Un particular, lesionado por Pluna
S.A. en 60.000 dólares, enjuició a los diputados y senadores del oficialista
Frente Amplio, por haber sido los únicos que votaron la ley especial de
liquidación de la aerolínea Pluna, la cual modifica, a criterio de muchos
especialistas, las normas existentes en la materia para favorecer,entre los
acreedores al Estado y los extranjeros, notoriamente a la banca oficial y al
Scotia Bank (que sostienen sendos préstamos con la vieja empresa), a Bombardier
y a la controvertida y deficitaria empresa de combustibles Ancap.
El Poder Judicial envió ya las
diversas citaciones a los legisladores en cuestión, quienes se escudarán en los
fueros parlamentarios para no acudir, haciéndose representar juridicamente,
aunque este hecho desgasta más a los involucrados en este tema. Por su parte,
días atrás, la petrolera Ancap- cuyas pérdidas ,sumadas sus varias áreas de
actuación, según la diputada opositora Marta Montaner, superan los 1.330
millones de dólares (casi en quiebra técnica), presentó una denuncia penal
contra Pluna por los 30 millones de dólares que le adeuda, aunque su
presidente, Raúl Sendic Jr. no pudo continuar afirmando que ignoraba como se
generó la misma, luego del accionar de la oposición, probando lo contrario.
Respecto al remate de los aviones y
las- devaluadas- rutas de la ex línea aérea, programado para el 12 de este mes,
mucho se especula en torno a los interesados y a quienes han comprado pliegos
para acudir al mismo, aunque algunos potenciales asistentes se han quejado de
la falta de informaciones al respecto registrada en el Ministério de Economía y
Finanzas.
En relación a la subasta del resto
de los bienes de Pluna (la sede de Punta del Este, los dos Boeing 737/200 Adv.
con algunos dispositivos actuales,y el mobiliario o equipamientos- los cuales
fueron retirados de la ex sede central
de Pluna por la famosa casa de remates local "Bavastro"-, junto a
otro material de oficina), depende de otro juicio, este realizado por un
testaferro.
A todo esto se suma, un severo
pedido de informes del senador Carlos Moreira, acerca de porque se ha
contratado por 450.000 dólares, como redactor de la discutida ley de liquidación de Pluna, y supervisor de
la misma, al mismo abogado que defendía al grupo Leadgate y su CEO, Matías
Campiani (aspecto denunciado por el senador Pedro Bordaberry en la misma
sesión),en lugar de recurrir al cuerpo jurídico del sector estatal de la empresa,
cuya gestión ,se reconoce como honesta e intentando fiscalizar a sus ex socios
privados. Moreira, asimismo ,se pregunta porque no se pudo también contar con
los abogados del Ministério de Transporte y Obras Públicas, dependencia que
estaría también sirviéndose de costosos estudios jurídicos para diversos casos,
desconociendo al propio.
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