La seguridad pública es la preocupación principal de la población;
así lo vienen indicando, desde hace tiempo, todas las encuestas. Por lo tanto,
la política del gobierno en esta materia es de la mayor importancia. Esa
política está cambiando, y hay que señalarlo.
Durante años, el Frente Amplio sostuvo que el aumento de las penas
no es un arma eficaz para combatir al delito. La más reciente exposición de ese
criterio la escuché en la noche del pasado miércoles, de labios del diputado
Julio Bango. En el programa que conduce Sonia Breccia en Televisión Nacional,
Bango polemizó con el diputado colorado Germán Cardoso acerca de la edad a
partir de la cual quien comete un homicidio, una rapiña u otros delitos
gravísimos, debe asumir plena responsabilidad por lo que hizo. A propósito de
ese tema, el legislador socialista repitió varias veces que aumentar las penas
no soluciona el problema de la delincuencia.
Pues bien: a la mañana siguiente el Senado votó por unanimidad un
proyecto de ley remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que aumenta las
penas para tres distintos grupos de delitos: los delitos contra la
Administración Pública cometidos por ciertos funcionarios; los delitos de
cualquier tipo cometidos por quienes cumplen funciones en establecimientos de
reclusión; y los delitos originariamente establecidos por los artículos 30 a 35
del viejo Decreto Ley 14.294, cuando el objeto material de la conducta en ellos
prevista es la pasta base de cocaína.
Queda pues de manifiesto que el Frente Amplio ha dado un giro a su
política de seguridad pública. Quienes antes negaban la magnitud del auge
delictivo y hablaban de “sensación térmica”, hoy reconocen la realidad. Quienes
hasta ayer nomás decían que aumentar las penas es inútil, hoy proponen y votan
aumentos de pena muy severos para delitos vinculados con el tráfico de pasta
base, y también para otros que no tienen nada que ver con los anteriores.
Más vale tarde que nunca. Celebramos el cambio de criterio, aunque
nos hubiese gustado una declaración abierta y franca al respecto. Que en los
programas de televisión algunos representantes del Frente Amplio sigan diciendo
que están en contra del aumento de penas, mientras en el Parlamento todos los
legisladores frenteamplistas votan a su
favor, sólo genera confusión. Abrigamos la esperanza de que en lo sucesivo, por
respeto a la ciudadanía, el debate acerca de la edad de imputabilidad se
procese con coherencia y sinceridad.
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