Aumento de penas: ahora sí




La seguridad pública es la preocupación principal de la población; así lo vienen indicando, desde hace tiempo, todas las encuestas. Por lo tanto, la política del gobierno en esta materia es de la mayor importancia. Esa política está cambiando, y hay que señalarlo.
Durante años, el Frente Amplio sostuvo que el aumento de las penas no es un arma eficaz para combatir al delito. La más reciente exposición de ese criterio la escuché en la noche del pasado miércoles, de labios del diputado Julio Bango. En el programa que conduce Sonia Breccia en Televisión Nacional, Bango polemizó con el diputado colorado Germán Cardoso acerca de la edad a partir de la cual quien comete un homicidio, una rapiña u otros delitos gravísimos, debe asumir plena responsabilidad por lo que hizo. A propósito de ese tema, el legislador socialista repitió varias veces que aumentar las penas no soluciona el problema de la delincuencia.
Pues bien: a la mañana siguiente el Senado votó por unanimidad un proyecto de ley remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo, que aumenta las penas para tres distintos grupos de delitos: los delitos contra la Administración Pública cometidos por ciertos funcionarios; los delitos de cualquier tipo cometidos por quienes cumplen funciones en establecimientos de reclusión; y los delitos originariamente establecidos por los artículos 30 a 35 del viejo Decreto Ley 14.294, cuando el objeto material de la conducta en ellos prevista es la pasta base de cocaína.
Queda pues de manifiesto que el Frente Amplio ha dado un giro a su política de seguridad pública. Quienes antes negaban la magnitud del auge delictivo y hablaban de “sensación térmica”, hoy reconocen la realidad. Quienes hasta ayer nomás decían que aumentar las penas es inútil, hoy proponen y votan aumentos de pena muy severos para delitos vinculados con el tráfico de pasta base, y también para otros que no tienen nada que ver con los anteriores.
Más vale tarde que nunca. Celebramos el cambio de criterio, aunque nos hubiese gustado una declaración abierta y franca al respecto. Que en los programas de televisión algunos representantes del Frente Amplio sigan diciendo que están en contra del aumento de penas, mientras en el Parlamento todos los legisladores frenteamplistas votan a  su favor, sólo genera confusión. Abrigamos la esperanza de que en lo sucesivo, por respeto a la ciudadanía, el debate acerca de la edad de imputabilidad se procese con coherencia y sinceridad.

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