Fortalecer el derecho a la libertad de expresión
ciudadana
La controversia sobre la libertad de expresión es, más allá de cualquier interpretación, en
tanto sea permanente, un insumo especial para el crecimiento del espíritu
democrático. Y ello mientras el debate sea por más y mejor ejercicio del
derecho, y en tanto se entienda el mismo como un derecho humano fundamental del
ser humano, y no patrimonio de dueños y trabajadores de los distintos medios de comunicación.
La Libertad de Expresión de todos y cada uno de los
miembros de la sociedad uruguaya es un derecho esencial de toda sociedad
democrática, por lo tanto, su fortalecimiento y desarrollo un objetivo
comunitario de orden estratégico insoslayable. En ese contexto conceptual,
reviste singular importancia, la determinación de los artículos 135 y 136 de la
Rendición de Cuentas, por lo cuales se exigirá a las radiodifusoras una
contrapartida por el uso del espectro radioeléctrico, que como es de
conocimiento público, es patrimonio intangible de la humanidad, es decir, de
todos y cada uno de los integrantes de la sociedad local, nacional y universal.
De la misma manera que la Coalición por una
Comunicación Democrática (CCD), se debe ver con satisfacción la inclusión y
aprobación de la referida medida. Hay
que considerar que hasta el momento, “las radiodifusoras – sostiene CCD -
cualquiera fuera su tamaño empresarial y su facturación, gozaron hasta la
última reforma tributaria de excepciones impositivas para importar equipos
(estos beneficios aún lo conservan los radiodifusores del interior del país),
incluso estaban exonerados de gravámenes para la adquisición de automotores”.
Los únicos que hasta ahora pagaban son los operadores de telecomunicaciones.
Así como ocurre en casi todo el mundo, el pago por el
uso del espectro radioeléctrico no se considera una limitación del derecho a la
libertad de expresión, sino una forma de impedir que se reduzca su uso a una
mercancía más explotada con fines ajenas al propio fenómeno comunicacional. No
hay que confundir libertad de expresión con libre empresa ni con la venta libre
de publicidad comercial. Ambas cosas son lícitas y están bien, pero la libertad
de expresión está más allá involucrando a la esencia y totalidad del ser humano
y la vida.
ero he aquí que no está todo dicho. Si la
determinación de la Rendición de Cuentas es un gran avance, falta aún
determinar tanto el precio que se cobrará, como el destino que la
administración pública dará a esos fondos. Y la preocupación es aún mayor si se considera, como lo sostiene CCD,
que el proyecto de Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual pueda incluir
un canon calculado en base a la facturación. En todos los casos se está ante la
oportunidad histórica de legislar apuntando al fortalecimiento de la libertad
de expresión ciudadana, ingrediente imprescindible en la construcción de una
verdadera construcción democrática y popular.
Y fortalecer la
libertad de expresión es fomentar y apoyar el desarrollo de las radiodifusoras
comunitarias, que si bien se les reserva un tercio del espectro radioeléctrico
nacional, al no tener un carácter comercial, encuentran numerosos obstáculos en
la prestación de un servicio de evidente interés público. Si se quiere en
realidad la democratización del espectro radioeléctrico habrá que crear
políticas prácticas y concretas de apoyo
y fortalecimiento de la libertad de expresión, allí en la comunidad,
donde el ciudadano libra la dura lucha cotidiana por la vida.
Y para la construcciones democráticas y populares, si
bien son altamente positivas las declaraciones de buenas intenciones, las
formulaciones conceptuales y las propias formalidades y legitimaciones de las
leyes, todo puede quedar en el papel y
transformarse en humo y fuegos de artificios, sino no van acompañadas de
políticas prácticas, concretas, y tangibles. El tedio cívico debe ser abolido y
volver a alimentar la esperanza y el entusiasmo.
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