Regulación de la libertad

Al parecer, ya estaría terminado por la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, el proyecto de ley que pretende –antes de ingresar al año electoral- regular el uso de los medios de comunicación. Este proyecto, que hace un par de años según manifestara el propio Presidente Mujica, al diario “La Nación” de la República Argentina, tendría como destino “la papelera” (ya que según el Primer mandatario, en esta materia “el mejor proyecto es el que no existe”) ha logrado sin embargo, resurgir con bríos y va a ser considerado en primera instancia por el Poder Ejecutivo, antes de remitirlo al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.

Será por confirmar aquello de que “lo más constante es el cambio” o quizás, por reiterar la muletilla presidencial que ha demostrado su aparente inestable estilo: “como te digo una cosa, te digo la otra”, el proyecto en cuestión, a todas luces, goza de buena salud.

Y en verdad, genera suspicacias de todo tipo en quienes aún tenemos capacidad de reflexionar sobre cuestiones que hacen nada menos que al fortalecimiento de las instituciones y principios democráticos y republicanos. ¿Es que acaso, un proyecto de ley de esta naturaleza, no debiera generarlas?

¿Qué garantías puede tener la oposición y la ciudadanía en su conjunto, cuando nos encontramos con un gobierno que cuenta con automáticas mayorías parlamentarias? ¿Podrá darse un verdadero ámbito de discusión y análisis? ¿Se advierte el riesgo que corren las libertades públicas con una ley de este tenor? ¿A quién se responsabilizará en caso de excesos?

En la fracturada sociedad en que nos ha tocado vivir y ver crecer a nuestros hijos, donde la distancia entre los estamentos sociales se ahonda cada vez más, pese al manido sonsonete de la “inclusión social” y la “aplicación de políticas de equidad social” (que con carácter cuasi fundacional, han esgrimido los seguidores de este segundo gobierno “progresista”, olvidando que las inversiones mayores para reducir la pobreza se realizaron en la década del noventa) hablar de “regulación de los medios de comunicación” imponiendo obligaciones y responsabilidades, para que “no todo sea clin caja” no debiera pasar desapercibido.

¿Es que no se advierte el riesgo que tales regulaciones pueden significar? ¿Bastará con mostrar un proyecto de normas bajo un ropaje de “compromiso social”, para que se acepte pacíficamente una limitación a la libertad? Debemos permanecer alertas.

¿No se lograrán minar principios básicos de nuestra república? ¿Dónde queda el derecho a la libertad de expresión? ¿Dónde se ubicará a la libre empresa? ¿Y la libertad de asociación?

Pues las normas jurídicas que ya existen en nuestro ordenamiento jurídico, en todos los niveles, si se aplicaran, comprenderían prácticamente todo el espectro de esta materia tan sensible, que ahora pretende regularse. ¿Pero?

¿Cuáles son los verdaderos intereses que se esconden tras este nuevo “cambio” que se intenta concretar? ¿No se advierte que las “regulaciones” que se anuncian, no hacen más que limitar las libertades civiles a las que no debiéramos renunciar? Poco a poco, y paulatinamente se agiganta la figura de los “entes reguladores”, en desmedro y claro perjuicio de los derechos de los ciudadanos, quienes deben cargar además, con el costo de su funcionamiento.