La frase sirve para calificar la
decisión tomada por el gobierno uruguayo acompañando a los gobiernos de Brasil
y Argentina, determinando un golpe brutal a la institucionalidad jurídica del
MERCOSUR al aceptar el ingreso de Venezuela sin que haya mediado el
consentimiento de Paraguay.
Es, definitivamente, insostenible la
actuación del gobierno uruguayo en este episodio, quebrando tradiciones y
valores de larga data en la orientación de la política exterior de nuestro país
al no respetar el Derecho Internacional ni el principio de no intervención.
Como dijimos en su momento, el
pasado viernes fue un día de oprobio y vergüenza nacional.
Pero la frase también sirve para
calificar la situación política del Canciller Almagro. Su continuidad al frente
del Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene el menor sustento político, ni
siquiera resiste un análisis lógico básico.
En efecto, el Canciller reconoció el
lunes pasado ante diversos medios de comunicación que no comparte la decisión
tomada en Mendoza por su propio gobierno. Dijo y reafirmó que el ingreso de
Venezuela no cumplía con los requisitos institucionales fijados por el MERCOSUR
y que, por eso no había permanecido en sala en el momento en que se votó el
ingreso de ese país.
Dijo más. Sostuvo que su ministerio
resistió hasta el final la decisión en cuestión y que este tema se dirimió en
una reunión cerrada entre los tres presidentes. Agregó que no sabía cuáles eran
las razones que derivaron en el cambio de postura de José Mujica.
Por si quedara alguna duda agregó
que él entendía que el tema no estaba cerrado y que lo haría analizar por los
servicios jurídicos de la Cancillería. Sin embargo, pocas horas más tarde el
gobierno argentino le enmendó la plana reafirmando que el tema estaba cerrado y
que el gobierno uruguayo había formado parte del acuerdo. Pero, no solo eso, el
mismo Presidente Mujica le corrigió al responder a una requisitoria del
gobierno brasilero afirmando que el tema estaba resuelto definitivamente.
Por mucho menos que esto cualquier
ministro ya se habría ido por su propia voluntad, dando "un paso al
costado". Está en una posición contraria a la decisión más importante que
ha tomado el gobierno en materia de política exterior, es decir de su propia
cartera; manifiesta no conocer las razones por las que el Presidente tomó esta
decisión y cuando señala que quizás haya espacio para revisar la posición
adoptada el propio Presidente lo vuelve a dejar en falsa escuadra. Está
"colgado del pincel".
Esto es un "cambalache" en
el que se está deteriorando cada vez más el Estado de Derecho. Por si faltara
la frutilla de la torta, el Presidente Mujica justificó lo actuado señalando
que las razones políticas fueron más fuertes que las jurídicas, lo que en buen
romance supone reconocer que se actuó en violación de la normativa vigente;
pero mucho más grave aun supone reconocer que para el presidente en un sistema
democrático son más importantes las razones políticas que la observancia de las
reglas de juego, gravísimo antecedente que puede derivar en todo tipo de
arbitrariedades.
La semana pasada decíamos que nos
costaba creer que no surgiera ninguna voz dentro del Frente Amplio cuestionando
lo actuado, dado lo flagrante y grosero de la violación institucional
producida. Nos alegra mucho que el Vicepresidente Danilo Astori haya marcado
con claridad su posición contraria a lo actuado por su gobierno; nos alegra
también que otros dirigentes del Frente Líber Seregni también señalen su
distancia con la decisión tomada.
Estas posturas ponen de manifiesto
que existen reflejos democráticos e institucionales en algunos sectores del
Frente Amplio. Lo que, de todos modos, lamentamos es que, a pesar de que estas
diferencias no son para nada menores, se opte por priorizar el criterio de la
disciplina partidaria por encima del cuestionamiento a la decisión tomada.
No se sostiene la decisión del
gobierno y tampoco se sostiene la continuidad del Canciller, por más mayorías
parlamentarias "enyesadas" que existan.
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