Sin dragado no hay tratado




La decisión del gobierno argentino justificando el freno del proceso licitatorio del dragado para la profundización del Canal Martín García en informaciones de prensa difundidos en medios uruguayos sobre eventuales irregularidades o actos de corrupción en torno a este tema, es la demostración más palmaria de que el gobierno argentino no quiere el dragado y que va a hacer cualquier cosa para justificar este nuevo bloqueo.
Ahora no nos bloquean los puentes, pero nos bloquean la navegabilidad. Un acto de agresión tras otro, un gesto de hostilidad tras otro.
No debe existir muchos antecedentes en el mundo de las relaciones internacionales de que un Estado argumente que la existencia de informaciones de prensa provoque el freno a un proceso de acuerdos binacionales. No es de recibo que la existencia de noticias o rumores de prensa se conviertan en argumento para bloquear un proceso licitatorio.
Se puede investigar si han existido actos de corrupción, si realmente el gobierno argentino quiere hacerlo (cosa de la que tenemos razonables dudas), sin detener el proceso licitatorio. Sin embargo, la intencionalidad del gobierno argentino es manifiesta, justo cuando quedaban quince días para cerrar el acuerdo sobre el pliego de condiciones que dispararía el llamado a ofertas entre las cuatro empresas interesadas en la tarea, fijando fecha cierta para la adjudicación de la obra, se produce este nuevo acto de bloqueo.
La profundización del Canal Martín García representa para nuestro país un incremento significativo de divisas, por la vía del aumento de la capacidad de carga de barcazas y barcos al aumentar el calado que, aunque no llega a los niveles óptimos, de todos modos representa una mejora relevante.
Nadie en el sistema político uruguayo tiene dudas sobre la transparencia y honestidad de la conducta de los integrantes de nuestra representación ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, ni sobre los funcionarios de la Cancillería uruguaya. En todo caso, las diferencias que nos separan de la gestión de la Cancillería han sido de estrategia y de tono en la energía que, a nuestro juicio, debe tener nuestro país en la negociación con Argentina, no solo en este tema sino en varios y diversos asuntos. Estamos convencidos que para el peronismo y el kirchnerismo la buena voluntad se confunde con debilidad y no se obtienen resultados positivos.
Este nuevo gesto de hostilidad del gobierno argentino obliga a reaccionar con firmeza y energía. La nota de la Cancillería uruguaya reclama que se llame definitivamente a concurso de precios con respecto al contrato de mantenimiento del dragado del Canal, asunto que fue origen de profusas suspicacias por el accionar de nuestra contraparte, que terminó favoreciendo a la empresa encargada de este servicio, aumentando el canon que cobra. También la Cancillería reclama la publicación de las actas de las reuniones de la CARP para que todo el mundo pueda evaluar las conductas y actitudes de cada parte.
Pero es necesario ir más allá. Uruguay ha actuado de buena fe y ha concedido, en el marco de un relacionamiento conflictivo y sin contrapartidas, gestos a favor de Argentina que no han tenido la más mínima reciprocidad. Ya no deben existir más gestos unilaterales.
Así como sabemos que el gobierno argentino no está interesado en dragar el Canal Martín García, también sabemos que tiene un interés supremo en la puesta en funcionamiento del Tratado de intercambio de información tributaria entre ambos países. Al punto de denunciar a nuestro país en ámbitos internacionales y buscar perjudicar nuestra imagen y posicionamiento en la comunidad mundial.
Pues bien, es hora de hacer ver a nuestros vecinos que nuestro país también tiene capacidad de afectar al gobierno argentino.
Es insostenible que en este clima, el Parlamento uruguayo trate y apruebe el referido tratado. Hace unos meses se habló de que el Poder Ejecutivo tenía "cajoneado" el tratado, hasta que no hubiera señales de reactivación en los vínculos comerciales con Argentina. Luego se "descajoneó" y, repentinamente, se firmó el acuerdo entre ambos gobiernos.
Sin embargo, el acuerdo requiere, para su vigencia, de la ratificación parlamentaria. Es hora de que el mencionado instrumento regrese al "cajón", a la espera de otras circunstancias y otros tiempos políticos.
Le debería quedar claro al gobierno argentino que si no hay dragado, no habrá tratado. Al menos eso es lo que una estrategia de firmeza y energía aconsejaría para preservar los intereses nacionales de nuestro país.

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