La decisión del gobierno argentino justificando el
freno del proceso licitatorio del dragado para la profundización del Canal
Martín García en informaciones de prensa difundidos en medios uruguayos sobre
eventuales irregularidades o actos de corrupción en torno a este tema, es la
demostración más palmaria de que el gobierno argentino no quiere el dragado y
que va a hacer cualquier cosa para justificar este nuevo bloqueo.
Ahora no nos bloquean los puentes, pero nos bloquean
la navegabilidad. Un acto de agresión tras otro, un gesto de hostilidad tras
otro.
No debe existir muchos antecedentes en el mundo de
las relaciones internacionales de que un Estado argumente que la existencia de
informaciones de prensa provoque el freno a un proceso de acuerdos
binacionales. No es de recibo que la existencia de noticias o rumores de prensa
se conviertan en argumento para bloquear un proceso licitatorio.
Se puede investigar si han existido actos de
corrupción, si realmente el gobierno argentino quiere hacerlo (cosa de la que
tenemos razonables dudas), sin detener el proceso licitatorio. Sin embargo, la
intencionalidad del gobierno argentino es manifiesta, justo cuando quedaban
quince días para cerrar el acuerdo sobre el pliego de condiciones que
dispararía el llamado a ofertas entre las cuatro empresas interesadas en la
tarea, fijando fecha cierta para la adjudicación de la obra, se produce este
nuevo acto de bloqueo.
La profundización del Canal Martín García
representa para nuestro país un incremento significativo de divisas, por la vía
del aumento de la capacidad de carga de barcazas y barcos al aumentar el calado
que, aunque no llega a los niveles óptimos, de todos modos representa una
mejora relevante.
Nadie en el sistema político uruguayo tiene dudas
sobre la transparencia y honestidad de la conducta de los integrantes de
nuestra representación ante la Comisión Administradora
del Río de la Plata ,
ni sobre los funcionarios de la
Cancillería uruguaya. En todo caso, las diferencias que nos
separan de la gestión de la
Cancillería han sido de estrategia y de tono en la energía
que, a nuestro juicio, debe tener nuestro país en la negociación con Argentina,
no solo en este tema sino en varios y diversos asuntos. Estamos convencidos que
para el peronismo y el kirchnerismo la buena voluntad se confunde con debilidad
y no se obtienen resultados positivos.
Este nuevo gesto de hostilidad del gobierno
argentino obliga a reaccionar con firmeza y energía. La nota de la Cancillería uruguaya
reclama que se llame definitivamente a concurso de precios con respecto al
contrato de mantenimiento del dragado del Canal, asunto que fue origen de
profusas suspicacias por el accionar de nuestra contraparte, que terminó
favoreciendo a la empresa encargada de este servicio, aumentando el canon que
cobra. También la
Cancillería reclama la publicación de las actas de las
reuniones de la CARP
para que todo el mundo pueda evaluar las conductas y actitudes de cada parte.
Pero es necesario ir más allá. Uruguay ha actuado
de buena fe y ha concedido, en el marco de un relacionamiento conflictivo y sin
contrapartidas, gestos a favor de Argentina que no han tenido la más mínima
reciprocidad. Ya no deben existir más gestos unilaterales.
Así como sabemos que el gobierno argentino no está
interesado en dragar el Canal Martín García, también sabemos que tiene un
interés supremo en la puesta en funcionamiento del Tratado de intercambio de
información tributaria entre ambos países. Al punto de denunciar a nuestro país
en ámbitos internacionales y buscar perjudicar nuestra imagen y posicionamiento
en la comunidad mundial.
Pues bien, es hora de hacer ver a nuestros vecinos
que nuestro país también tiene capacidad de afectar al gobierno argentino.
Es insostenible que en este clima, el Parlamento
uruguayo trate y apruebe el referido tratado. Hace unos meses se habló de que
el Poder Ejecutivo tenía "cajoneado" el tratado, hasta que no hubiera
señales de reactivación en los vínculos comerciales con Argentina. Luego se
"descajoneó" y, repentinamente, se firmó el acuerdo entre ambos
gobiernos.
Sin embargo, el acuerdo requiere, para su vigencia,
de la ratificación parlamentaria. Es hora de que el mencionado instrumento
regrese al "cajón", a la espera de otras circunstancias y otros
tiempos políticos.
Le debería quedar claro al gobierno argentino que
si no hay dragado, no habrá tratado. Al menos eso es lo que una estrategia de
firmeza y energía aconsejaría para preservar los intereses nacionales de
nuestro país.
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