Explotación de personas

Ya en Setiembre de 2010, la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de su visita a nuestro país, alertó sobre el incremento de casos de trata de personas para explotación sexual.

En especial, de niñas y adolescentes.

Aconsejó la funcionaria diplomática que el gobierno uruguayo debía aplicar las leyes que rigen en la materia (muchas de ellas, internacionales, ratificadas por Uruguay) y enfrentar este tipo de situaciones, corrigiendo problemas que, -advirtió- vulneran la eficacia de las políticas de protección de las víctimas y de prevención de las consecuencias de dichas prácticas, así como hacen inconsistente la lucha contra este tipo de delitos.

Han pasado más de 18 meses. ¿Cómo se ha enfrentado este flagelo? ¿Cuáles han sido las decisiones adoptadas para aplicar la ley? ¿Se han venido subsanando los problemas detectados?

Sabemos que esta problemática no es nueva y que no debe ser posible una solución de un día para otro, pero la noticia de que redes de delincuentes, operan en este rubro y que se han detectado no sólo casos de trata de personas, sino de tráfico de las mismas nos deja entrever al parecer, una muy pequeña parte de este problema. Problema social que, en su complejidad, nos remite a otras áreas del entramado jurídico-normativo y nos demuestra la fragilidad de las políticas aplicadas, en lo que hace a la contención y verdadera inclusión social de personas que por su vulnerabilidad emocional o económica, son a la postre, objeto de este cruel, inhumano y degradante comercio.

Nos debiera conmover como sociedad este tipo de noticias, donde el género ni siquiera importa. Se trata de personas. Niños, niñas, adolescentes, mujeres (incluso algunas de ellas que ya habían ejercido la prostitución y que fueron traficadas al exterior) que, sin otras esperanzas, -en algunos casos- consienten, o son forzados, a ser parte de una relación de “protección y afecto” o de una actividad (que aún contra su voluntad)  les prometen, “cambiará su vida”.

Por cierto, que los costos personales (físicos y psicológicos) de las víctimas que consiguen sobrevivir o ser rescatadas, serán muy altos y su inclusión social, a la postre, incierta. ¿Tiene el Ministerio de Desarrollo Social datos sobre los resultados efectivos de las políticas que viene aplicando en la materia?

Pues los fondos que se destinan a su presupuesto son muy importantes y si bien toda ayuda es bienvenida, nos enteramos de una donación que vino de la Unión Europea, para un proyecto de aplicación de medidas para combatir la trata de personas. ¿Alguien conoce cómo se aplicaron estos fondos? ¿Quién controló su aplicación? ¿Cuáles fueron los resultados?

¡Cuántos sueños rotos! ¡Cuánta ausencia de familia como contención! ¡Cuánta falta de referentes morales! En suma, cuántos valores que fallaron y que, por ser inmateriales, tal vez no se puedan medir ni cuantificar para las estadísticas de los organismos internacionales o los de nuestro país. Y sin embargo, es en ellos en los que debiera insistirse, si en verdad se quiere por un lado prevenir y por otro, disminuir esta suma afrentosa de conductas delictivas deleznables.

Se impone el fortalecimiento de la familia, y la recomposición de valores morales, que insistan en la superación por el esfuerzo con un trabajo digno, que apunten a la verdadera inclusión social, donde la educación familiar y formal será la responsable desde el nacimiento y en etapas posteriores de obtener buenos hombres y mejores ciudadanos.