En
ocasión de la celebración del 75 aniversario de C.U.T.C.S.A. (empresa privada de transporte colectivo), la
Dirección Nacional de Correos resolvió emitir un sello conmemorativo, que como
es tradicional, prestigia a la homenajeada y a la vez, enriquece el acervo
filatélico de nuestro país. Al evento concurrieron las más altas autoridades
del gobierno, encabezadas por el propio Presidente de la República, así como ex
presidentes de la República, invitados especiales, socios de la empresa y
público en general y en representación de la entidad emisora de tal estampilla,
la Vicepresidente del organismo. Hasta aquí, todo bien.
Pero,
seguramente, ninguno de los presentes imaginó el bochorno del que fueron testigos,
por ello es que, tanto la situación en si misma, como la reacción manifestada
por los asistentes, es el motivo de algunas reflexiones que nos impulsan a
escribir estas líneas, preocupado por el alcance institucional de estas
conductas.
Pues,
lo que para la protagonista del desacierto –seguramente- creyó sería su momento
de gloria, se convirtió en un traspié, cuyas consecuencias aún no han tenido
los desenlaces que debieran producirse, de aplicarse la normativa vigente en la
materia. Y como últimamente, parece ser que el criterio sostenido sin inmutarse
por el Presidente Mujica, de que “lo político debe predominar sobre lo
jurídico” es el aceptado, la sociedad en general, permanece entre asombrada y
anestesiada, pero lo vivido deja entrever que no todo está perdido y que las
reacciones ciudadanas están latentes frente a este tipo de desbordes que nos
ofenden a todos los republicanos.
En
efecto, la funcionaria pública en cuestión -en su calidad de tal- debiera tener
muy presente que su actividad está reglada, esto es, debe sujetarse a los
mandatos que la Constitución y la Ley le imponen, ni más ni menos. Que su
investidura le confiere privilegios, pero cada uno de ellos, se compadece con
severas obligaciones, que en el caso que nos ocupa, saltó olímpicamente. El
desempeño de su cargo le impone prudencia y profesionalismo, mucho más allá de
sus simpatías o afinidades políticas del partido en el que milita y el que le
confió su puesto. Se debe a su función pública y ejerce su cargo en una
Dirección de carácter nacional, por ello le está expresamente prohibido
utilizar su posición para brindar un discurso político inaceptable. No sólo por
el abuso del espacio de tiempo que utilizó, sino por el contenido del mismo.
Pero más exasperante aún, por la especial situación que se vive en su
dependencia y que padecemos todos: el singular atraso en la entrega de
correspondencia que ya está causando perjuicios y molestias a los destinatarios
de la misma en los más distintos niveles. Por ello, creemos inoportuno su discurso.
Pero además, es inconstitucional pues desconoce el mandato del constituyente
cuando le prohíbe a estos funcionarios llevar adelante este tipo de acciones
desde la función pública en la que se encuentran.
Pero
lo singular de la situación que analizamos, lo constituye, la desaprobación
-hecha pública desde los asistentes, algunos optaron por retirarse- de que fue
objeto la conducta de la funcionaria, a quien se le abucheó y silbó para que
diera fin a su intervención, como hacía tiempo no se veía en eventos de esta
naturaleza. Evidentemente la paciencia tiene un límite y este discurso, colmó
el vaso.¿No será llamada a responsabilidad? ¿La culpa de esta situación será
siempre de los otros? ¿No debiera asumir su falta de conducta y renunciar?
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