No puede quedar así

El inspector Eduardo Pereyra Cuadra, coordinador del área metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación, dijo a La República que “Detrás de estos motines hay actores políticos y yo tengo sus números telefónicos”. En otro pasaje de sus declaraciones, referidas obviamente a los sucesos acaecidos recientemente en el Comcar, el inspector Pereira Cuadra agregó que esos actores políticos “le están haciendo la guerra al gobierno” y “están azuzando la situación y poniéndole sal y pimienta a esta ensalada”.

Lo dicho por el funcionario policial nombrado es de suma gravedad; por lo que dice, y por quién lo dice.

No es raro que desde el gobierno se pretenda responsabilizar genéricamente a la oposición, a la prensa o a ambos,  por  cuanto insuceso caiga sobre el país. La población ya se acostumbró  a este tipo de ataque político y no le asigna mayor importancia.

Lo de Pereyra Cuadra es otra cosa.

Él es un funcionario policial, no un dirigente político; debemos suponer que no es ningún móvil proselitista el que lo inspira.

Por otra parte, está hablando acerca de episodios que, además de los grandes daños materiales que causaron (cuyo monto se estima en millones de dólares), alteraron la paz pública, impidieron el libre ejercicio de sus funciones por parte de las autoridades carcelarias y pudieron tener consecuencias  trágicas.

Si efectivamente hubo quienes “azuzaron” o instigaron  a los reclusos a cometer tales desmanes, probablemente hayan incurrido en delito; toca a la Justicia determinarlo. Y si quienes así actuaron son dirigentes políticos, es de interés público que se conozcan sus nombres.

Para que la Justicia pueda cumplir su función y para que la ciudadanía sepa lo que tiene derecho a saber, lo que debe hacer el inspector Pereyra Cuadra  es poner  la información que dice tener  a  disposición de aquélla. Así lo manda el artículo 177 del Código Penal, que tipifica la figura de “Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos”.

Y si el inspector no fuera  por su propia iniciativa al Juzgado, el Juez o el Fiscal de turno tendrían que citarlo para que preste declaración. Lo que está claro es que esto no puede quedar así. Las acusaciones públicamente formuladas por el jerarca policial son demasiado graves como para que se las lleve el viento.