El
Parlamento comenzó ayer el estudio del tratado de intercambio de información tributaria
con Argentina, que contiene además, como se sabe, normas para evitar la doble
imposición. La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado recibió a una
nutrida delegación del Poder Ejecutivo, encabezada por el ministro de Economía
y Finanzas, Fernando Lorenzo, y el ministro interino de Relaciones Exteriores,
Roberto Conde (el canciller Almagro no está en el país).
La
presentación del tema corrió por cuenta del ministro Lorenzo. En una extensa
exposición, clara y precisa, el titular de Economía abogó enérgicamente por la
aprobación del tratado, que considera indispensable para satisfacer las
exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y su instrumento, el Foro Global para la Transparencia en materia fiscal.
Según Lorenzo, no aprobar el acuerdo expondría al país a ser considerado
“miembro no cooperante” por esas organizaciones, lo que a su vez podría tener
consecuencias desfavorables importantes (ser considerado “no elegible” para
recibir préstamos por instituciones como el Banco Mundial, por ejemplo). Por el
contrario: aprobar el tratado con Argentina y luego otro similar (no igual) con
Brasil, ya redactado y actualmente en etapa de revisión técnica en ambos
países, pondría a Uruguay al día en el cumplimiento de los compromisos asumidos
con el Foro Global y fortalecería el prestigio del que ya goza el país.
Roberto
Conde, por su parte, reconoció que el tema tiene otra faceta que es la
constituida por la relación bilateral entre Uruguay y Argentina, pero precisó
que para el gobierno lo prioritario es cumplir con la OCDE y su Foro Global.
Con lenguaje sumamente cuidadoso, Conde admitió la existencia de problemas
serios en la relación con Argentina, pero negó que la agenda oportunamente
acordada en Anchorena por los presidentes Mujica y Fernández se encuentre
bloqueada. Se sigue trabajando, afirmó, y la aprobación parlamentaria del
tratado de intercambio de información fiscal será un paso más en el camino que
los dos países platenses se propusieron recorrer.
Creo
que la situación podría representarse gráficamente con una de esas figuras en
las que el observador puede ver una cosa u otra, según que ponga su atención en
la forma o en el fondo. Para el gobierno lo más importante es cumplir con la
OCDE, y desde esa perspectiva es claro que hay que aprobar el tratado. Para
nosotros, lo que nos apremia hoy es el estado de las relaciones con Argentina,
y vistas las cosas desde este ángulo no se advierte porqué hay que conceder ya
lo que a Argentina le conviene (obtener información para cobrar impuestos que
hoy no está cobrando), a un costo importante para Uruguay (depósitos bancarios,
inversiones en inmuebles y construcción, etc.) mientras sigue trabado lo que
nos interesa a nosotros (poder exportar al mercado argentino sin restricciones
arbitrarias, mantener y profundizar el
canal Martín García, autorizar obras nuevas en Nueva Palmira, publicar
de una buena vez los resultados del estudio de los efluentes de UPM, etc.).
La política de las concesiones unilaterales a
Argentina no ha dado buenos resultados para el Uruguay; a la vista está. Se
necesita respeto mutuo y reciprocidad, para avanzar por el camino de la
cooperación mutuamente satisfactoria. Mientras falten estos elementos, hacer
nuevas concesiones no sólo tendrá el costo inherente a cada una de ellas, sino
que será visto desde la otra orilla como una señal de debilidad, que alentará
nuevas exigencias.
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