La dictadura empezó en 1973

Los temas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura sigue dando que hablar y, desgraciadamente, se sigue prestando para toda clase de excesos, injusticias y aberraciones jurídicas. Sin ir más lejos, la ley de 27 de octubre de 2011, que anuló los efectos de la ley de caducidad luego de dos ratificaciones por la ciudadanía, sigue siendo un “golpe de Estado técnico”, como en su tiempo lo dijo el Senador Saravia, entonces frentista. O, como lo dijo el hoy Ministro de Defensa Nacional, cuando sostuvo que desconocer dos pronunciamientos populares es algo tan grave que ni la dictadura se atrevió a hacer cuando fue derrotada en el plebiscito de 1980.

Una causa justa, entonces, se ha degradado de mil y un modos. La actitud de todos los partidos, dispuestos a reparar lo reparable, desde 1985, se ha venido usando —con abuso— para imponer una historia falsa. Y a partir de allí, imponer visiones arbitrarias que terminan en dinero, mucho dinero, que el Estado ya ha gastado y que no baja de 100 millones de dólares.

Estos debates transcurren en un clima de terrorismo verbal de tal magnitud, que quien intente recordar las violaciones a los derechos humanos cometidas por nuestros guerrilleros-terroristas de inmediato será descalificado como partidario de la dictadura. Aunque haya luchado contra ella sin las claudicaciones que, en cambio, tuvo todo el Frente Amplio en febrero de 1973, cuando intentó asociarse al militarismo en ciernes.

En el terreno de las reparaciones por actos de la dictadura, la sociedad uruguaya ha sido amplia y generosa desde el primer día. Y desde el primer día también el Estado asumió sus responsabilidades en la cuestión, incluso para liberar a los guerrilleros condenados por homicidios voluntarios. L a ley de reposición de destituidos, también de 1985, abarcó a 10.000 funcionarios, a quienes se les jubiló computando el tiempo de la dictadura o directamente se les repuso en sus cargos. Todo esto se hizo —y se hizo bien— en nombre de la necesidad de pacificar el país y reparar a quienes efectivamente fueron dañados por la dictadura. A partir de allí se invocaron toda clase de circunstancias que ameritaban una reparación y a ese título se dictaron 15 leyes más. 15, repetimos, lo que hace un total de 17. La última fue en setiembre de 2009 y llegó al exceso de incluir no sólo al período de la dictadura sino al del gobierno de Pacheco.

Casi todas esas leyes se votaron por unanimidad, salvo la última, en que felizmente hubo legisladores que no votaron el alcance de la reparación hasta junio de 1968, establecido de un modo realmente abusivo y reñido con la realidad. El artículo 2 de esa ley reitera la responsabilidad del Estado, extendiéndola a ese lapso “por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la doctrina de la Seguridad Nacional”.

Todo esto es una atrocidad. La doctrina de la Seguridad Nacional no la sostuvo el gobierno de Pacheco sino la dictadura. Pacheco se mantuvo siempre adentro de la ley y el propio General Seregni, líder y fundador del Frente Amplio, lo dijo expresamente: “Aprendió rápido. Aprendió lo que era el poder y lo usó. Y hay que reconocer su inteligencia. Es cierto, contó con la complacencia del poder político, pero nunca transgredió la Constitución y la ley”.

Invocar las medidas de seguridad es otra aberración, porque ellas quedaron en manos del Poder Legislativo, quien fue siempre su “dueño” y pudo levantarlas. Que alguna vez se reiteraron es verdad, pero siempre dentro del marco jurídico. Tanto marco jurídico que, en noviembre de 1971, hubo elecciones en que participó por primera vez el Frente Amplio y las ganó el Partido Colorado, donde era mayoría justamente la agrupación afín al Presidente Pacheco Areco (por eso mismo fue electo Presidente de la República el Sr. Bordaberry, que desgraciadamente en 1973 se sumó al golpe militar).

Lo entristecedor es que detrás de este afán desmedido de procurar reparaciones lo que hay es un interés económico. No los juzgamos, porque desde 1985 afirmamos que lo que se pueda reparar con dinero, bienvenido sea en nombre de la paz social. Sin embargo, no dejamos de hacer el señalamiento, a riesgo de que el coro de los abusadores nos descalifiquen, como suelen hacer.

Todo esto se hace, además, en nombre de la sentencia de la Corte Interamericana que solo el Uruguay acata puntualmente, porque Brasil no le hace caso y Venezuela y Ecuador acaban de impugnar todo el sistema en la reciente reunión de OEA.

Que se reparen daños se ha hecho y aun con abusos es explicable. Pero que a ese título se tergiverse la historia y por ley y decreto se tache de dictadura a un gobierno democráticamente electo y que nunca se apartó del Estado de Derecho, pese a que tuvo que enfrentar un estado de guerra interno así declarado por el propio Parlamento, resulta inadmisible.