Hace ya unos años, cuando se debía cubrir el cargo
recién creado del Comisionado Parlamentario para el sistema carcelario, una
comisión integrada por legisladores de las dos Cámaras llevó adelante un
profundo proceso de selección guiado por criterios técnicos y profesionales que
derivó en la designación de aquel que resultó ser evaluado como el más idóneo
para el cargo.
El Dr. Alvaro Garcé asumió el cargo sin que fuera
significativa o relevante su pertenencia partidaria; primaron los criterios
técnicos y profesionales.
Creada la Institución Nacional
de Derechos Humanos y radicada en el Parlamento, una nueva Comisión
Parlamentaria bicameral integrada por legisladores de todos los partidos, esta quedó
encargada de trabajar en la selección de los cinco miembros que integrarían la
importante institución. Se presentaron más de treinta aspirantes que hicieron
llegar sus respectivas postulaciones, acompañadas de sus méritos y trayectoria.
Además, la Comisión Parlamentaria
entrevistó a todos los postulantes escuchando de su "propia boca" su
concepción y sus ideas para aportar a la nueva institución en formación. La
normativa que dio origen a esta entidad establece dos criterios básicos, además
de la obvia idoneidad para el cargo, es necesario que haya equilibrio de género
(es decir que en la integración del nuevo organismo debe haber tres mujeres y
dos hombres o tres hombres y dos mujeres) y que, preferentemente, los
candidatos no sean mayores de 65 años.
Las evaluaciones realizadas por los integrantes de la Comisión han chocado con
los criterios de cuotificación partidaria. De hecho, hemos escuchado en los
últimos días a uno de los integrantes de la Comisión reclamar el derecho a elegir los
"tres que le corresponden" a la fuerza política mayoritaria.
Nosotros esperábamos que el logro alcanzado en
oportunidad de la designación del Comisionado
Parlamentario, a nuestro juicio, se reiterara en
esta oportunidad. Ello implicaba que se seleccionaran aquellos cinco candidatos
que presentaran sus mejores capacidades e idoneidades para estos cargos.
Sin embargo, en oportunidad de la sesión de la Asamblea General
las votaciones realizadas en primera instancia dejaron en evidencia que los
votos se alineaban en función de criterios de representación partidaria.
Aquellos candidatos que no estaban
"apadrinados" por su pertenencia partidaria quedaron atrás con
independencia de sus méritos; y se perfilan con más oportunidades los que
poseen el beneplácito de sus respectivos partidos de pertenencia.
El viejo criterio del "3 y 2", aplicado
para la conducción gubernamental o para la conducción de las empresas públicas,
ahora se pretende aplicar a una institución que debe estar por encima de los
intereses y pertenencias partidarias. Los miembros de la Institución Nacional
de Derechos Humanos son como los jueces y los fiscales, no se pueden
seleccionar por cuota partidaria.
Bueno sería que la Suprema Corte de
Justicia o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se integrara por el
criterio del 3 y 2. Hace una semana se designó al Fiscal de Corte con el voto
de todos los partidos, después de haber confirmado que se trataba del mejor
candidato, con independencia de sus eventuales adscripciones partidarias.
Nosotros, a través de la participación de nuestro
Diputado Iván Posada, hemos mantenido, desde el principio, el criterio de votar
a los que consideramos con mejores credenciales técnicas y profesionales; sin
mirar ni tener en cuenta a qué partidos pudieran pertenecer. Nos importa que la Institución Nacional
de Derechos Humanos esté integrada por los más apropiados sin ningún tipo de
cuotificación partidaria.
Sin embargo, vemos que las posturas de los
parlamentarios se van alineando en función de sus respectivas bancadas con el
riesgo cierto de dejar por el camino el criterio de designar a los más
preparados.
Todavía estamos a tiempo de evitar un gravísimo
error. Este no es el Directorio de una empresa pública, este organismo debe
representar a la sociedad y protegerla en el goce efectivo de sus derechos.
Sería bueno que en su integración se tomaran en cuenta las diferentes areas de
la vida en sociedad con respecto a los Derechos Humanos y que, además, se
expresara en la designación de los más idóneos.
De otro modo, se habrá producido un verdadero daño
a una institución que recién se inicia y a la institucionalidad toda, en la
medida que lo que está en juego es la defensa de los derechos de todos los
uruguayos. Se habrá producido una grave afectación a su legitimidad de origen.
Obviamente no seremos corresponsables de semejante despropósito.
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