La pluna que los planeó...

Todas mis sospechas en cuanto al “encangrejamiento” de la gran estafa de PLUNA están comenzando a ser confirmadas por el desarrollo de los acontecimientos. Tal como van las cosas, el propio tratamiento noticioso del tema comienza a languidecer, y la opinión pública, exigida por nuevos escándalos, desvía su atención hacia otros asuntos.

Todo parece tratarse en forma “secreta” y “confidencial”, como le gusta decir al señor Presidente.

El velo del misterio está cayendo sobre el caso PLUNA, su venta y su futuro.

Dada la tradición frenteamplista en materia de ejercicio del poder, no podía ser de otra manera. El gobierno ha inventado la especie, dada la “fragilidad” de las instituciones, que lo mejor es que ciertos asuntos, cuya exposición pública podría hacer demasiado evidentes las gangrenas interiores del sistema, permanezcan convenientemente tapados por el “secreto”, “la discreción” y “la confidencialidad”.

Obviamente, el caso PLUNA es uno de ellos; de los otros ya nos ocuparemos en el futuro.

En verdad, nueve de cada diez uruguayos opinan que “eso va a quedar así”. Ese escepticismo constituye, sin embargo, una verdadera bomba de tiempo colocada en los cimientos del sistema democrático-republicano.

La lenta corrosión de la fe pública en las instituciones del orden político actual es acelerada sin duda, por casos que fortalecen en cada quién la convicción de que la norma constitucional que establece la igualdad de todos ante la ley no obsta, sin embargo, que para el gobierno haya algunos “más iguales” que otros.

A menos que se demuestre científica y no políticamente, que el abrupto cierre de PLUNA obedeció a causas perfectamente verificables, de índole distinta a las de mis sospechas, todas las conjeturas que se apoyen en la existencia de un plan político y turbio tendrán absoluta pertinencia.

Obviamente, en primera instancia, aquellos intereses para los cuales el cierre de PLUNA resulta un problema de suma gravedad, no tanto por lo que económicamente pudiera ser afectado, y que es mucho, cuanto por los intereses políticos y de poder que pudieran ser estremecidos y puestos al desnudo. Obsérvese que mis sospechas no apuntan hacia personas, sino hacia un complejo de intereses.

Ese complejo de intereses puede involucrar, sin dudas, desde los países proveedores hasta los clientes, pasando por intermediarios de toda índole y por mucha gente de poder.

Ahora el gobierno quiere rematar los aviones de PLUNA por un precio fuera de mercado, los cuales seguramente no encontrarán quién puje en el remate por ellos, ni en el remate normal ni a la “holandesa”.

Por otro lado hacen cálculos de cómo van a repartir, y qué van a pagar, con lo recaudado por la venta de las rutas y de los itinerarios.

Vale preguntarse qué parte de las rutas intentarán vender de las que PLUNA tiene desde Uruguay.

El gobierno sabe que está intentando vender humo, pues para efectivizar las rutas con destino Argentina, las mismas deberán ser autorizadas por la Autoridad de Aviación Civil de la Republica Argentina, que es la Administración Nacional de Aviación Civil.

Su administrador es el Dr. Alejandro Agustín Granados, hijo del intendente de Ezeiza. Hace algunas unas semanas se nombró al Dr. Manuel Baladrón como subsecretario de Transporte Aéreo, por arriba del Administrador Nacional de Aviación Civil, el Dr. Granados.

Dentro de su Administración se encuentra la Dirección Nacional de Transporte Aéreo a cargo de la Sra. Paola Tamburelli, que tiene como “responsabilidad primaria” la de controlar en forma eficiente la explotación de servicios aeronáuticos y la actividad comercial de la aviación civil para lograr su desarrollo organizado, bajo los principios de eficiencia, seguridad y economía, acorde con la legislación vigente y recomendaciones internacionales.

Y sus “acciones” son, entre otras, supervisar y controlar la aplicación de normas y regulaciones relacionadas con la habilitación de los Servicios de Transporte Aerocomercial y cumplir con los procedimientos técnicos definidos en la aprobación de las solicitudes de carácter comercial de operadores comerciales nacionales y extranjeros.

Si se lee con detenimiento, entre sus acciones están las relacionadas con las líneas aerocomerciales, o sea conceder los permisos para las rutas e itinerarios.

¿Qué se supone está subastando el Uruguay? ¿Aviones para volar entrecasa?

Detrás de todo está Aerolíneas Argentinas, sostenida y subvencionada por el Estado Argentino.

Las condiciones para una nueva aerolínea o transportador serán siempre aprobadas por esta Dirección Nacional, y conforme a los objetivos que el Estado le defina.

Las rutas y frecuencias son parte de la negociación. Todo transportador que pretenda dar servicios debe tener un Certificado de Operador Aéreo (AOC) otorgado por el país de registro de Empresa, o validado por el país donde pretende operar.

Un posible comprador deberá enfrentarse a los posibles cambios de reglas que establecerá la ANAC a instancias del Estado Argentino, en vista de favorecer el crecimiento de Aerolíneas Argentinas, y no el de una aerolínea uruguaya. Sobre todo en los momentos actuales, en que el gobierno argentino trata de bloquear toda oportunidad de conectividad de Uruguay con el exterior.

Una negación del AOC o de los permisos de rutas o asignación de frecuencias son algunos de los aspectos a los que deberá enfrentarse un posible comprador.

Adicionalmente, el AOC requiere que operador demuestre solvencia económica para mantener la seguridad operacional del material aéreo como la capacitación, manuales y procedimientos.

El operador deberá contar con la certificación de IATA, luego de haber aprobado las auditorias de seguridad operacional, lo cual implica un esfuerzo importante antes de empezar a volar, lo cual, de lograrse, nos transporta, en el mejor de los casos al otoño. El Ministerio de Turismo debería tener muy presente esta circunstancia de cara a la próxima temporada turística.

Finalmente, está el tema de los gremios aeronáuticos que en la Argentina, por razones políticas, están alineados al gobierno en un caso y en oposición en otros, con el agregado de que los operadores aeronáuticos reclaman con insistencia que se establezcan menos frecuencias en aeroparque.

Definitivamente, el trámite final dependerá de los requisitos que, conjugados, confluyen a que no se trate de vulnerar la conveniencia operacional de Aerolíneas Argentinas.

A mi manera de ver, los trámites pueden ser demorados o negados, sin perjuicio de que se establezcan nuevos requisitos en función de la conveniencia de los actores.

La PLUNA que los planeó….¡Qué novela se armó con este negociado!