a las Víctimas del Consumo de Estupefacientes (SAVCE)”.

Finalmente se dispone que “el Magistrado actuante podrá disponer que la persona permanezca internada en el Centro Asistencial y ordenará las medidas de diagnóstico y terapéuticas de urgencia que la situación requiera”.

Más allá de que este artículo supone que todo ciudadano pasa a ser sospechoso de ser consumidor, cualquier consumidor pasa a ser, a su vez, sospechoso de ser adicto problemático y, porque no, un potencial delincuente que merece la persecución policial y el reproche penal.

Estas nuevas formas de “medidas prontas de seguridad” no condicen con el “ser” frenteamplista. Por eso, lo del título: cuidado con prender el señalero a la izquierda y doblar a la derecha, porque la fatalidad está a la vuelta de cualquier esquina.