Una denuncia anónima del
propio Hospital Maciel, dependiente de Salud Pública, desencadenó un exitoso
operativo policial (“Operación Angeles”) que dejó al descubierto a dos
funcionarios enfermeros –hoy procesados por la Justicia Penal-
que desde hace un buen tiempo, decidían la muerte de pacientes confiados a su
cuidado en los CTI (Centros de Tratamiento Intensivo) donde trabajaban. Ambos
criminales, también prestaban sus tareas en una institución privada de medicina
colectiva. Aun no se sabe el número exacto de los pacientes cuya vida fue
segada por estos individuos, utilizando inyecciones de morfina, aire o quien sabe qué otras técnicas para
inducir la muerte. Salteándose todos los protocolos de atención, los implicados
y alguien más (otra persona fue procesada por encubrimiento) por motivos
incalificables, ejercían su “poder” ante pacientes indefensos, cuyas vidas
debían haber protegido.
Estos hechos han
conmocionado grandemente a nuestra sociedad y han desatado no sólo angustia,
sino una gran desconfianza e intranquilidad, tanto en los familiares de quienes
fallecieron en esas instituciones, como en quienes tienen en estos momentos a
alguien de su entorno, intentando superar un importante quebranto de salud en
este tipo de centros. Centros en los que, hasta el momento se presumía se
aplicaban todos los avances tecnológicos para la recuperación de los pacientes.
Centros en los que, se pensaba, trabajaban personas dedicadas e idóneas para
cumplir su difícil tarea. Sabemos que la mayoría de los funcionarios cumplen
con profesionalidad, esmero y lealtad sus funciones. Sin embargo, la duda se ha
instalado legítimamente.
¿Cómo recomponer la
confianza? ¿Cómo devolver la tranquilidad a las familias? ¿Se tiene cabal
conciencia de lo perdido? ¿Cuánto llevará recomponer todo esto? Tratándose de
valores inmateriales, el panorama es poco alentador. Son muchos los temas
conexos que se entrecruzan (desde la donación y trasplante de órganos, el
tratamiento de los enfermos terminales, la eutanasia y el morir con dignidad) y
que nos obligará a considerarlos con madurez para ver cómo resolverlos en una
sociedad como la nuestra. Pero todo a su tiempo.
Pues por más que se diga
que estamos ante un caso “inédito”, o que se trata de personas “insanas”, queda
en el gran número de la población, la sensación de que los controles fallaron
(desde el perfil psicológico que suponemos se habrá hecho para que los
implicados realizaran sus tareas; el control diario de inventario de los
fármacos que quedan disponibles en cada turno; el dictamen de los miembros del
comité que debe expedirse sobre la muerte de los pacientes ingresados a esas
dependencias; hasta las historias clínicas, las indicaciones de los médicos
tratantes y el debido seguimiento de los protocolos de atención y registro) y
por ello, la más inmediata investigación se impone se realice, con dedicación
profesional, profundidad y celeridad.
Se intuyen
responsabilidades. Sólo hemos visto la punta de un iceberg. La sucesión de
acciones judiciales que ya se anuncian, afectarán a muchos, de distinta manera.
La transparencia en el
manejo de la información se apreciará más que nunca en este asunto. Más allá de
las conveniencias políticas de los responsables.
Por ello, llama la
atención la inmediata politización del tema que realizó el gobierno. Desde
altas esferas, salió a defender a su Ministro de Salud Pública, sin tener a la
vista siquiera las conclusiones primarias de una investigación. Que no se diga
entonces que la oposición pretende réditos con el tratamiento de este asunto.
Lo que se pretende es
claridad en el manejo del tema y deslindar responsabilidades.
Por hechos de menor
cuantía, en otras latitudes, se han truncado para siempre carreras políticas y
aspiraciones de poder. Aún no sabemos cuál será el desenlace en nuestro país.
Lo que surge como cierto es, la pérdida de credibilidad y confianza en esta
materia de especial significación, como es la que atañe a la Salud. ¿Quién será capaz de
devolver estos valores a quienes habitamos este país?
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