COMUNICACIÓN

Por una ley que regule la asignación de publicidad oficial

Datos reciente indican que los tres mayores grupos empresariales titulares de los tres principales canales de televisión se quedan con el 80% de la torta publicitaria, en detrimento de cientos de medios radiales y prensa que languidecen en la pobreza, aún siendo los canales de comunicación de la inmensa mayoría ciudadana. Ese porcentaje significa un piso anual de aproximadamente 160 millones de dólares.

Con un mercado publicitario acotado, el Estado sigue siendo el principal anunciante, y la principal fuente de recursos económicos. A tal punto es así, que el sistema comunicacional colapsaría sin ellos. El problema sustancial está en su distribución. Hasta ahora ha sido discrecional del grupo político dominante y por supuesto motivo de fuerte debate por afectar seriamente los propios cimientos de una convivencia democrática y republicana. Es que en un sistema democrático, la libertad de pensamiento y expresión es un derecho básico. Desde distintas tiendas y desde hace mucho tiempo se plantea la necesidad, cada vez más perentoria, de aprobarse una ley que regule la asignación de publicidad oficial.

El Grupo Medios y Sociedad (GMS), que tiene entre sus referentes al periodista Edison Lanza, ha vuelto a reivindicar la referida ley, precisamente “ante el planteo del presidente Mujica sobre inequidades en la asignación de publicidad oficial.” La propia GMS reconoce que junto a la Organización de la Prensa del Interior (OPI) “ha denunciado en innumerable cantidad de veces la situación que en estos días ha reconocido el presidente José Mujica, sobre la injusta distribución de la publicidad oficial en el sentido Montevideo-Interior”.

 “Saludamos y compartimos – dice GMS -  que el presidente reconozca que el 90% de la asignación de publicidad oficial va dirigida a los medios de Montevideo, cuando hoy existen diarios del interior que tienen más circulación que los de Montevideo, o programas de televisión local que son más vistos que los enlatados importados. No obstante, subsisten otras inequidades y discrecionalidades alarmantes en la asignación de publicidad oficial”, señalando en concreto las siguientes:

1- “Inexistencia de criterios para distribuir la publicidad (muchas veces no importa el tiraje, no importa la circulación, no importa la audiencia, no importan los contenidos). O bien se deja el reparto a las agencias de publicidad, y estas cobran dos veces, al Estado y al medio, y además ingresan la publicidad oficial en sus"paquetes" de trueque; o bien se asigna la publicidad por amiguismo entre los mandos medios de los medios y del Estado.”

2- “Abuso de las ediciones "especiales" de medios de comunicación que son regadas con miles de dólares de publicidad de organismos públicos”.

3- “Inequidad en el reparto entre los sectores de la comunicación: la televisión se lleva la parte del león, la radio va en segundo lugar, y la prensa que más periodistas emplea y es la que realmente hace la agenda informativa es relegada al tercer lugar en dinero asignado.”

4- “Falta de transparencia: No hay transparencia suficiente en la asignación por parte del Estado (debería estar colgada la información en la web de cada organismo como parte de la transparencia proactiva) y el sistema de medios debería ser mucho más transparente”.

 GMS sostiene:”El presidente ha hablado en estos días de medidas paliativas para equilibrar la ecuación Montevideo-Interior. Creemos que la respuesta debe ser más amplia e integral. Al comenzar el período GMS entregó a la SEPREDI un proyecto de ley cuyas bases fueron elaboradas desde la sociedad civil con participación de todos los actores involucrados, pero nunca fue enviado al Parlamento. Creemos firmemente que la solución a este problema es regular. El Estado debe autoregularse a través de una ley en la definición y asignación de publicidad oficial y debe exigir mayor transparencia al sistema de medios”.

Si bien los reclamos han sido oído en parte por el Estado, al menos para la prensa del interior, es justo reconocer que las inequidades persisten. La prensa de “tierra adentro”, decana de los medios comunicacionales del país, entiende y reitera, junto con GMS que se instaure, como Política de Estado, la regulación sistemática y objetiva de la asignación publicitaria. Es una ley imprescindible si se quiere honestamente alcanzar niveles dignos de gestión pública, transparente, democrática, y republicana al servicio genuino del bienestar de todos los ciudadanos sin exclusión.