Más allá de las anotaciones precisas y
certeras que él ha hecho acerca de este texto –que podría ser mucho mejor–,
porque creemos que revela un cambio positivo en nuestro país, dejando atrás esa
suerte de argumento por el que se decía que agravar las penas era algo malo. Me
parece que es bueno que hoy el Senado de la República vote por unanimidad un agravamiento de las penas como algo
positivo y, además, es bueno que lo haga contra este flagelo de la pasta base.
Los datos del Ministerio del Interior señalan que en el año 2004 existían 187
consumidores de pasta base en el Uruguay y transcurridos siete años este número
ascendió a más de 30.000. Quiere decir que los 187 adictos a la pasta base en
2004 se han convertido en más de 30.000, lo que representa un problema muy
grave para el Uruguay que debemos encarar.
Creemos, además, que es vital que lo que
estamos haciendo hoy se traslade a otras áreas de la política de seguridad
ciudadana en el país, es decir, que estas medidas para combatir la pasta base
también se apliquen a otros delitos; no tengamos miedo de hacerlo.
Nos parece bueno que se agraven las penas y
no que el Estado asuma la comercialización y la distribución de la droga. Hemos
escuchado con preocupación en los últimos tiempos una propuesta para que el
Estado asuma la comercialización de la marihuana, con el argumento de que es un
buen negocio que hay que quitar a los narcotraficantes. Si bien la pasta base
también es un buen negocio para los narcotraficantes, nadie está pensando
–salvo algún jerarca de alguna Intendencia del interior– que el Estado deba
distribuir esta droga.
Consideramos que algunos argumentos
contenidos en este proyecto de ley están yendo por el camino adecuado. También
escuchábamos que si se agravaba la pena respecto a alguien que cometía un
delito, eso sería un incentivo para que otros que no estaban en la misma situación, también lo hicieran. Aquí vemos
que se pone como atenuante o como un requisito para que el Juez disponga
medidas alternativas que el imputado no tenga antecedentes penales y nadie ha
dicho que los narcotraficantes vayan entonces a buscar o contratar a quienes no
tengan antecedentes penales o que estamos provocando eso.
Creemos que eso es positivo como también lo
es que esta mañana se esté dejando sin efecto –por suerte– el latiguillo, que
se repite una y otra vez, de que el agravamiento de las penas no es la
solución.
La situación es muy grave y por eso es bueno
que se tome esta medida. Si uno analiza la inversión que ha hecho el país en seguridad pública a
través del presupuesto del Ministerio del Interior, ve un crecimiento enorme en
los últimos siete años. El monto de ese presupuesto se ha multiplicado por
tres, pero también las rapiñas, que pasaron de ser 6.933 –en 2004– a 16.322, lo
que representa un crecimiento de 130%.
¿Por qué hago referencia a las rapiñas?
Porque se está diciendo que la pasta base influye mucho sobre quienes cometen
este delito. Como veremos más adelante, esto es más un mito popular que otra
cosa. En la actualidad, hay casi dos rapiñas por hora, es decir, 44 por día.
Frente a esta realidad, el Gobierno puede
decir que hay otros índices que han evolucionado positivamente. Hemos escuchado
que el número de hurtos en los últimos tiempos, si bien no ha disminuido, no ha
continuado creciendo. Esto también es un mito, porque lo que sucede actualmente
es que ya no se denuncian estos hechos; esa es la verdad. Muchos de los que
estamos aquí hemos sufrido hurtos y sabemos que ya no se denuncian, solamente
se da cuenta de las rapiñas y de los homicidios.
Otro de los valores que el Gobierno podía
exhibir como estable era la evolución de los homicidios, porque se mantenía
estable en los últimos 20 años; se cometían
alrededor de 200 homicidios por año, con algunas variaciones en más o en
menos. Lamentablemente, la cifra en materia de homicidios en el año 2012 será record; el fin de semana pasado
hemos superado los 209 homicidios. El promedio de los últimos 25 años en el
país es de 207 homicidios y todavía nos quedan por delante tres meses y medio
que, desde el punto de vista de la estacionalidad en cuanto a la comisión de
homicidios, son los peores.
Frecuentemente se dice que esto se debe al
crecimiento de algunas modalidades, en especial, al incremento de la violencia
doméstica –que a todos nos preocupa–, pero cuando uno va a los indicadores del
Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del
Interior ve que no es así, ya que la violencia doméstica representa el 13% de
los homicidios en el país, mientras que los homicidios por rapiñas y copamientos
representan el 32%, por riñas y peleas
eventuales, el 22%, y los que son por ajuste de cuentas vinculados al comercio
de drogas representan el 17% de los homicidios en el país, lo cual implica un
gran crecimiento de esta modalidad.
Esto nos tiene que preocupar porque, de
acuerdo con el Estudio Global sobre el Homicidio de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito, Uruguay figura con la tasa de homicidios
más alta entre varios países sudamericanos, así como también con respecto a
Europa y a otras naciones. Tomando la tasa de homicidios cada 100.000
habitantes, Uruguay se encuentra por encima de Argentina, Perú y Chile. De
acuerdo con estas estadísticas, la participación de los menores en los delitos
de homicidio también se ha incrementado muchísimo. En el año 2006, el 9% de los
homicidios era cometido por menores de edad y en el 2011 ascendió a 26%. A su
vez, también se incrementó muchísimo la participación de los menores en las
rapiñas: en el último trimestre de 2010 –según los datos del Ministerio del
Interior–, más de la mitad de las rapiñas en Montevideo –el 53%– contó con la
participación de menores.
Cuando se va a analizar las razones de la
influencia de la pasta base en estos delitos, se debe tener en cuenta un
estudio realizado por el Defensor de Oficio de adolescentes, doctor Daniel
Sayagués, en base a la experiencia en los Juzgados de Menores. Es interesante
mencionar que solo el 1% de los que delinquieron señalaron que lo hicieron por
necesidades económicas y, contra la creencia popular, solo el 10% alegó haber
robado para financiar su adicción a la pasta base. A su vez, el 54% afirmó no
tener necesidad de robar, ya que no le faltaba nada, y el 35% alegó haber
robado por ser su medio de vida o su trabajo.
Queremos ser claros: esta es una buena norma,
que nos permite avanzar pero no atiende a la globalidad del problema de la
inseguridad; con esto solo no alcanza.
Además, creemos que esta primera batería de
normas tiene que venir acompañada por otras; no alcanza con atender el problema
de la droga. También hay que atender –ha existido un compromiso de todos los
Partidos en este Senado– la situación del Código del Proceso Penal, y la del
funcionamiento de la Justicia. Todos sabemos que ha habido una gran evolución
de la población reclusa en el país, que pasó de ser de 7.118 en 2005 a 9.450 en
el año 2012, de la cual solo el 35% tiene condena y el 65% está esperando por
ella. Lo cierto es que si no atendemos esta situación es muy difícil hablar de
reinserción o de reeducación. Creemos que un nuevo Código del Proceso Penal es
imprescindible, debe aprobarse tan rápidamente como estas normas, estableciendo
la función del Fiscal, del Ministerio Público, como instructor, y del juez como
verdadero juez y no como un juez instructor que a su vez resuelve y dicta
sentencia.
Obviamente, eso debe llevar al estudio de
cuál es la ubicación institucional en la que estaría el Fiscal de Corte, el
Ministerio Público, ya que creemos que debe estar fuera del Poder Ejecutivo. De
nada serviría adoptar medidas contra el tráfico de drogas sin acompañar con las
normas del Código del Proceso Penal y sin atender la situación de la minoridad
y también la de la actuación policial. Creo que esto es algo positivo, pero aún
es poco para lo que hoy necesita el país.
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