Por
más valederas que puedan resultar las razones del conflicto que enfrentara a la
empresa que monopoliza la administración de los combustibles con sus
dependientes, no se alcanza a comprender que las medidas gremiales puedan
llegar a afectar buena parte de las actividades de un país y su gente. No se
llega a entender que se antepongan los intereses corporativos frente a los
intereses generales del mayor número, que deberían constituir la verdadera razón
para su propia existencia y funcionamiento.
Esto
es, lisa y llanamente incomprensible.
¿Es
que se llegó a aquilatar el perjuicio que padecerían los usuarios?
¿Se
estimaron tal vez, las consecuencias que el desabastecimiento de combustibles
ocasionaría? ¿Pudo el Directorio de ANCAP prever tales perjuicios? ¿Bastará
acaso –para conformar a los afectados- con el descuento que se aplicará a los
salarios de quienes con su adhesión a las medidas gremiales, impidieron el
normal abastecimiento de los clientes de la empresa? ¿Tenía ANCAP la
información de la existencia de litros de combustibles disponibles en la red de
estaciones de servicio cuando el conflicto con el gremio de sus trabajadores,
no se disipaba? ¿Alguien ha llegado a estimar el alcance de los daños causados?
¿Es esto posible?
Llama
la atención por un lado, esta suerte de imprevisión y por otro los mensajes
contradictorios que pudimos escuchar del propio Presidente de la empresa
pública estatal, atribuyendo primero el desabastecimiento de los combustibles a
la responsabilidad de los distribuidores, y luego pidiendo disculpas por la
situación vivida y las molestias causadas. Verdaderamente lamentable. Con la
abultada deuda que tiene esta empresa de todos, ¿puede admitirse este
desabastecimiento? Algo no funciona. ¿No será hora de decretarse la
esencialidad del servicio, con la que tantas veces se ha amagado? ¿Cuál es el
temor? ¿Hasta cuando habrá que esperarse?
No
resulta admisible que sea la población, sus eventuales visitantes, el país
todo, los que se tomen de rehenes por conflictos que le deben resultar
ciertamente ajenos. ¿Es que así se pretende alcanzar el “país de primera”?
Observamos
que en distintos puntos de nuestro país se careció de combustibles, en otros se
limitó el consumo a una cantidad fija por vehículo, en algunos sólo se
despachaba para los vehículos de emergencia médica y por más de 72 horas no se
vivieron situaciones de normalidad.
Pero
lo que es peor aún, este conflicto desnuda la realidad que afecta toda la
estructura del funcionamiento de las empresas públicas, cuyos funcionarios
muchas veces se muestran alejados del verdadero interés colectivo, al mostrarse
más comprometidos con sus carreras administrativas y sus propios logros
funcionales, que con el correcto ejercicio de su empleo público.
Debiera
lograrse un justo equilibrio, sin olvidar que “el funcionario existe para la
función” y no a la inversa. La necesaria participación de los gremios en la
defensa de los derechos de los trabajadores no puede hacer olvidar que los funcionarios
del Estado, deben sujetar en todo caso, su actividad a las normas jurídicas que
la regulan y que por sobre todo, en el
ejercicio de sus cargos y responsabilidades, se deben al interés público.
Concepto tal vez abstracto y muy genérico pero que, todos valoramos, aún más en
circunstancias como las padecidas.
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