Se había anunciado que el Poder Ejecutivo enviaría dos proyectos
de ley al Parlamento, uno referido a la
liquidación de PLUNA S.A., ya con
solicitud de concurso por parte de su
directorio y el otro disolviendo el Ente Autónomo. Iniciativa ésta última, que
necesita dos tercios de votos, es decir el apoyo de la oposición también.
Finalmente ingresó un solo proyecto, por el que se crea un
fideicomiso que tendrá por objeto la adquisición de los 7 aviones que fueran
adquiridos por PLUNA, el que deberá
rematarlos en un plazo de sesenta días.
En definitiva, como se prevé
que a la empresa que subaste los aviones, se le adjudicarán las líneas y el personal de Pluna, más la posible participación del estado con un
25%, se estaría formando lo mismo que ahora, con otro inversor privado y sin
las deudas de Pluna.
¿Es esto legal? ¿Quién
asegura que va a ser bien gestionada y no ocurrirá lo mismo nuevamente?
¿Soluciona todos los problemas con los acreedores? Esta ley se
debatirá en el día de hoy en el Senado de la República.
Son varias las interrogantes que sobrevienen en estas
circunstancias a todos los uruguayos, pero la principal es, ¿por qué y cómo se
llegó a esta situación?
Ese es el planteo que estamos haciendo al solicitar que se
constituya una Comisión Investigadora. Investigar a fondo todo el proceso de
asociación de PLUNA con privados, la gestión de estas asociaciones haciendo
foco en la actuación de los funcionarios públicos involucrados.
Sabemos que la administración de estas gestiones estuvo en manos
de los socios mayoritarios, pero ¿cómo actuaron los que debían controlar? ¿Cómo
se hicieron los negocios?
Los ministros de Economía y Transporte en su primer informe a la
oposición, manifestaron que la detonante del cierre eran juicios laborales
hechos en Brasil contra la empresa VARIG y que podían afectar a PLUNA y al
estado uruguayo en tres mil quinientos millones de dólares, por haberse integrado como grupo económico a la compañía
del país norteño. Nuestros informes no coinciden y no existen grandes novedades
en ese proceso que tiene muchos años y que la extensión de los juicios a
nuestra aerolínea está basada en una
instancia jurídica brasileña del año 2003.
La verdadera razón de la liquidación de la compañía fue la
iliquidez y posterior situación de cesación de pagos, fruto de una ruinosa
gestión.
Pero siendo esto así, la gran pregunta pasa a ser: ¿por qué se
rompió la sociedad con Leadgate, incluyendo cláusulas de indemnidad y pocas
horas después de hacerse cargo el estado del cien por ciento de la empresa,
procedió a determinar la quiebra?
Este negocio con Leadgate fue cuestionado desde el principio
mismo. Se hizo en el gobierno de Tabaré Vázquez, cuando eran ministros de
economía el Cr. Danilo Astori y de Transporte el Sr. Víctor Rossi. Fue una
adjudicación directa, no medió ningún mecanismo de adjudicación
transparente, como la licitación pública
por ejemplo; la firma Leadgate, no es
una compañía aérea sino un grupo financiero dedicado a comprar barato negocios
con dificultades. En esta oportunidad compró una empresa sin poner
prácticamente ningún dinero.
Adquirió siete aviones, que habrá que investigar cuanto costaron y
que equipamiento real trajeron, con créditos que garantizó el estado uruguayo.
En pocos años, con pérdidas que rondan los cien millones de
dólares, acumuló un pasivo de más de trescientos millones, que es mucho más que
el activo que posee. Vendió todo lo que pudo, como un motor nuevo de repuesto
en cuatro millones y locales como el de la calle Florida de la ciudad de Buenos
Aires.
Finalmente la empresa, dueña del setenta y cinco de las acciones
de PLUNA SA., se desprende del negocio con una cláusula de parte del gobierno
uruguayo que se compromete a no iniciar ningún tipo de acciones legales en su
contra; dejando además a uno de sus principales operadores como gerente general
por un lapso y sabemos que también a algún otro asesor técnico.
Negocio redondo para Matías Campiani, cara visible de esta
sociedad. Ruinoso para nuestro país, que deberá pagar tarde o temprano varias
de estas deudas y que ve comprometida la conexión aérea con la región; para los novecientos empleados que no saben
bien cuál será su futuro y para los miles de clientes.
Pero cuidado, la solución puede ser más de lo mismo o peor.
Por lo pronto es imprescindible que haya mucha transparencia y si
hay responsables que sean identificados
y sancionados como se debe. Para eso presentamos una solicitud de conformación
de una comisión investigadora, de acuerdo a lo previsto en el artículo 120 de
la Constitución.
No tenemos los votos para aprobarla si el FA no presta los suyos,
por lo tanto tienen la palabra los senadores del gobierno. Si no la votan
tenemos derecho, todos los uruguayos, a pensar que algo esconden o a alguien
quieren proteger.
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