No es que me llama la atención lo flácido del
Gobierno en materia de delincuencia juvenil. Es flácido en la juvenil y en la
de adultos. Incluso la no correspondencia entre los propios actores del Gobierno
es un dato de la realidad. La “colcha de retazos” en estos temas es donde queda
en mayor evidencia, porque cuando voceros de un mismo partido político se
muestran radicales con las ideas de unos y oros componentes de ese mismo
conglomerado, no hacen más que disentir no por defender la esencia de la
democracia republicana, sino simplemente porque no piensan más o menos igual ni
un puñado de temas.
La seguridad pública es un ejemplo incuestionable:
mientras unos ven en el horizonte del plebiscito por la baja de la
imputabilidad de menores delincuentes, otros, como pueden, intentan defender al
menor más allá de los delitos y planifican parte de la actividad del Inau como
una cárcel sin guardias, barrotes ni reglas.
Pero el delito no cesa y los barrios de la
periferia de la ciudad capital del país, Montevideo, con los más afectados, sin
importar si el que cae es un guardia de seguridad que gana menos de 20 pesos la
hora de trabajo, el empleado de un almacén o una farmacia, o un casual
taximetrista que acertó pasar por el lugar equivocado a la hora equivocada y
terminó con un tiro en la cabeza.
Invariablemente en estos actos criminales siempre
hay uno o varios menores involucrados: algunos son campanas, otros van al
frente en la rapiña o hasta como sicarios aprietan el gatillo primero, como en
el caso de La Pasiva ,
tan sólo para ser “respetados”.
Y el Gobierno se resiste a ser enérgico, pone
trabas intelectuales para que el Parlamento de instrumentos viables y efectivos
en perjuicio de una delincuencia que tiene claros sus privilegios de
“inimputables”.
En este contexto, los ministros de la Suprema Corte de
Justicia, Jorge Chediak y Daniel Gutiérrez, concurrieron al Parlamento para
plantear la necesidad de revisar el sistema punitivo del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA),
por considerarlo “muy benigno”.
El promedio de internación por rapiñas en lo que va
del año fue de nueve meses, por lo que un menor que comete homicidio no suele
recibir una pena mayor a dos años, indicaron los jerarcas judiciales en la Comisión Bicameral
de Seguimiento del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa).
Chediak expresó a los legisladores que los jueces
de adolescentes suelen aplicar la “tesis del seis por uno”: este criterio
aplica a los menores un sexto de la pena que les correspondería por el mismo
delito si fueran mayores de edad.
El ministro recordó que antes de la reforma del CNA
la pena máxima para los menores era de 10 años y entiende oportuno elevar la
pena a ese límite, mientras que Gutiérrez consideró que “es tema del
Parlamento”.
La reincidencia de los menores es del 26,7%, según
los datos que los representantes de la
Corte proporcionaron a los legisladores.
El comisionado parlamentario de cárceles, Álvaro
Garcé, dijo este jueves en un desayuno de trabajo organizado por la Asociación de
Dirigentes de Marketing (ADM), que la superpoblación en las cárceles llega al
600% y sugirió recurrir a chacras y plantear la internación sólo para delitos
graves.
Garcé advirtió sobre el uso de la prisión
preventiva por considerarla una de las causas de la superpoblación en los
centros de reclusión.
La tasa
encarcelamiento, informó, es de 270 presos cada 100.000 habitantes.
Para el fiscal de menores Gustavo Zubía (OPINAR
148), “… existen tres grandes posiciones en éste momento; una mantiene el
status quo, posición que critico y no comparto. La otra es descender la edad de
imputabilidad, posición que respeto pero no comparto, y la tercera posición,
que es la que yo sustento y varios operadores que están en esto también, dice
que debemos hacer un código penal juvenil en serio, profundo y razonablemente
lógico. Creo que si hacemos un código juvenil en serio no habría necesidad de
bajar la edad de imputabilidad que tiene unas dificultades muy especiales que
no es del caso ahora analizar, al momento en el que se quiera realizar esto.
Por eso prefiero el camino del medio: ni tan blando como ahora, ni tan duro
como bajar la edad de imputabilidad. Creo que la población se sentiría acorde,
entendería la equidad de un sistema si por ejemplo ponemos mínimos de un año
para rapiñas, mínimos de tres años para homicidios, es decir, empezar a hablar
de que los delincuentes pueden estar en una situación real de sanción.”
Si todos piensan lo mismo, ¿porqué escapan a la
responsabilidad de decidir lo necesario?
Esto no es una cuestión de votos, es una cuestión
de Estado para la democracia repubicana en la que se supone todavía transitamos
como uruguayos.
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