Resulta
notable advertir la capacidad que posee el ser humano para intentar suavizar la
realidad o mitigar los aspectos más duros de la misma. Esta capacidad, llega al
extremo cuando se trata de referir a la realidad social que nos toca vivir. Hoy
resulta que es noticia “tarifar” la propina de los llamados “cuidacoches”,
personas que han logrado su modo de vida, encubriendo su falta de un trabajo
estable, pretendiendo cumplir una función que, en puridad transita entre la
violencia, el enriquecimiento injusto y la apropiación de un espacio público,
con el fin de obtener un beneficio que les permita sobrevivir.
Cuando
en verdad, su existencia y permanencia en muchas de las principales y más
transitadas vías de circulación de nuestras ciudades, no hace sino demostrarnos
la falta de respeto por nuestros derechos y a la vez la falta de consideración
de las autoridades departamentales y municipales hacia quienes sostenemos su
presupuesto.
Porque
a la inseguridad de muchas zonas, se suma la falta de alumbrado público
suficiente o la carencia de vigilancia o patrullaje adecuado por parte de
quienes resultan legal y constitucionalmente obligados a brindarnos seguridad y
a proteger nuestras personas y bienes. Como todo esto al parecer corresponde a
un país de fantasía, debemos seguir pagando el impuesto encubierto (ahora
tarifado) de propinas a quienes no tienen más que un “registro” y una zona
asignada, pero que todos sabemos no cumplen función alguna y en caso de rotura
de cristales, robos o desaparición del vehículo “cuidado”, brillarán por su
ausencia y no tendremos ni siquiera una pista o rastro de ellos. ¿No estaremos
tarifando entonces, una mendicidad encubierta? ¿No estamos cercenando derechos
ciudadanos por pretender regular una situación que en verdad no debiera
existir? Seguramente, se oirán voces de defensa de estas personas, golpeadas y
desplazadas de sus oficios o empleos por aquella aciaga, pero ya histórica
crisis del 2002, y se tildará de “poco solidaria” nuestra opinión, pero no es
este tipo de actividades las que harán al nuestro, un país de primera. Hace ya
una década que la bonanza económica ha bendecido a nuestro país y sin embargo
no se advierten soluciones para este gran número de uruguayos que, en una gran
proporción no cumplen una función específica, ni pueden ser eventualmente
responsabilizados en caso de sufrirse roturas, robos o despojos en nuestros
vehículos. ¿Será tal vez responsable el municipio o el gobierno departamental
que los registró y les otorgó un carnet? Pues por más que se sepa que la
“tarifa” no sea “obligatoria”, y que se pretenda evitar la violencia de algunas
zonas marcadas con tiza de “50” o de “100”, resulta verdaderamente afrentoso
tener que reconocer una actividad que nadie sabe si cumplen, pero que sin lugar
a dudas más se asemeja a un peaje que, a una función legalmente regulada. Y
ello es inaceptable, desde todo punto de vista. Pues cada derecho debiera ir de
la mano de una obligación y en el caso que nos ocupa, se reconocen derechos por
el “control” de un espacio público por cuyo mantenimiento y seguridad ya
pagamos nuestros impuestos nacionales y departamentales, desconociendo entonces
nuestros derechos y a quienes se les denomina “cuidacoches” no se les exige
nada a cambio. La propina es un acto de liberalidad que se brinda por la
eficiencia y prontitud de un servicio que debe cumplirse y que podemos exigir
ya que lo hemos pagado; tarifarlo, aunque sea sin obligación, apunta a regular
una mínima parte del problema, pero no lo resuelve.
No hay comentarios:
Publicar un comentario