La credibilidad oficial naufragó en el canal





A las dificultades acostumbradas en lo atinente al dragado del canal Martín García, vino a sumarse en las últimas semanas el escándalo provocado por el conocimiento público de que hubo un intento de coimear al presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), embajador Francisco Bustillo.
Cuando la CARP avanzaba hacia la demorada definición del pliego de obra para el dragado del canal Martín García, la prensa uruguaya informó de un intento de coimear al embajador Bustillo, que este rechazó; se le quiso sobornar para obtener que las tareas de mantenimiento del canal siguieran a cargo de la empresa que actualmente las cumple. El diputado Juan Manuel Garino hizo referencia pública al episodio, pidiendo explicaciones. La reacción del gobierno fue enojarse con Garino y con la prensa. El presidente Mujica se rasgó las vestiduras, dijo primero que si el diputado sabía de un hecho ilícito debía denunciarlo a la Justicia Penal, y poco después agregó que se estaba estudiando la posibilidad de responsabilizar penalmente al propio legislador (¡!). El día 11 de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el comunicado de prensa 20/12, declarando que el embajador Bustillo negaba las versiones de prensa a las que nos referimos. Y el martes 15 de mayo, cuando el ministro Almagro convocó a su despacho a representantes de la oposición para informarlos del intercambio de notas con la cancillería argentina a propósito de estas cuestiones, nada dijo acerca de los hechos en sí. Quienes asistimos a la reunión tampoco hicimos preguntas a ese respecto, ateniéndonos a la versión oficial y declarando, a la salida del encuentro, nuestra confianza en la honestidad del ministro y de todos los integrantes de la delegación uruguaya ante la CARP. En la mañana del día siguiente, el embajador itinerante Julio Baráibar, hombre de confianza política y personal del presidente Mujica, declaró en una entrevista radial que había sido oportunamente informado “con detalles” del ofrecimiento de la coima por el mismo funcionario que lo rechazó (Bustillo), quien había informado también “a sus superiores” (el ministro Almagro); por la tarde de ese mismo día Baráibar ya había presentado su renuncia al cargo que ocupa. Posteriormente, el subsecretario Conde formuló declaraciones a la misma emisora radial, sustancialmente coincidentes con las de Baráibar.
En síntesis: a Bustillo lo quisieron coimear, Bustillo rechazó la propuesta e informó al ministro Almagro. Puede darse por descontado lo que es de cajón,  es decir, que el ministro informó al presidente, pues de no haber sido así y después de todo lo que pasó, este ya tendría que haberlo cesado. Almagro optó por no hacer nada más; no informó a la opinión pública ni tampoco (que sepamos) a su par argentino. Mantuvo en su cargo a Bustillo, lo que demuestra que no dudó de la veracidad de sus dichos, ni de la integridad y seriedad de su proceder. 
Podemos entender que el gobierno, enterado de los hechos, haya optado por mantenerlos en reserva. No estaba obligado a denunciarlos, porque habrían ocurrido en Buenos Aires y la ley uruguaya sólo se aplica en nuestro territorio (salvo excepciones que, a primera vista al menos, no se darían en este caso). El legítimo propósito de no crear más obstáculos en el de por sí complejo y arduo proceso que se espera que un día culmine con el dragado del canal Martín García, explica satisfactoriamente la discreción inicial del gobierno uruguayo.
Pero una cosa es callar lo que no se tiene el deber de divulgar o denunciar, y otra muy distinta es negar expresamente lo que se sabe que es cierto, tratando de engañar así a la opinión pública.Y esto fue lo que hizo el gobierno.
El presidente Mujica le debe una disculpa al país, por haber fingido creer que era falsolo que seguramente sabía que era verdadero.
En cuanto al ministro Almagro, es claro que no puede permanecer en su cargo. No dudamos de su patriotismo ni de su honestidad, pero después de lo sucedido ha perdido credibilidad. Y sin ella, no puede ser el representante del Uruguay ante el mundo.
           

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