Agresiones a municipales

Desde hace tiempo se vienen registrando hechos de violencia que afectan a funcionarios municipales en el ejercicio de las tareas que deben cumplir y que les son encomendadas dentro de la Ley. Quizá, con mayor intensidad en los últimos dos años, en que se ha constatado una preocupante reiteración de hechos de esta naturaleza, en desmedro no solo de la integridad física de estos funcionarios públicos (circunstancia por cierto no menor), pero a nuestro parecer, observamos que, no debe soslayarse, el claro perjuicio al Principio de  Autoridad que ellos representan (cuando como en la mayoría de sus actuaciones actúan respetando el orden jurídico) y de la institucionalidad que todos debemos colaborar en conservar.

Se trata del respeto a las instituciones democráticas y republicanas que, hacen nada menos que a la existencia misma de nuestra República y que permiten el desarrollo de las distintas actividades que se cumplen en sociedad.

Pues desde aquel aciago hecho en el que un ciudadano cuyo coche iba a ser guinchado, dio muerte al inspector actuante de dos tiros en el pecho, a la trifulca que protagonizaron en Paysandú o la agresión sufrida por inspectores que actuaban en la ciudad de Pando, (donde una agente resultó arrastrada por un conductor infractor) no han cesado las conductas agresivas. ¿Hasta cuándo se habrán de soportar tales inconductas? ¿Cuáles han sido las medidas adoptadas en los últimos años para corregirlas? ¿Se ha profundizado la enseñanza en valores? ¿O sólo se justifican como “conductas reactivas” a determinadas decisiones, o por el incremento en el consumo de drogas, o tal vez, se pretende buscar su raíz en explicaciones sociales y en la modificación o introducción de “nuevos paradigmas”?

Advertimos que estos comportamientos puedan ser propios de inadaptados sociales, pero resulta preocupante como integrantes de esta sociedad, el incremento de tales actitudes y la creciente falta de respeto y de consideración hacia estos funcionarios, con todo lo que ellos deben representar como integrantes visibles de las instituciones públicas a las que sirven.

La organización social debe moverse dentro de un orden normativo básico de convivencia, donde el respeto por el otro, debiera ir más allá de las normas jurídicas que sancionan tales desatinos. Los que, podrán calificarse técnicamente como faltas o como delitos y luego aplicárseles multas o las sentencias penales que correspondan, pero advertimos que, sin fortalecer la educación cívica de nuestros niños y jóvenes, -que luego serán adultos- no lograremos restablecer una contención racional y efectiva que frene este tipo de hechos que nos preocupan y ocupan.

Pues a la enseñanza en valores, habrá de sumársele la de los valores cívicos, que todos debiéramos respetar por formar parte de esta organización social que fundaran nuestros mayores y que tenemos la obligación de conservarla, mejorarla y trasmitirla a nuestros hijos.

De no adoptarse medidas, o simplemente dejar pasar estas noticias como si lloviera, seguiríamos adoptando una actitud alejada del compromiso social, una suerte de indiferencia (propia del “no te metás” y del “hacé la tuya”) que lamentamos comprobar en buena parte de la sociedad, pero que ha ido, silenciosa y persistentemente, afectando nuestro estilo de vida y hasta nuestra particular idiosincrasia como nación.