Pablo MIERES
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Sociólogo.
Fue Diputado entre 2000 y 2005. Es Presidente del Partido Independiente y fue
candidato a la Presidencia
por ese partido.
En el partido de gobierno y en diversas esferas
gubernamentales se ha instalado un debate sobre qué destino tendrán U$ 140
millones de dólares que, según la cuenta del MEF, han quedado por encima del
déficit fiscal proyectado para el año 2011.
Lo primero que se debe tener en cuenta es que estos
140 millones de dólares no sobran, ni constituyen un superávit del Estado. Por
el contrario, estos 140 millones que el Estado uruguayo ingresó, por concepto
de una mejor recaudación, por encima del déficit fiscal proyectado, indica que
el resultado final disminuya el déficit en tres décimas. Es decir que, en vez
de que el déficit, al final del ejercicio, se ubique en el 1.1% del PBI, se ha
situado en el 0.8%.
"En buen romance", el resultado final
sigue siendo deficitario, aunque por debajo de las cifras proyectadas por el
gobierno. No debe olvidarse que este resultado, menos deficitario de lo
esperado, se produce en un momento espectacular de nuestra economía, sin
embargo, aun en tal contexto, el Estado continúa exhibiendo cifras
deficitarias.
Es entonces que surge el dilema sobre el destino de
los 140 millones de dólares. Algunos especialistas reclaman que, en la medida
que el resultado sigue siendo deficitario, estos montos se destinen a generar
un ahorro de recursos que permita dar a la administración un desahogo mediante
la creación de "fondos de contingencia", actuando en forma
anticíclica.
El gobierno ya ha manifestado que no hará tal cosa
y que utilizará esa cantidad para aumentar el gasto proyectado anteriormente.
Dejamos, nuevamente, la constancia de que la puesta en práctica de una política
anticíclica en tiempos de expansión sigue siendo una "asignatura
pendiente" en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. La consigna
dominante en la conducción económica del gobierno sigue siendo: "tanto
tengo, tanto gasto; todo lo que crezco me lo gasto", sin tomar en
consideración la necesidad de hacer las previsiones financieras y económicas
correspondientes, para afrontar en mejores condiciones un eventual cambio de
las condiciones positivas del escenario económico.
Pero la decisión del gobierno ya ha sido expresada
y, entonces, la discusión se dirige inmediatamente a la "pugna" por
los mencionados recursos entre las diferentes reparticiones del Estado. El
MIDES reclama 100 millones, Defensa también reclama una parte de esos recursos
y otros sostienen que el destino debe ser AFE.
Preocupa mucho que el MIDES solicite más recursos
para seguir profundizando una línea asistencialista, que no ha construido un
sistema de contrapartidas y condicionalidades que permitan promover o favorecer
un auténtico proceso de integración social de sus beneficiarios. El enfoque
asistencialista fundado en prestaciones pecuniarias o en especie, sin ningún
tipo de contraprestación, es muy cuestionable y su demanda por mayores recursos
genera una enorme preocupación.
Por el contrario, si se insiste en convertir el
ahorro generado en nuevo gasto público, nos permitimos señalar que hay algunas
prioridades insoslayables que están directamente vinculadas al modelo de país
que se quiere construir.
Si queremos mejorar las condiciones de dignidad en
que vive un importante número de uruguayos, debemos ser capaces de erradicar la
situación horrenda, inhumana e indigna en que viven casi todos los ciudadanos
que están institucionalizados en el Estado. En efecto, las cárceles, los
hospitales psiquiátricos y las residencias para personas no válidas que
administra el Estado uruguayo muestran la peor cara de nuestra
institucionalidad pública.
Es inadmisible que un país que figura en la
categoría de "desarrollo medio-alto" presente la escandalosa
situación de nuestras cárceles, hospitales y hospitales psiquiátricos. No solo
tenemos que hacer una inversión importante para generar las condiciones mínimas
de dignidad para la reclusión de los menores infractores; también debemos ser
capaces de alojar a nuestros enfermos psiquiátricos y de menores ingresos en
instituciones que los alojen en condiciones mínimas de dignidad y decoro.
Hace muchos años que nuestro país asiste pasivamente
al creciente deterioro de su capacidad de atender a los ciudadanos que quedan
bajo su cuidado (presos, enfermos, discapacitados y menores). Hace demasiado
tiempo que aceptamos sin discutir que nuestras cárceles, hospitales y
sanatorios psiquiátricos se conviertan en verdaderos infiernos indescriptibles.
No podemos seguir aceptando pasivamente que se
señale a nuestro país como uno de los peores en el mundo para el trato de sus
presos. No podemos seguir viendo cómo los pacientes de un hospital público
desaparecen sin que ello represente un llamado de atención y aparezcan
fallecidos un par de días después en un patio del hospital.
Estas también son políticas sociales y también
definen el grado de "humanidad" de una administración. Seguramente
tendrán menor rédito político inmediato, pero dicen mucho sobre el tipo de
desarrollo social que queremos impulsar. Seguir promoviendo programas
asistencialistas fundados en el otorgamiento de beneficios pecuniarios
incondicionados o transformar con determinación ciertas realidades oprobiosas
que no son dignas de un país civilizado.
La opción en este sentido, además, también está
vinculada a la capacidad de recrear nuevas condiciones de integración de
nuestra sociedad, que es, además, un fundamento básico para recuperar la
seguridad pública reclamada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario