El canciller Almagro y el prosecretario Cánepa rechazaron
airadamente las críticas a la sesgada actuación uruguaya en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las calificaron de llanas, vacías,
superficiales y falaces. ¡Con qué facilidad pierden la línea!
Los hechos, sin embargo, están ahí. Uruguay votó a favor de
varias resoluciones –no una sola- contrarias a Israel, entre las que hay una
que incluye la designación de una misión investigadora para establecer el
impacto de los asentamientos israelíes sobre los derechos del pueblo palestino;
sin embargo, el representante de nuestro país se abstuvo de votar la prórroga
del mandato del Relator Especial designado el año pasado por el Consejo, para investigar
la situación de los derechos humanos en Irán.
En ambos casos, se trataba de derechos humanos.
Pero votamos a favor de investigar a Israel, y nos abstuvimos
con respecto a Irán; ahí está la disparidad de criterios.
A Israel se lo cuestiona siempre; es el único país al que el
Consejo de Derechos Humanos le reserva, permanentemente, un punto de su agenda
(el séptimo). Casi la mitad de las resoluciones adoptadas por el Consejo desde
su creación hasta hoy están referidas a Israel, lo que ha sido criticado tanto
por el anterior Secretario General de la
ONU, Kofi Annan, como por el actual, Ban Ki- moon, entre otros.
Se ha dicho, y es cierto, que Uruguay vota favorablemente
desde 1998 la resolución que condena los asentamientos israelíes en los
territorios palestinos ocupados desde 1967. Ello demuestra que el ejercicio de
un criterio propio en estos asuntos, sin perjuicio de la amistad con Israel, no
empezó en el 2005 con el gobierno del Frente Amplio. Pero nunca antes habíamos
votado –que yo sepa- el envío de toda una misión investigadora a los
asentamientos. Esta sí es una novedad.
Pero lo alarmante no es eso; después de todo, Uruguay también
recibió la visita de un representante de las Naciones Unidas que inspeccionó
nuestras cárceles y dijo la verdad al respecto, y no nos consideramos agredidos
ni ofendidos por ello.
Lo que solivianta es que mientras votamos a favor de
investigar a Israel, una democracia con todas las de la ley que no ha dejado de
serlo ni aún en medio de las múltiples guerras que debió pelear para
sobrevivir, nos abstenemos de hacerlo cuando se trata de Irán.
El canciller Almagro dice que se trató de una cuestión
meramente “procedimental”, y que la coherencia nos llevó a la abstención porque
también nos habíamos abstenido el año pasado, cuando se votó la designación del
Relator Especial para Irán.
Se equivoca el canciller. No se trata de “cuestiones
procedimentales” sino de derechos humanos; de derechos humanos que están siendo
violados hoy.
La diferencia entre el 2011 y el 2012, que hubiera
justificado holgadamente el cambio de posición de Uruguay, está en el informe
del Relator Especial para Irán, Ahmed Saheed, acerca de sus primeros meses de
investigación (que se puede encontrar en la página web del Consejo de Derechos
Humanos).
El Relator denuncia “un impactante patrón de violaciones de
derechos humanos fundamentales garantizados por la ley internacional”. Señala
un brutal aumento de las ejecuciones oficialmente reconocidas (hay también de
las otras): de menos de 100 en el 2003, a más de 600 en el 2011. Entre los
condenados que esperan su turno en los “pabellones de la muerte”, hay 15
(hombres y mujeres) condenados a morir por lapidación (a pedradas) por haber
cometido adulterio.
Normas penales de absoluta vaguedad; arrestos que duran meses
sin que el detenido conozca los cargos que se le formulan; apremios físicos y
síquicos; juicios que son farsas y que en ¡siete minutos! terminan con una
condena a muerte; durísima represión al periodismo (en Irán hay 42 periodistas
presos, dice el Relator Especial); gente perseguida y castigada por sus
preferencias sexuales, por el grupo étnico al que pertenece (la minoría kurda)
o por sus creencias religiosas (la comunidad Baha’i es duramente perseguida);
la lista de abusos y atropellos que contiene el informe es larguísima.
Con este informe a la vista, Uruguay debió haber votado a
favor de la prórroga del plazo de la misión del Relator Especial, pero prefirió
lavarse las manos. Al abstenernos quedamos en compañía de Angola, Burkina Faso,
Qatar y Uganda, entre otros paladines de los derechos humanos. Países como
Chile, Costa Rica, Italia, México y los Estados Unidos votaron a favor; Cuba y
China lo hicieron en contra, por supuesto.
La disparidad de criterios es flagrante, aunque se enoje el
gobierno, sin que hasta ahora sepamos a qué deba atribuirse este afán
dilapidador del prestigio que el Uruguay supo ganar en otros tiempos.
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