“Lo político es más importante que
lo jurídico” espetó el Señor Presidente de la República la pasada semana.
Por ello pasó por arriba de la
Constitución y la ley en Mendoza.
Después despreció la opinión del
Presidente de la Asamblea General con argumentos poco jurídicos como “Danilo
está equivocado”.
El único que lo secundó fue el
locuaz Pro Secretario de la Presidencia: “los motivos de realpolitik primaron
sobre los jurídicos” expresó.
Para colmo Argentina hizo público un
comunicado en el que expresa que los Presidentes Mújica, Fernández y Rouseff
tomaron la decisión en Mendoza “luego de escuchar a los asesores jurídicos de
Argentina y Brasil”.
¡No escucharon a los uruguayos!
Es triste que un Presidente deje de
lado la Constitución y la ley por motivos políticos. Pero más lo es que actúe
asesorado por funcionarios de otros países.
A lo que se suma que nuestro
Canciller se retiró de la reunión de Presidentes y lo dejó sólo, sentado en
segunda fila, mientras la Sra. Kirchner dirigía sonrisas al Ministro
venezolano, y la Presidente de Brasil asentía satisfecha.
El Ministro Almagro dijo antes de la
cumbre que no era posible que Venezuela ingresara al Mercosur y se mantuvo en
silencio al volver.
El Cr. Danilo Astori fue el único
que actuó de acuerdo a derecho.
Él, además de Vicepresidente de la
República, es el Presidente de la Asamblea General. Es decir, la cabeza del
Poder Legislativo.
Un Poder que tiene el mismo rango
constitucional que el Ejecutivo y el Judicial.
Como cabeza del Poder Legislativo el
Cr. Astori tiene el deber de defender la institucionalidad y las facultades del
Parlamento.
Cuando lo hace no es el suplente del
Sr. Mújica en la Presidencia o miembro del Frente Amplio.
Es la cabeza de un Poder que integramos
todos los representantes electos por la ciudadanía. Debe velar por el respeto
de nuestras facultades constitucionales y oponerse, como lo hizo, a que se
afecte la institucionalidad.
Los artículos 85 y 168 de la
Constitución establecen que los Tratados deben ser aprobados por el Poder Legislativo y esto debe respetarse.
En el año 2006, por la ley 18.053,
el Parlamento aprobó que ingresara Venezuela al Mercosur. Lo hizo sujeto a la
condición de que lo aprobaran todos los miembros, entre ellos, la República del
Paraguay.
Por lo que si Paraguay no lo aprueba
el Poder Ejecutivo no puede aceptar el ingreso de Venezuela.
No tiene poder para hacerlo. No hay
ley que lo avale o permita.
Asesorado por un funcionario de
tercer nivel (ni siquiera por el Secretario de la Presidencia) y por
funcionarios de Argentina y Brasil, el Señor Mújica entendió que podía pasar
por encima de las normas constitucionales argumentando motivos políticos, lo
que es ilegal.
Luis Recasens Siches afirmaba que la
diferencia entre un mandato jurídico y uno arbitrario, radica en que el primero
es una “regularidad inviolable” mientras que el segundo es un “mero capricho,
un porque si”.
Escribía en su Tratado de Filosofía
del Derecho que esa distinción entre lo arbitrario (como la decisión de Mújica)
y lo jurídico la encontraba reflejada en la obra shakespearana “El Mercader de
Venecia”.
En ella se le pide al Juez que no
aplique la ley para así hacer lo que una parte entendía justo.
La respuesta del Magistrado parece
haber sido leída por Astori y no por Mújica:
“No puede ser, no debe ser, no
existe poder en Venecia que pueda pasar por encima de la ley; de hacerse esto,
se seguirían funestas consecuencias”.
Son las que nos esperan cuando se
pasa por encima de la ley y la Constitución.
No hay comentarios:
Publicar un comentario