Los cambios de jerarcas
ministeriales que se concretaron, nos confirman que este segundo gobierno de
izquierda, es fuertemente presidencialista.
Tanto es así que, se han
fortalecido en la órbita de Presidencia de la República, programas y oficinas
que en su creación constitucional fueron pensadas originalmente como de
planificación y presupuesto, transformándolas o pretendiendo mutarlas en dependencias
de ejecución (reservadas a las diferentes áreas de los ministerios que integran
el Poder Ejecutivo) como si no fuera nada el cambio institucional que se
formula. Como si todo fuera lo mismo, y válido en la búsqueda de los objetivos
políticos trazados.
Por ello, la propuesta de colocar
en la órbita de la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) a la DINAMA
(Dirección Nacional de Medio Ambiente) dependiente del Ministerio de Vivienda,
nos confirma en nuestra percepción, de advertir una mayor concentración de
poder en el entorno del Primer Mandatario y esta circunstancia no es menor, a
la hora de tener que ejercerse los debidos controles (más técnicos y
especializados que, políticos) que debieran preservarse para una cristalina
toma de decisiones.
Muchas veces, se ha argumentado
que esta muy especial Dirección Nacional, se ha visto superada por el estudio
técnico académico de los asuntos puestos en su consideración (en los muy
importantes proyectos de inversión que se
presentan) y que su calificado plantel de profesionales y consultores
–que perciben retribuciones por debajo de la media que obtendrían en la
actividad privada- no tienen la posibilidad de responder con agilidad,
conciliando de ese modo, los tiempos de sus respectivas ciencias y análisis,
con los acotados de una administración (que si bien es política, por sobre todo
debe ser pública).
Por ello, se le considera como un
freno al desarrollo, cuando debiera considerarse todo lo contrario,
fortaleciendo su nivel profesional y técnico, destinándosele más recursos, para
que desde la excelencia, se puedan pronunciar sobre los posibles impactos
ambientales que los proyectos de inversión pueden llegar a causar en las más
diversas cuestiones que podamos imaginar. Pues la defensa y protección del medio
ambiente, excede por cierto el período de gobierno de una administración
determinada, y debiera consistir en una verdadera cuestión de Estado, alejada a
veces de los números que hacen al empleo, a la balanza de pagos internacionales
o a las políticas netamente productivas. Alejadas de toda tentación que puedan
padecer quienes concentran el poder público y enfocadas necesariamente al
bienestar general. Bienestar y calidad de vida, del mayor número de habitantes
de este suelo, fin último del sistema republicano de gobierno en un Estado de
Derecho.
Se trata de la protección de
recursos naturales que muchas veces no son renovables o de áreas, donde el
impacto de la inversión a desarrollarse puede modificar para siempre el entorno
geográfico o hidrográfico natural, su flora y su fauna (en algunos casos,
definitivamente y sin que se tenga la posibilidad de recomponer la naturaleza
afectada o sencillamente depredada). Aspectos que el afán de un lucro
desmedido, desatiende, presentándose como impulsor de un desarrollo que a la
postre puede llegar a causar perjuicios inestimables e irreversibles, que solo
opera en beneficio de unos pocos.
Debieran estudiarse en
profundidad los cambios que se están instrumentando, con el fin de ejercerse
los debidos controles, en aras de preservar el necesario equilibrio entre los
intereses en pugna.
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