Los impulsores de la baja de la edad de
imputabilidad a 16 años obtuvieron con holgura las firmas requeridas para
convocar a un plebiscito constitucional. Con el impulso del logro obtenido, han
intentado promover el adelantamiento de esta consulta popular; sin embargo
resulta imposible que ello ocurra.
En efecto, el mecanismo elegido establece que
la consulta plebiscitaria deba realizarse en forma conjunta con la elección
nacional más próxima. Ese es el camino que la propia Constitución establece
para el procedimiento elegido por los impulsores de la iniciativa.
Para adelantar la consulta se debería
producir una situación política y éticamente inaceptable; es decir que los
legisladores de los partidos y sectores que no estamos de acuerdo con esta
propuesta votáramos en contra de nuestras convicciones para darle a la iniciativa
una mayoría especial de dos tercios que no tiene. En concreto, legisladores de
Alianza Nacional, del Frente Amplio y del Partido Independiente tendrían que
dar su voto a favor de una propuesta que no comparten para convertir la
propuesta en "ley constitucional" y, por lo tanto, fijar una fecha
anterior a octubre de 2014.
Como es posible apreciar, reclamar esta
conducta a quienes no compartimos la propuesta es claramente improcedente. Por
otra parte, con la actual composición del Parlamento la propuesta de la rebaja
de la edad de responsabilidad penal apenas alcanza a un poco más de un tercio
de los legisladores, mal se puede entonces reclamar que el Parlamento vote una
propuesta claramente minoritaria.
Es cierto que existen encuestas que otorgan una
aparentemente amplia mayoría a quienes impulsan esta alternativa, pero no menos
cierto es que las firmas alcanzadas están muy lejos de representar a la mayoría
de la ciudadanía y tampoco ha habido, hasta ahora, una campaña fuerte por parte
de los que no estamos de acuerdo con la propuesta.
De modo que, ineludiblemente, la cuestión se
resolverá en las urnas en octubre de 2014 junto con la elección nacional de
primera vuelta. Significa, entonces, que este asunto estará en la agenda de la
próxima campaña electoral.
Por otro lado, en estos días ha surgido un
debate paralelo pero estrechamente vinculado a la cuestión de la rebaja de la
edad de imputabilidad. Nos referimos a la posibilidad de bajar la edad para
votar, también a los 16 años.
Los intercambios de opinión al respecto han
puesto en evidencia rotundas contradicciones de uno y otro lado.
Ha habido voces de parte de algunos
dirigentes que están en contra de rebajar la edad de responsabilidad penal en
el sentido favorable a reducir la edad para votar. Esta postura no es coherente
porque se contradice con la reivindicación de que los jóvenes de 16 años no son
maduros para ser responsables penalmente.
Pero mucho más grave es la inconsistencia del
otro lado. En efecto, con contadas excepciones, los que impulsan la reducción
de la edad de los jóvenes para ser considerados penalmente responsables no
están dispuestos a reconocer los correlativos derechos que surgirían de tal
circunstancia.
Para decirlo más claro, los que impulsan este
plebiscito creen que los adolescentes uruguayos son maduros para ser
reprimidos, pero deben ser considerados incapaces para ser titulares de los
correlativos derechos a votar, contratar, casarse, manejar, etc.
Esta circunstancia pone en evidencia el
carácter represivo de la iniciativa. La mirada hacia los jóvenes de 16 a 18
años está dominada por la búsqueda de castigar, sin considerar que el que es
maduro para las verdes también lo debiera ser para las maduras.
Por supuesto que detrás de esta iniciativa
está la capitalización de una gravísima situación de inseguridad de la que
todos los partidos que han estado en el gobierno durante las últimas dos
décadas, son responsables. El aprovechamiento del miedo, del enojo, de la
impotencia de tantos ciudadanos que sufren las circunstancias de inseguridad,
ha sido el motor de los impulsores de esta iniciativa.
La prueba de ello es justamente la absoluta
indiferencia que los principales impulsores de la iniciativa han mostrado con
respecto al reconocimiento de los correlativos derechos de los adolescentes, si
piensan que son adultos para la responsabilidad penal.
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