Marcelo
GIOSCIA
Las crónicas
policiales que toman estado público, han llevado un registro desolador, pues
han constatado un promedio de casi dos fallecimientos por día -debido a causas
violentas- en la primer semana de este año nuevo.
Así, (sin
pretender mencionarlas todas y sólo a modo de ejemplo) al homicidio del pistero
de una estación de servicio al despuntar el mes de Enero a manos de un par de
asaltantes, le siguió la muerte de dos feriantes (padre e hijo) como resultado
de una reyerta ocasionada por el reclamo de presuntos derechos adquiridos en la
informalidad de una feria vecinal; la muerte a plena luz del día de un sujeto
(conocido en su barrio como vinculado a negocios de droga y lavado de dinero) a
manos de sicarios, estremeció a vecinos y a quienes no lo son y trajo a la
memoria aquel operativo anti-drogas en el que participara una magistrado hoy
procesada. También la confusa muerte a manos de un comerciante (cansado de ser
objeto de hurtos y rapiñas) de un sujeto que habría intentado robarlo, no
empaña la saña con que perdieran la vida tres integrantes de una misma familia
(al parecer ultimados a golpes en sus cabezas en habitaciones distintas de su
domicilio) y así, el listado de violencia e inseguridad, parece interminable.
Pero lo que
es peor aún, esta crónica de todos los días, que por sí misma resulta
escalofriante y conmovedora, termina a la postre anestesiando a la ciudadanía,
cansada de este tipo de noticias que, por cotidianas, van acostumbrándola al
relato de hechos de esta naturaleza y poco a poco, esa “sensación de
inseguridad”, va tomando cuerpo en la pérdida de calidad de vida, en la pérdida
de uso de espacios públicos, en suma, en la limitación de la libertad
individual, al tener que permanecer atentos en todo momento y por cuenta
propia, por la seguridad e integridad personal y por el cuidado y conservación
de nuestros bienes.
Es algo que
advertimos, se ha ido perdiendo sin estridencias, pero que se percibe cada vez
más por el conjunto de la gran mayoría de nuestros habitantes. Se ha perdido
calidad de vida, se ha perdido la tranquilidad en nuestros barrios y eso, se
traduce en una lesión muy profunda al que entendíamos, era el modo de vida de
los uruguayos.
¿No se
advierte acaso que, el derecho a la vida y a la seguridad, van de la mano de la
defensa de los derechos al honor, a la libertad, al trabajo y a la propiedad?
¿Acaso no se recuerda que son derechos humanos de primera generación, los que
estamos viendo se vulneran a diario?
Y la
respuesta que recibimos de las autoridades públicas es muchas veces
contradictoria, cuando no, claramente ineficaz. Se persiste en intentar probar
las causas sociales de los delitos, de la violencia e inseguridad que sufrimos,
mientras los hechos se suceden y quienes tienen el poder para enfrentar
legalmente estas situaciones, al parecer no alcanzan a aplicar con éxito las
políticas de seguridad ciudadana que estos tiempos requieren. Tiempos de
mayores recursos financieros y tecnológicos que, sin embargo no producen los
resultados que todos esperamos.
Si a esto le
sumamos el conflicto por reclamos del propio personal policial, cuya
profesionalidad, eficacia y fortaleza institucional debiera estar previamente
resuelto y situarse por encima de todo, el panorama resulta ciertamente
desolador…¿Hasta cuándo se pretenderá dilatar la aplicación de políticas
efectivas?
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