Otro sapo

A través de Búsqueda, el Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que Francisco Bustillo, hasta hoy presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), será designado embajador del Uruguay ante el reino de España. El “trascendido” destaca la importancia de los servicios prestados por Bustillo y señala que dichos servicios culminaron exitosamente con la elaboración del pliego de obras para la licitación del dragado del canal Martín García. Además, dice Búsqueda, “las fuentes explicaron que mucho antes de que el gobierno argentino lo atacara directamente, el diplomático había solicitado que se le asignaran nuevas funciones”.

En realidad, lo que importa de la noticia –y lo que le valió, suponemos, su publicación en la tapa de Búsqueda- no es adónde va Bustillo, sino de dónde se va Bustillo. El nuevo destino hubiese podido ser Madrid, España, o Ulán Bator,  Mongolia; desde el punto de vista del interés general, tanto daba una capital u otra. Lo relevante es que Uruguay decidió remover de su cargo al funcionario que preside su delegación ante la CARP.

Hace meses que la CARP no avanza en la ejecución de la más importante de las tareas que tiene entre manos: el dragado a mayor profundidad del canal Martín García. Desde el año 2010 el canciller Almagro viene anunciando el acuerdo con Argentina para dragar el canal, y presentándolo como uno de los frutos de la excelente relación política que hay entre ambos países. Lo cierto es que, pese a los anuncios, la licitación no se hace, la obra no empieza, y el gobierno uruguayo decidió llamarse a silencio y no contestar los agresivos comunicados de la cancillería argentina; así de bueno es el estado de la relación política. En este tema como en otros (el ingreso de Venezuela al  Mercosur, por ejemplo), es notable la diferencia entre el discurso que difunde el Palacio Santos y la realidad.

No fue un funcionario cualquiera sino el mismísimo canciller argentino, Héctor Timerman, quien atacó a Francisco Bustillo y reclamó públicamente que se pusiera a disposición de la justicia argentina para declarar en dos causas relativas a sendos asuntos de notoriedad. A partir de ese momento fue evidente que, mientras no cambiara el gobierno argentino o Bustillo saliera de la CARP, no habría avances en el dragado del Martín García. Cabe suponer que el gobierno uruguayo entendió, con lógica irreprochable, que era más fácil el cumplimiento de la segunda condición que el de la primera. Dejó pasar un tiempo prudencial y dio satisfacción a Timerman; Bustillo saldrá de la CARP y se irá lejos, donde no moleste a quienes no le perdonan el haber denunciado un intento de coima (ese es todo el tema, evidentemente).

¿Bastará con esta medida para normalizar el funcionamiento de la CARP y concretar el dragado en cuestión? No lo sabemos. Quisiéramos que el gobierno uruguayo hubiera negociado algo a cambio de lo que concede, como por ejemplo la simultánea remoción del presidente de la delegación argentina, procesado en su país por corrupción y por lo tanto no apto para codirigir un organismo que algún día –ojalá no muy lejano- adjudicará una licitación de decenas de millones de dólares. Quisiéramos también que se hubiese acordado la realización efectiva e inmediata de esa licitación, sin más demoras. Pero esos son deseos, simplemente. Lo más probable, teniendo en cuenta los antecedentes, es que no se haya negociado nada y se insista con los gestos unilaterales de buena voluntad, a la espera de que sean correspondidos.

La diplomacia uruguaya no sale bien parada de este episodio; aparece cediendo, una vez más, frente a la presión ejercida por Argentina. Que los chicos deban ceder frente a los grandes no es raro en política internacional; pero que las exigencias impertinentes se planteen públicamente, no es necesario. Ese “plus” de humillación es –desde los tiempos del Virreinato- la impronta porteña añadida a la “realpolitik”.

Al gobierno uruguayo nada de esto le importa; está en plan de tragar sapos. Mientras Bustillo hace sus valijas, el Frente Amplio se prepara para votar en el  Senado el tratado de intercambio de información tributaria con Argentina.