Cuando en la sociedad de
nuestros días y con relación a adolescentes, se llega a sostener que resulta
más beneficioso delinquir, que obtener ingresos provenientes del salario al que
pueden acceder, es que nos encontramos -sin ser alarmistas- ante una verdadera situación de fractura
social. Fractura que, advertimos, será muy difícil recomponer y que tiene una
profunda vinculación con la pérdida de valores que otrora, fueron pilares de un
entramado social en el que las instituciones funcionaban y donde la familia,
educando desde el ejemplo para una vida digna, ejercía una contención filial,
que hoy, resulta cada vez más inconsistente. Y con pesar, se nos aparecen como
proféticas las letras de Discepolo,
escritas para un siglo XX que hace doce años quedó atrás y que se presentaba
a ese autor como “problemático y febril, en el que, el que no llora, no mama y
el que no afana, es un gil…todo es igual, nada es mejor…” Por eso, las
conclusiones a las que arriba la investigación realizada por CERES (Centro de
Estudios de la
Realidad Económica y Social) y que tomaran estado público
luego de la conferencia que tuvo lugar en el Hotel Sheraton, no debieran pasar
desapercibidas para las autoridades que, a sus distintos niveles de
responsabilidad les compete esta materia, ni menos aún para al resto de quienes
integramos esta sociedad, la sufrimos y somos contemporáneos de la realidad que
se denuncia.
Pero la comprobación, que
surge del estudio realizado y de este nuevo diagnóstico (que desnuda una
problemática que sin lugar a dudas compromete a la sociedad de la que formamos
parte y afecta la calidad de vida de sus miembros) no será de utilidad, si no
se adoptan medidas de urgente aplicación en todas y cada una de las
instituciones y organismos que tienen directa competencia en estas cuestiones y
que debieran responsabilizarse en el cumplimiento de las metas para las que
fueron establecidas.
Tan sencillo como eso y a
la vez tan tremendamente complejo. ¿Por donde empezar? ¿Cómo volver a conformar
la necesaria contención que brindaba la familia y el sistema educativo? ¿Cómo
profesionalizar a los funcionarios públicos directamente implicados, para que
actúen conforme a Derecho y se comprometan con los planes que tracen las
autoridades responsables?
¿Qué se espera para
constituir finalmente un verdadero centro de recuperación de menores
infractores? ¿Cómo hacer en definitiva, para que las consecuencias de delinquir
sean tales, que frenen esa opción como deseable? ¿Cómo integrar a estos jóvenes
a la sociedad y devolverles el sentido de pertenencia?
El panorama se nos
presenta como desolador en tanto y en cuanto, pese a los diagnósticos y a los
dineros públicos que se han destinado a la educación, la misma no logra
contener a los jóvenes dentro del sistema, y lo que es peor aún, los que
permanecen -por el bajo nivel de
exigencia- no resultan siquiera aptos para aspirar luego, a puestos de trabajo
dignamente retribuidos.
La investigación llevada
a cabo demuestra que, de cada cien jóvenes que delinquen, sólo seis son
atrapados y solo cuatro de ellos, que cometen delitos graves son internados;
por su parte, también se comprueba que los beneficios obtenidos por las
actividades delictivas, son superiores a las retribuciones que obtendrían
desempeñando un trabajo en legal forma. Por esto, lamentablemente, la ecuación
resulta dramáticamente, favorable a quienes deciden hacer de la comisión de
delitos su modo de vida. ¿Cómo revertir este inmoral cálculo de rentabilidad?
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