La situación de la educación en
nuestro país continúa en situación de bloqueo. A fines del año pasado el
gobierno decidió convocar a los partidos para buscar un acuerdo educativo que
permitiera dar los pasos sustanciales para comenzar a revertir el grave proceso
de deterioro que afecta a la educación en nuestro país.
En función de esta convocatoria se
arribó a un conjunto de acuerdos referidos a la instrumentación de ciertas
medidas que al ponerse en ejecución pudieran generar resultados positivos.
Los acuerdos alcanzados que se
firmaron a fines de febrero de este año incluían cuatro aspectos fundamentales.
Se acordó otorgarle el doble voto al Presidente del CODICEN para evitar
situaciones de bloqueo o empate en la discusión educativa. Se acordó la
creación de una Universidad Tecnológica a situarse en el Interior del país. Se
acordó instrumentar progresivamente en los centros de estudios de enseñanza
media técnica y no técnica, un plan muy similar al Promejora, incluso más
profundo y detallado, a instrumentarse en tres cuartas partes de los centros de
estudio al terminar este período de gobierno. Finalmente, también se acordó
poner en funcionamiento el Instituto de Evaluación Educativa.
En forma simultánea, el gobierno
dialogó con los sindicatos de la enseñanza buscando generar niveles de acuerdo
sobre la temática educativa. No participamos de esas instancias, por lo que no
podemos decir qué cosas comprometió el gobierno en tal diálogo. Lo cierto es
que los sindicatos mantuvieron una postura muy crítica con respecto a los
acuerdos alcanzados entre el gobierno y los partidos.
Transcurridos casi cuatro meses de
la firma de los acuerdos educativos, el panorama es bastante preocupante.
Por un lado, los sindicatos de la enseñanza
reclaman respuestas salariales y de infraestructura a la situación de la
educación y, al mismo tiempo, reiteran su cuestionamiento a la implementación
del Promejora.
Por otro lado, no vemos que los
acuerdos firmados en febrero entre el gobierno y los partidos se estén
instrumentando con decisión y con la celeridad necesaria; lo que pone el
panorama al borde del incumplimiento. No podemos aceptar que los acuerdos
firmados queden simplemente como un aspecto simbólico que no se traduzca en su
efectivo cumplimiento.
Entonces, el gobierno de la
educación, que intentó acordar con los partidos y con la dirigencia sindical
sabiendo que las posturas y propuestas de ambos actores eran contradictorias,
se encuentra hoy en día enfrentado a un "callejón sin salida".
En efecto, si se quiere cumplir con
los acuerdos multipartidarios, las diferencias con los gremios de la enseñanza
se harán más fuertes y generarán fuertes conflictos. Y si se quiere actuar en
sintonía con los reclamos gremiales, se "tirarán por la borda" las
propuestas acordadas con los partidos.
Falta liderazgo y conducción en los
organismos de gobierno de la educación pública uruguaya. Falta decisión y
convicción para impulsar un proyecto serio y profundo de reforma. Falta emitir
señales fuertes y contundentes sobre el rumbo que quiere seguir este gobierno
en materia de política educativa.
Por el contrario, el camino elegido
no avanza en ninguna dirección. Ni cumple con los acuerdos firmados, ni logra
sintonía con las demandas sindicales. Pero lo más grave es que no tiene un
proyecto educativo. No se puede estar bien con todos, cuando las propuestas son
contradictorias; se pretendió acordar con los que opinan una cosa y con los que
opinan todo lo contrario.
A la corta o a la larga, la
incapacidad para resolver estas contradicciones llevará a la profundización del
fracaso de las políticas educativas de nuestro país, y los costos los pagarán
los jóvenes y adolescentes de este país.
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