El Poder Ejecutivo podría decidir solicitar la
intervención de Pluna SA, al tiempo que se mantiene negociando en reserva con
el socio privado mayoritario (LeadGate) para resolver los problema de liquidez
de la empresa. El ministro de Economía,
Fernando Lorenzo, le informó al titular de ANCAP, Raúl Sendic, que la
aerolínea necesita una capitalización de US$ 30 millones para atender sus
obligaciones operativas, lo que aparece consignado por sus solicitudes de
préstamos a agencias privadas y por el alto endeudamiento con ANCAP por el
consumo de combustible. ANCAP, incluso, por una decisión de gerencial de nivel
medio, financió directamente algo más de U$S 18 millones a sabiendas que el
garante de la empresa por más de U$S 135 millones es el propio Estado uruguayo.
El actual contexto marca que por pagos atrasados
con ANCAP por las compras semanales de combustible, más la amortización de una
cuota de US$ 1 millón por la refinanciación de un pasivo de US$ 5 millones,
hacen que Pluna SA deba sumar a su obligación de pago de agosto alrededor de
US$ 9 millones al Scotiabank por el crédito para la compra de siete aviones
Bombardier que concretó en 2007.
Si el socio privado mayoritario “mantiene su
tesitura de no inyectar dinero”, no queda otra alternativa que “buscar un nuevo
socio”, siendo inviable que el Estado opte por desprenderse de su participación
del 25% en la compañía de bandera local.
Según admitieron fuentes gubernamentales, el
Ejecutivo ya venía manejando hace algunos meses la posibilidad de intervenir
Pluna SA, aunque esto se terminará de definir en el correr de la próxima
semana.
En ese sentido, la división Jurídica de PEA está
analizando un abanico de posibilidades sobre los caminos que puede recurrir
para solicitar la intervención. Una de las posibilidades es que se realice a
través de un síndico de la
Auditoría Interna de la Nación o directamente de la propia Justicia.
Si bien esto no soluciona los problemas de fondo y
financieros que tiene la empresa, el socio minoritario, en este caso el Estado,
se asegura que los privados no apliquen cambios sustantivos en la gestión de la
aerolínea.
El Estado ya atravesó un proceso conflictivo con
LeadGate cuando debía definirse una nueva capitalización de la aerolínea en
2009. En esa oportunidad, el Ministerio de Transporte encabezado por el ex
ministro, Víctor Rossi, optó por embargar el 75% de las acciones de grupo
LeadGate ante la Bolsa
de Valores de Montevideo.
Con el arribo de la canadiense Jazz en 2010 –que
inyectó US$ 15 millones para hacerse con una participación equivalente a 25%
del capital de Pluna–, se levantó el embargo sobre LeadGate que pasó de tener
una participación de 75%, a 50% en la aerolínea.
Precisamente, la posibilidad que la canadiense Jazz
incremente su participación en Pluna no aparece como una alternativa firme. En
su última memoria anual, la aerolínea informó que su participación en Pluna SA estaba “disponible”
para la venta.
EL LADO OSCURO DE LOS NEGOCIOS
El senador blanco Carlos Moreira, abogado de
profesión, aseguró que el Directorio de ANCAP no estaba en conocimiento de la
decisión de concederle un crédito por 18 millones y medio de dólares a PLUNA,
lo que se dio mediante una decisión gerencial de ANCAP, hasta que se paró, con
cheques diferidos a 180 días, cosa que a su juicio violó flagrantemente un
contrato de repago de deuda que había hecho PLUNA con ANCAP. En un momento,
siendo también Raúl Sendic presidente de ANCAP, en el 2008, se había generado
una deuda de más de 14 millones de dólares. ANCAP le cortó el suministro a
PLUNA y después se firmó un convenio con los fondos provenientes de la venta de
la propiedad del Argentino Hotel de Piriápolis. El final de esa trama da cuenta
que PLUNA pagó una parte y refinanció otra.
En ese convenio de refinanciación de adeudos se
había pactado que los cheques para pagar los futuros consumos iban a ser
prácticamente con un máximo a 30 días. Sin embargo, a la luz de los hechos
quedó de relieve que por una decisión de uno o dos gerentes de ANCAP, se
concedieron no 30 sino 180 días de plazo, y por eso se generó esa deuda enorme
de 18 millones y medio de dólares. Esto no lo sabía PLUNA ente autónomo y
aparentemente tampoco lo sabía el directorio de ANCAP. Esta arbitrariedad ahora
pasa a la Justicia
Penal para determinar quién se sobrepasó en sus funciones.
Para el Dr. Carlos Moreira “el ministro Pintado
recibió una herencia muy mala. Acá hay una larga historia de tolerancia, de
sumisión, de indulgencia excesiva de los anteriores directores de ANCAP que le
decían que sí absolutamente a todo a esta mayoría accionaria. Y también hubo
responsabilidad de los ministros del ramo, sobre todo del ministro de
Transporte en su momento, que dejaron que se violara sistemáticamente todo lo
que se había acordado inicialmente.”
Es intención a nivel político que Víctor Rossi,
mano derecha de Tabaré Vázquez, asuma su responsabilidad política y jurídica
sobre lo que se califica como un negocio de entuertos.
Quedó probado que hubo violaciones a contratos, que
pasan por incumplimientos del plan de negocios, del destino de determinados
fondos, de pactar negocios absolutamente increíbles, como el negocio con esta
empresa argentina Aerovip. El día que este negocio con Aerovip se audite (se ha
pedido auditar pero se han negado los accionistas mayoritarios), los números
pueden arrojar más que sospechas.
Como capítulo esencial, el senador Moreira destaca
que, “además está todo lo relativo a la generación de pasivos. El directorio
actual de PLUNA ente autónomo ha votado sistemáticamente en contra, PLUNA no
para de endeudarse “y ahora creo que lo último que salió es la eventual
solicitud para contraer un nuevo préstamo bajo la modalidad de fideicomiso por
30 millones de dólares en el Brasil, contra la venta de pasajes con pagos por
tarjeta de crédito en Brasil.“
Pero las cosas fueron más allá todavía y muchas
actividades empresariales se consideran rozan la ilegalidad.
La“apariencia penal” se observa, por ejemplo, en el
negocio con Aerovip, donde hay informes jurídicos que hablan de conjunción de
intereses entre accionistas y sociedades controladas por esos accionistas. Un
negocio que el día que se levante la sábana sobre él, “vamos a ver cuáles son
los números reales de esas cosas: como las sucesivas violaciones contractuales
en detrimento de los intereses del Estado, el cambio de cláusulas contractuales
por convenio de accionistas (lo que es totalmente aparte de la legalidad), así
como determinados pagos de gastos absolutamente desproporcionados en materia de
consultorías y asesorías, que hay que ver cuál es la función que cumplen”,
insiste en destacar el Dr. Moreira.
Entre los ejemplos puestos de manifiesto, Moreira
destaca a la asesoría de gerencia general que cobra 600.000 dólares por año,
cuando hace poco cobraba algo más de 400 y ahora cobra 600.000 dólares por año.
De honorarios de abogados hay casi 800.000 dólares en el último año. En una
empresa que ha perdido más de 90 millones de dólares en cinco años, están
pagando cifras realmente a mi juicio desmedidas para contrataciones de ese
tipo, que hay que ver si funcionan, si realmente están prestando los servicios
por los cuales se les paga tan bien.
Finalmente Moreira sentenció en relación a las
declaraciones de prensa de los representantes de la firma concesionaria: “…
respecto a la acusación de vaciamiento, la denuncia es absurda, siendo que en
los últimos cinco años el socio privado aportó a la empresa 30 millones de
dólares. ¿Cuál vaciamiento? ¡Todo lo contrario! Los inversores privados,
principalmente norteamericanos y canadienses que eligieron Uruguay para
invertir, aportaron 30 millones, mientras que el Estado aportó solamente 5
millones, la cifra más baja que el Estado uruguayo tuvo que aportar a la
empresa en un período de 4 años en toda su historia. En ese mismo período, el
Estado recibió 50 millones de dólares en forma directa, fruto del incremento de
su actividad, en concepto de tasas, aportes e impuestos".
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