EL MUNDO DE LA JUSTICIA Y EL MUNDO DE LA POLÍTICA

Entre la politización de la Justicia y la judicialización  de la Política

En momentos de crisis social es común que se levanten voces solicitando a la justicia y los poderes políticos  mayor rigor a la hora de penalizar el delito, incluso reivindicando la pena de muerte. El extremo llega a la aplicación de justicia con mano propia como ha ocurrido recientemente, argumentando legítima defensa.

Es un principio y está en la base de la República la separación de poderes. Se dice y reitera cotidianamente que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son independientes uno del otro y garantía de ejercicio democrático de la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica histórica, dicho principio sigue estando en el horizonte, mientras no se termina de emerger del pantano de la dependencia ya sea de intereses políticos, corporativos, grupales, individuales u otros, todos ajenos al bien común. Dependencia alimentada y sostenida por la corrupción, el anacronismo burocrático, la necrofagia legal y en un continuo proceso de restablecimiento de conductas autoritarias y por ende arbitrarias. 

Pese a los  avances de la civilización y la racionalidad, el concepto de ciudadanía se encuentra así expuesto  los avatares y las circunstancias hegemonizadas por pasiones e  intereses políticos del momento. Y cuando se ingresa en ese proceso en el que la Justicia se politiza y la Política se judicializa, las tres primeras víctimas son precisamente la verdad, la dignidad de los seres humanos y la propia vida, como ocurrió en un caso conocido, erigido ahora en ejemplo histórico y universal. Ejemplo que bien vale la pena conocer y rendirle un justo tributo.

Precisamente en estos días se han conmemorado el 85º aniversario del ajusticiamiento de dos inocentes producto de llevar los conflictos políticos e ideológicos a la justicia. Nicola Sacco, zapatero, italiano, padre de familia, y Bartolomeo Vanzetti también italiano y vendedor de pescados, fueron ajusticiados en EE.UU, Massachusetts, por un crimen que jamás cometieron y por el cual fueron ejecutados en la silla eléctrica el 23 de agosto de 1927.  Sacco y Vanzetti fueron juzgados y condenados en 1921 por un doble asesinato que tuvo lugar en 1920. Más tarde, las pruebas sugirieron que los hombres eran en realidad acusados falsamente, y el caso atrajo una gran atención en la década de 1920.

En 1977, una investigación ordenada por el entonces gobernador de Massachusetts, Michael Dukakis, estableció que Sacco y Vanzetti no recibieron un juicio justo. Dukakis proclamó el 23 de agosto de 1977 como el Día en Memoria de Sacco y Vanzetti (Sacco and Vanzetti Memorial Day), con el propósito de remover todo estigma de sus nombres. No recibieron un perdón póstumo, pues hubiese significado adjudicarles culpabilidad.. Eran trabajadores que al igual que millones de proletarios de todo el planeta, no entendían por qué este mundo funciona tan mal,  abrigando a personas que desde el gobierno de tantos países, cultivan la insensibilidad y el desprecio a los seres más débiles, a los que solo tienen dos brazos para defender la vida.  Personas hipócritas que dicen defender la paz practicando la guerra, y que no les tiembla las manos en el momento de reprimir la indignación y el espíritu libertario.

Cuando ocurrió ese ajusticiamiento, hacia ya veinte años que la pena de muerte había sido abolida en Uruguay. La ley Nº 3238 promulgada el 23 de setiembre de 1907, hace hoy 105 años, en el artículo 1º estableció: “Queda abolida la pena de muerte que establece el Código Penal. Queda igualmente abolida la pena de muerte que establece el Código Militar”.  Promulgada en la presidencia de Claudio Williman, fue fuertemente impulsada por don José Batlle y Ordóñez, quien desde el principio de su primer mandato, en 1903, se había propuesto abolir la pena de muerte.

Es bien conocida la reputación que goza el país en materia de libertad, justicia y democracia, sin embargo no se puede ignorar que no se tiene una Justicia independiente (para empezar depende del Poder Ejecutivo e indirectamente del Poder Legislativo para fijar su presupuesto) sino que en los hechos y pese a la centenaria ley de abolición de la pena de muerte, ha transformado los procesamientos en instrumentos de condena, donde por la sola convicción de un juez, se somete al ciudadano a la muerte cívica y ética.

 O lo que es peor, se ha permitido que en el mundo de la delincuencia se restablezca la pena de muerte, sus propias leyes, valores culturales, éticos y estéticos, con la pretendida intención de extenderlos al resto de la sociedad.. Recordemos aquella encuesta entre niños y adolescentes que al preguntar qué querían hacer cuando fueran grandes, contestaban que jugador de futbol y traficante de drogas. Y ello por que simbolizan los caminos más fáciles de ganar dinero. Todos los días ocurren muertes atribuidas eufemísticamente a “ajuste de cuentas”, cuando en realidad son productos de juicios sumarios impulsados por las luchas despiadadas por el dinero.

 En el nuevo Uruguay, lumpenizado y liberal, creyente fanatizado del  “dios amarillo” se impone la ley de la selva. La ley del poderoso que devora al débil, regida por el principio de que “el rico vive del pobre, y el pobre de su trabajo”. La ley del embudo al decir de Neruda. Ley en definitiva, de la muerte, de la droga, del robo de acuerdo a la cuota de poder que cada uno es capaz de manejar: el menos poderoso se hace mendigo del favor oficial, “bizcachero”, ladrón o rapiñero; y el más poderoso, especulador, estafador, vendedor de influencia, “coimisionista”, narcotraficante, etc.   

La cultura siglo XXI, “carnavalizada”, sacraliza al “vivo criollo” que vive de los demás, y condena por “nabos” a los trabajadores, que como Sacco y Vanzetti, oprimidos y ofendidos, levantan  banderas de dignidad y justicia.  Evidentemente el Uruguay Batllista, -  el mayor paradigma histórico luego de la Patria Vieja Artiguista -, agoniza impotente, mientras se enajena a la ciudadanía en debates estériles sobre lo superfluo.