En su columna de esta edición, el
Dr. Víctor Córcoba Herrero, analista español excepcional, nos introduce en el
terreno educativo en lo que ha llamado “ascender a la autonomía y no a la sumisión”,
pretendiendo hacernos ver que lo que más importa es sacar a cierta parte de la
sociedad de la marginación, y no sólo llegar a ella tan solo como un objetivo
programático.
En lo personal podríamos aplicar al
Uruguay este concepto en un momento tan particular de su historia y de la
ejecución política del Gobierno. Y podríamos hacerlo, sobre todo, ante la
propuesta presidencial de desarticulación del Consejo Directivo Central de la
Educación (CODICEN), en favor de los Consejos de Primaria y de Secundaria, sin
olvidar, claro esta, al Consejo de Educación Técnico Profesional (aún
denominado como la UTU – Universidad del Trabajo del Uruguay).
Para el presidente José Mujica
estrechar vínculos y sellar políticas de Estado de consenso, inexorablemente se
instalan en la senda de la soledad. El acercamiento que quien piensa distinto
es tarea complicada para él. Es cierto que no podemos pedirle al presidente que
se ponga de acuerdo previamente con todos los de su coalición, pero lo que sí
podemos reclamarle –como condición resolutoria- es que el núcleo duro de su
agrupamiento, llámese Frente Amplio o PitCnt, habilite el microclima para que
eso suceda, porque es muy difícil, sino imposible, construir un diálogo
democrático a partir de la presión de su propio desasosiego e incertidumbre de
tener o no los votos para que tal o cual política pueda sufrir un cambio
caracterial, un cambio humanizado y tangible, que se materialice en la voluntad
parlamentaria.
Si un día el Partido Comunista
amenaza con retirarse, y al otro lo mismo insinúan los liderados por Astori, se
hace inviable toda alternativa de cambio.
Ni Montevideo cambia, ni el país
cambia, ni la burocracia cambia, ni la forma como interactúa el Gobierno hacia
adentro y hacia su entorno, cambian.
No es culpa de un “funcionario
público” que atiende un mostrador en el Registro Civil, en el BPS, la DGI, el
Ministerio de Transporte o de un enfermero de ASSE, que el Gobierno no pueda
actuar de modo diligente. Ningún funcionario administrativo o de servicios
puede responder a la incapacidad de poder “gastar” fondos destinados a obras
públicos como sucedió en la órbita de la Enseñanza, y mucho menos es válido
admitir que la burocracia es la limitante para que un programa político se
cumpla.
No habrá descentralización política
mientras la supremacía de la realidad sea quien mande en la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto. Y no habrá posibilidades de proyección social si el
presidente de la República razona como el “mandón” de turno a quien hay que
admitirle por investidura y por viejo, el malhumor de no saber qué hacer desde
el punto de vista institucional.
A partir de una columna de opinión
en el diario EL OBSERVADOR del periodista Gabriel Pereyra, la que consignaba
los proyectos concretados del presidente Tabaré Vázquez en oposición a los de
Mujica, lo que quedaba a favor del actual mandatario, fue sus acuerdo con los
Intendentes Departamentales.
Y este capítulo, que mucho nos
motiva, nos obliga a la reflexión del inicio, a propósito de –la autonomía y la
sumisión- porque es reiterativo escuchar voces a favor de un gobierno que tiene
mucho de centralista y poco de descentralizador, que promueve acuerdos con los
gobiernos departamentales como si fuera innovador, cuando en realidad lo que
proyecta no es más que la cesión en cuotas, de pagos tardíos de los fondos que
la Constitución les asigna como propios a las Intendencias, con destino a la
vialidad, la forestación, y a todo el mundillo de lo productivo y la vida
cotidiana del país.
Si todos pusiéramos conciencia de
que los fondos que el Gobierno Nacional transfiere a las Intendencias son
consecuencia de siete impuestos cobrados en los territorios a la gente que vive
y trabaja en ellos, asumiríamos que en vez de recibir un apoyo económico o
subvención, lo que estamos percibiendo es un derecho inalienable que no puede
estar condicionado ni a una Oficina ni a un “mandón”.
A España le costó mucho lograr
Gobiernos Autónomos; Uruguay tuvo su ensayo a principios del siglo XX. Por eso
reflexionemos, como lo proponen los estudios más recientes, que no habrá mejor
controlar que el social ni mejor estructura de inversión que la de los
gobiernos de proximidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario