BUROCRACIA

Cuando lo público y la burocracia son los malos de la película

Desde hace por lo menos 30 años, en Uruguay, como en el resto del universo, se ha instalado el discurso de atribuir al Estado, lo público y la burocracia  el origen de casi todos los males que se padecen. Tal el poder de la estructura gubernamental, que llega constituir un cuarto gran partido, a veces  opositor, otras apologistas de la gestión oficial. A juicio de sus críticos, no solo pone palos en la rueda de la gestión oficial, sino que lo hace con métodos antidemocráticos, poniendo en tela de juicio el propio régimen democrático republicano y representativo.

El sector privado, nacional e internacional cuestiona al Estado de competencia ilegal  y de no respetar la mecánica del mercado al ejercer el monopolio en áreas claves de la economía, como el agua, las comunicaciones, energía, salud, educación, etc.  Más aún, lo hace responsable del atraso, la falta de desarrollo y de la incompetencia de la economía. Y el imperativo se hace tan fuerte que obliga a los titulares de turno del poder público a sacar de la galera fórmulas como las empresas públicas de derecho privado, o las tercerizaciones, eufemismo, en definitiva, de privatizaciones.

Ni hablar de los empleados públicos, cara visible del Estado, sobre los cuales se descarga el mal humor ciudadano. Se los hace responsables de constituirse en un segundo e ilegítimo poder estatal; de la falta o nula celeridad en la ejecución de los programas y acciones políticas; de la corrupción; del despilfarro de los dineros de todos los ciudadanos;  de  ganar altos sueldos por no hacer nada; de pretender poner de rodillas a los ciudadanos comunes, mientras le pasan la mano a los  poderosos; en definitiva, de constituirse en parásitos del Estado.

Sin embargo, hay que mirar las cosas con cuidado. Detrás del desprestigio del empleado público y del Estado, se esconde algo más peligroso que el mal que se le atribuye. Con mas o menores defectos, se está denigrando a los servicios públicos propios de un Estado democrático, representativo, constitucional, plural y libre. No se puede olvidar que el primer rostro que vio nuestro hijo al nacer fue el del médico, habitualmente un empleado público formado por un sistema educativo público, laico y gratuito. Los propios enfermeros y auxiliares, que nos cuidan en los hospitales públicos, son empleados públicos. Y si revisamos todo el extenso abanico de actividades, encontraremos empleados públicos, pagos por toda la comunidad y al servicio de todos. Hay que reconocer que nada es perfecto, y que por mirar el árbol se pierda de vista el bosque. La Salud, la Educación, la Seguridad, la Vivienda, el Trabajo son algunos de los Derechos Humanos Sociales Esenciales, y el Estado y los Empleados Públicos están para  gestionarlos y perfeccionarlos con justicia y libertad, porque así lo demanda la comunidad. Y es falso que los empleados sean un gran gasto para el Estado. Estudios sociales y políticos demuestran que cuanto más avanzado es un país, más desarrollado tiene su Estado del Bienestar,  más Derechos tiene su población, y mayor es el número de empleados públicos.

Decíamos que hay que estar alerta, porque detrás de esas políticas de desprestigio de lo público y de la burocracia pública, hay “gato encerrado”, agazapado esperando la oportunidad de tomar por asalto el Estado de Bienestar, Democrático, Plural y Libre en permanente construcción por toda la ciudadanía. Y para muestra basta un botón.  

En agosto de 1971, Estado Unidos de Norteamérica, presidido por el tristemente célebre Richard Nixon privatizó la salud, transformando un derecho humano esencial en mercancía. John Ehrlichman, asesor del presidente, le promete a Nixon:"Todos los incentivos estarán dirigidos al menor cuidado médico posible", secundado por el empresario Edgar Kaiser quien dirigiéndose a los magnates y directivos de la industria de la salud afirmó: "Cuantos menos cuidados proporcionen, más dinero ganarán".

A 41 años de la implementación  inaugural de las políticas privatizadoras, el  “gato encerrado” llamado ahora neoliberalismo, salió de la gatera y se extendió por el mundo mercantilizando la vida de los seres humanos y la naturaleza. Su estrategia: desprestigiar la función pública, “comprar” voluntades políticas e imponer, a fuego y sangre, el dios mercado, la competencia despiadada e inhumana, desmoronando así, paso a paso, el Estado Democrático, Solidario, Plural, Libre y de Bienestar Social. 

En el caso nuestro, basta mirar alrededor, y observar cómo decaen sistemáticamente servicios públicos como los de las salud, seguridad, educación, y simultáneamente crecen y prosperan las instituciones privadas y los nuevos ricos, empresarios de última generación. Hay que reconocer asimismo que hay sombras que el sistema político ha servido en bandeja a la voracidad privatizadora. El clientelismo electoral, corrupto y arbitrario, aún persiste, pretendiendo legitimidad concediendo al que gobierne el derecho de “colocar a los suyos” aún cuando los mismos sean ineptos en el mejor de los casos.  Legitimidad se refuerza con caudillos de barrio que reclaman a voz en cuello, diciendo “yo no quiero que me pongan donde dean, siempre que sea donde haiga".

Es imprescindible no engañarnos. Con todas las sombras y defectos, no se puede perder de vista que los empleados públicos (municipales, docentes, médicos, enfermeros, policías, soldados, abogados, jueces, técnicos, auxiliares, barrenderos, etc.), con las excepciones que correspondan, son los que garantizan los Derechos Humanos Sociales en un Estado de Bienestar, Democrático y Plural, aún cuando es conocido en su origen como “Uruguay Batllista”.