Boudou, los negocios y la función pública

María O'DONNELL

Licenciada en Ciencia Política, Universidad Nacional de Buenos Aires y egresada de la Maestría de Relaciones Internacionales de FLACSO.

El vicepresidente Amado Boudou no logra despejar dudas sobre cuál fue su participación en la resurrección de Ciccone Calcográfica, una empresa gráfica dedicada a la impresión de documentos varios (como billetes de Lotería, entradas a recitales, boletas electorales o dinero), a la que el fisco le había solicitado la quiebra cuando acumuló una deuda superior a los 200 millones de pesos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Para hablar sobre este escándalo en plena ebullición, que tiene por primera vez en una posición defensiva a una de las principales figuras del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, intentaré ordenar los hechos que se conocen hasta ahora sin complicar demasiado la trama con detalles, porque creo que en el fondo todo esto es más simple de lo que parece.

Después del pedido de quiebra, la competidora histórica de Ciccone, Boldt, una empresa que además tiene grandes intereses en la industria del juego (entre otros, la captura "on line" de apuestas), se postuló para alquilar la planta que se encontraba paralizada, en Don Torcuato, Tigre, en la zona norte del conurbano de la provincia de Buenos Aires.

Durante casi un año (desde mediados del 2010 hasta mediados del 2011), y con el aval de la Justicia, Boldt pudo alquilar la planta; hasta que, según informaron los directivos de Boldt, debieron interrumpir el contrato de alquiler porque la AFIP solicitó en tribunales el levantamiento de la quiebra: le había concedido un plan de pagos, con un interés mínimo y una quita de la deuda incluída, a un grupo empresarial llamado The Old Fund S.A. que adquirió gran parte del paquete accionario de la ex Ciccone. Durante el procedimiento, la AFIP debió consultar la opinión del ministerio de Economía, porque su titular, Ricardo Echegaray, no estaba facultado para avalar quitas de deudas. Boudou, entonces a cargo del ministerio de Economía, avaló la operación con una nota que forma parte del expediente judicial.

¿Quién se quedó con la ex Ciccone? Como directivo y cabeza visible de The Old Fund S.A. apareció Alejandro Vandenbroele, y la imprenta -rebautizada Compañía de Valores Sudamericana S.A.- se puso otra vez en funcionamiento. Una de sus primeras tareas fue la impresión de las boletas que requirió el partido de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Frente para la Victoria, para las elecciones primarias de agosto del 2011.

Luego, la ex Ciccone y Boldt empezaron a competir en el ámbito del Banco Central por un contrato millonario para la impresión de billetes de 100 pesos, y aunque no había ganado la licitación, la Compañía de Valores Sudamericana llegó a realizar pruebas preliminares en la Casa de Moneda (algo que Boudou admite, aunque le cuesta explicar por qué ocurrió tal cosa). Por eso mismo, Boudou sostiene que toda esta historia es fruto de una vendetta de Boldt en su contra.

Mientras todo esto sucedía, apareció Laura Muñoz, enojada y en un proceso de divorcio agrio con Vandenbroele. Muñoz dijo en una entrevista, y luego al declarar ante un fiscal, que su ex actuaba en verdad como "testaferro" el vicepresidente. El escándalo estaba servido.

Después de semanas de jugar al distraído, Boudou debió salir a hablar del tema. Dijo que todo era un disparate, y jura no conocer a Vandenbroele. Para gran parte del aparato de propaganda del Gobierno, que no se conozcan demostraría que el escándalo no es más que una patraña de los medios opositores, con el aliento de la empresa Boldt, ya que nadie elige como testaferro a un completo desconocido.

Sin embargo, el directivo The Old Fund publicó una larga solicitada en la que admite una relación de negocios con José María Núñez Carmona, amigo íntimo desde la infancia de Boudou, y para más datos, su socio comercial. Boudou y Núñez Carmona comparten al menos dos sociedades (Habitat Natural S.A. e Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A), como surge de la declaración jurada de bienes que el vicepresidente debió presentar ante la Oficina Anticorrupción. Núñez Carmona es el eslabón entre Vandenbroele y Boudou, porque su relación con el nuevo directivo de la ex Ciccone sí que está comprobada.

Núñez Carmona, según contó el propio Vandenbroele en la solicitada, contrató sus servicios de abogado para que él lo asesora en la compra de un canal de televisión en Mar del Plata (la ciudad en la que crecieron juntos Boudou y su socio); Vandenbroele también contó que a través de Núñez Carmona, le consiguieron a Boudou un inquilino para el departamento que posee en el barrio más caro de la cuidad de Buenos Aires, en Puerto Madero.

El vicepresidente necesitaba algo más espacioso (no se mudó muy lejos: alquiló en una de los complejos más lujosos de Puerto Madero, frente al Hotel Hilton, y en el mismo edificio en el que la presidenta Kirchner adquirió dos pisos y unas cuantas cocheras) y un amigo de Vandenbroele fue a parar a la propiedad que Boudou dejó vacía. Se supone, por el relato de Vandenbroele, que todo esto ocurrió a través de intermediarios y que él nunca tomó contacto con el vicepresidente.

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Recapitulamos todo aquello que admiten los protagonistas de esta historia:

- que el vicepresidente tiene un socio, que es además su amigo más íntimo;

- que su socio, no sabemos si en forma independiente o con Boudou, exploró la posibilidad de comprar un canal de televisión, y para tal fin contrata a un abogado;

- luego resulta que este abogado, de apellido Vandenbroele, se transforma en la cara visible de un grupo empresario que logra el aval del ministerio de Economía (cuando Boudou era ministro de Economía) y de la AFIP quedarse con una de las imprentas más importantes del país;

- que ya con Vandenbroele en el directorio, la ex Ciccone imprime boletas para el partido oficialista;

- luego, y sin haber ganado ninguna licitación, realiza pruebas para la impresión de billetes moneda nacional;

- por último, resulta que este mismo abogado, a través de Núñez Carmona, consigue un inquilino para el departamento de Boudou.

El fiscal Carlos Rívolo, que indaga en toda esta maraña, ha mencionado los dos delitos que podrían investigarse: negociaciones incompatibles con la función pública (si se comprobara que Boudou se interesó por favorecer a una empresa determinada en el salvataje de la ex Ciccone) y lavado de dinero (si es que Vandenbroele no logra acreditar el origen de los dos millones de dólares que The Old Fund debió aportar para quedarse la imprenta) Mientras tanto, dirigentes de la oposición han pedido un juicio político conta Boudou, pero no va a prosperar en un Congreso con mayoría oficialista.

Rívolo tiene fama bien ganada como fiscal independiente del poder político y eficaz a la hora de investigar casos de corrupción, pero es difícil aventurar cómo seguirá la causa judicial: entre otras cosas, porque el escándalo hizo que el contrato para imprimir billetes entre el Banco Central y la ex Ciccone nunca se concretara. De todas maneras, de todo esto surge algo demasiado evidente: la absoluta inconveniencia (porque en Argentina no es ilegal) del ejercicio simultáneo de la función pública (y nada menos que el ministerio de Economía o la vicepresidencia de la Nación) con el desarrollo de negocios privados, y mucho más cuando los negocios se entablan con dependencias del Estado que dependen de decisiones del Gobierno.

Siendo ya ministro de Economía, Boudou creó sociedades con Núñez Carmona y atribuyó gran parte de su crecimiento patrimonial a la actividad de las sociedades que comparten (mucho más que al salario que percibe en la administración pública). Según sus estatutos fundacionales, se trata de sociedades dedicadas al negocio inmobiliario, entre otros. No es difícil pensar que Boudou no tiene demasiado tiempo libre como para dedicarle a las sociedades, ni tampoco que para Núñez Carmona debe ser bastante útil invocar el nombre de Boudou en cualquier circunstancia. El socio del vicepresidente, que no se priva de hacer negocios con el Estado, fue denunciado hace un par de años por un supuesto intento de soborno a las autoridades de Télam, la agencia oficial del Gobierno, mientras intentaba cobrar avisos de publicidad oficial asignados a su productora.

Todo este escándalo, más allá de sus futuras derivaciones judiciales y políticas, sean o no de relevancia, demuestra que es imprescindible prohibir a los funcionarios públicos hacer negocios en el mundo privado mientras ejercen un cargo.

¿Cómo puede ser que Boudou, y tantos otros, puedan afirmar sin pudor en las declaraciones juradas que sus patrimonios aumentan gracias a los negocios que hacen al mismo tiempo que son funcionarios públicos? Tarde o temprano, los caminos de una y otra actividad se cruzarán, y siempre de la peor manera, porque es evidente que no son compatibles.