Impuestos

José AMORÍN

Este no es uno, sino dos impuestos. Precisamente, se trata de dos gravámenes que marcan dos líneas distintas del Gobierno. Recuerdo que cuando el señor Presidente Mujica anunció cómo iba a estar integrado su Gobierno, dijo algunas cosas inteligentes. Dijo que en el Ministerio de Economía y Finanzas iban a estar los que saben.  Se suponía que había otro sector del Gobierno –no quiero decir que no supiera sobre estos temas–  que de aquí en adelante llamaremos como “los otros”. Por un lado, están los que saben, capitaneados por el señor Ministro Lorenzo y el señor Presidente del Banco Central, Economista Bergara –que siguen la línea que en su momento marcó el actual Vicepresidente de la República– y, por otro, los otros. ¿Cómo se iba a mostrar esa diferencia? ¿Qué iba a pasar y cómo lo íbamos a ver? Pronto lo constatamos. En el mes de julio del año pasado, cuando hacía poco que había asumido el actual Gobierno, llamamos al señor Ministro Lorenzo para que nos explicara por qué el Subsecretario de la Cartera, Economista Buonomo, había dicho con total facilidad y claridad de palabra que el valor del dólar tenía que estar entre $ 21 y $ 22,  que el Gobierno así lo entendía, y así lo iba a hacer.  Claro está, existía el antecedente del señor Presidente Mujica que, cuando era Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo que si el dólar bajaba de $ 25, se iba. Esto era algo muy fuerte: había sectores del Gobierno que creían que el precio del dólar era una cuestión de voluntad. Entonces, los llamamos y vinieron las dos líneas: el Ministro y el Subsecretario. El primero hizo lo imposible para tratar de explicar qué iba a pasar, y ocurrió lo que todos sabíamos que sucedería. No es tan fácil manejar el precio del dólar: el valor subió durante dos semanas, pero dos meses después estaba a $ 18.  Quiere decir que la economía no es un tema de voluntad sino de realidades.

Hace pocos meses comenzó la discusión de este tema. El miembro informante, que hizo un informe muy largo y profundo, dijo que este punto fue discutido ampliamente en la Cámara de Diputados, pero antes de eso fue analizado por el Gobierno en el Consejo de Ministros. A través de la prensa todos nos íbamos enterando de que iba a existir un impuesto en contra de la concentración de la tierra, precisamente para evitarla. El impuesto no habría surgido de los que saben, sino de los otros; aparentemente, habría surgido en la OPP, donde se habría dicho: “Pongámosles un buen impuesto a los que tienen mucho campo para evitar la concentración de la tierra, que es mala”. Y ahí se empezaron a mezclar una cantidad de cosas como, por ejemplo, la extranjerización. Sin dudas eso es un problema, pero también hay que ser coherente, porque no se puede decir un día que se está encantado con el hecho de que la inversión extranjera aumenta y el país está como nunca, y al otro día decir que es mala la extranjerización de la tierra. No hay que olvidar que buena parte de la inversión extranjera directa consiste en la compra de tierras por parte de extranjeros; esto es evidente. No se puede un día firmar un convenio con Montes del Plata para incentivar a esa empresa  a tener 250.000 hectáreas y al otro día poner un impuesto a los que tienen más de 2.000 hectáreas; eso es incoherente y es, además, lo que empezó a advertir la ciudadanía. Asimismo, vimos a nuestro Presidente, es decir, al Vicepresidente de la República, decir que él no estaba de acuerdo con este impuesto. En lo personal, quiero ser totalmente claro: comparto cien por ciento lo que dijo el Vicepresidente: se trata de señales negativas. Este impuesto no va a evitar la concentración de la tierra, porque ya se probó y fracasó.

El señor Senador Lacalle Herrera preguntó si el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ingeniero Tabaré Aguerre estaba de acuerdo con este impuesto, y el Ministro, que está aprendiendo a moverse en la arena política, dijo que estaba de acuerdo en evitar la concentración de la tierra porque se trata de una buena medida. También dijo que él no planteó este impuesto, sino un impuesto a la renta progresivo. Concretamente, el Ministro dijo que quien tenía más de 2.000 hectáreas debería pagar el 28% de impuesto a la renta en vez del 25%; el que tiene más, un 30%, y el que tiene aún más, el 40%, hasta lo que sea, porque ese sí sería un impuesto lógico y no este que se está proponiendo ahora. Ante la pregunta de si este impuesto va a evitar la concentración de la tierra, el Ministro respondió que no se sabe porque hay muchas variables. En realidad, hay que ver porque no están muy seguros.

¿Qué toma este impuesto? ¿Cuál es su filosofía? ¿En qué se basa? Quien tiene más de 2.000 hectáreas valor Coneat 100 empieza a pagar el impuesto desde cero, mientras que quien tiene 1.800 hectáreas no paga nada. Como dijimos, se toma el Índice Coneat, que fue un trabajo seguramente excepcional que se hizo en la década de los sesenta y que fijó el valor de los campos o su productividad según los parámetros que existían en esa época, es decir, básicamente ganaderos. Ahora bien, desde 1968 hasta ahora pasaron más de 40 años y la explotación del campo es hoy absolutamente distinta. Por lo tanto, el Índice Coneat, que podía ser válido para aquella época, es hoy totalmente injusto. Hay campos de soja con Índice Coneat 100 que rinden seguramente mucho más que campos con Índice Coneat 70. Y no hablo de un poco más, sino de dos, tres, cuatro o cinco veces más. Esto es una especie de réplica del Improme, el Impuesto a la Productividad Mínima Exigible, que fue abandonado por el Uruguay –todo el mundo asume que debía ser abandonado– en el año 1976 porque no era justo, porque no daba más y porque todos estuvimos de acuerdo en que más valía gravar la rentabilidad que esa productividad mínima exigible. Esto es la repetición del Improme para la tercera parte de los campos del Uruguay. No es para todos los campos, eso es cierto; es solamente para la tercera parte del territorio uruguayo. Es un Improme que, repito, se aplica a la tercera parte del territorio uruguayo. Es bastante evidente que los argumentos que se nos dieron no son lógicos y es increíble como en el índice de Gini se basa un gran número de cosas.

Por su parte, el señor que está al frente de la OPP nos decía algo muy interesante. Según él, nosotros no estábamos bien porque si nos comparábamos teniendo en cuenta a quienes tienen más tierras y a quienes tienen menos, veríamos que estábamos un poco peor que Francia. ¿Queremos nosotros un modelo agropecuario uruguayo similar al de Francia? Le pregunté eso al Ministro, aclarándole que el tema agropecuario no es mi fuerte, pero también le expliqué que siempre habíamos escuchado que a nosotros nos cuesta competir con Francia porque ese país subsidia. Ahora bien; ¿queremos ese modelo para nuestro país? Los argumentos que se nos dieron, notoriamente, no son válidos porque este impuesto grava de la misma manera a explotaciones que son totalmente distintas.

Voy a mencionar algunas cuestiones de índole jurídica para demostrar que este impuesto es fuertemente inconstitucional, y también voy a aclarar por qué. El artículo 297 de la Constitución dice que serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por estos, los impuestos sobre la propiedad inmueble, urbana y suburbana, situada entre los límites de su jurisdicción, y a partir de allí se mencionan excepciones. Los impuestos sobre la propiedad inmueble rural –este es el caso- serán fijados por el Poder Legislativo –que es lo que estamos haciendo ahora–, pero su recaudación y la totalidad de su producido, excepto el de los adicionales establecidos o que se establecieren, corresponderá a los Gobiernos Departamentales respectivos. La cuantía de los impuestos adicionales nacionales no podrá superar el monto de los impuestos con destino departamental. Valdés Costa, que es el tributarista más reconocido de Uruguay, dice que no se puede crear un nuevo impuesto a la tierra rural que no sea adicional de la ya existente Contribución Inmobiliaria Rural. El ICIR no es un adicional de la Contribución Inmobiliaria Rural porque tiene una base de cálculo y una estructura totalmente diferentes a las de ese tributo. Eso decía Valdés Costa sobre este tema. Por otra parte, afirmaba que interpretando el inciso en su contexto –el que acabamos de leer–, se llega a la conclusión de que los impuestos nacionales deben ser adicionales al departamental, no pudiendo por lo tanto crearse impuestos independientes, o sea, con un presupuesto de hecho diferente, como son los impuestos a la gran propiedad, con la finalidad extrafiscal de incentivar su subdivisión, o los impuestos a la tierra improductiva, para incentivar la producción. Esta prohibición resulta claramente de que el principio es que la fuente pertenece a los Gobiernos Departamentales y que la única excepción está constituida por los adicionales. Valdés Costa es absolutamente claro en esto y la Suprema Corte de Justicia ha compartido esta opinión en distintas sentencias del año 2004 en las que declaró la constitucionalidad del Impuesto de Enseñanza Primaria por considerarlo un adicional a la Contribución Inmobiliaria urbana y suburbana; vale decir que si el Impuesto de Enseñanza Primaria no hubiera calificado como adicional, habría sido declarado inconstitucional.

En este caso, la recaudación –a diferencia de lo previsto por la Constitución de la República– no la hacen los Gobiernos Departamentales respectivos, sino la Dirección General Impositiva. Además, se crea una suerte de fideicomiso donde se vuelca el producido de los impuestos, que será destinado a la caminería rural; los Gobiernos Departamentales pierden de esta forma potestad sobre el destino a dar a los fondos. Me parece que es bastante claro –al menos yo lo veo con bastante nitidez- que este impuesto es inconstitucional y que vamos a tener problemas al respecto.

Reitero que lo más preocupante de todo esto son las señales encontradas, la incoherencia en el rumbo. El primer punto del Orden del Día de hoy fue el contrato que realizó el Gobierno con Montes del Plata, para incentivar a esta empresa a explotar 260.000 hectáreas. ¿Saben cuánto va a pagar por concepto de impuestos Montes del Plata? Va a abonar US$ 4:000.000 por año. Luego veremos qué sucederá con esa cláusula que dice que de alguna manera se va a contemplar esa situación. A los representantes de Montes del Plata les dijeron que invirtieran, que no iba a haber más impuestos y si los hubiera, por la Ley de Inversiones, se les devolvería su valor. Reitero, son US$ 4:000.000 por año. Ese es el problema, es decir, las señales contradictorias; el problema es lo que dijo el señor Ministro Aguerre cuando le plantearon este tema. ¿Por qué dijo que estaba en contra? Por lo que acabo de expresar. El problema es lo que dijo el Vicepresidente de la República, quien también estaba en contra. Se trata de señales negativas que afectan la inversión, lo cual es lo más grave.

No voy a extenderme más sobre este tema porque muchas de las cosas que iba a manifestar las expuso el señor Senador Abreu pero, de todos modos, quisiera referirme al segundo impuesto, que es el menos debatido. Tan poco discutido estuvo este impuesto que el señor López, representante de la Comisión Nacional de Fomento Rural –quien estaba bastante entusiasmado con el proyecto–, cuando concurrió a la Comisión dijo que abarcaba a los predios de más de 2.000 hectáreas, ante lo cual le expresé que estaba equivocado, que era para todos. Aclaro que esto ocurrió luego de que este proyecto de ley pasara por la Cámara de Representantes; y figura en actas. Entonces, luego de que expresé que el segundo impuesto era para todos, hubo un gran silencio en la sala, y pasamos a otro tema. No sabían lo que se estaba planteando; creían que era un impuesto para los grandes terratenientes y no para todos.

Seamos justos: este impuesto es bastante coherente con la reforma tributaria del año 2007. Sin embargo, el otro impuesto va a contrapelo de todo; el otro impuesto tiene que ver con lo que se dijo que no se iba a hacer cuando se planteó dicha reforma. De  las cosas buenas que tuvo la reforma del año 2007 podemos citar la eliminación de muchos impuestos que no tenían sentido. Pero ahora empezamos a desandar el camino; pensamos en un impuesto para ver si evitamos la concentración de la tierra y con un destino especial, que es realizar la caminería rural. Eso es exactamente contrario a lo que se dijo que se iba a hacer. El impuesto a la renta a la enajenación de inmuebles rurales tiene algún sentido y va en la misma línea que el impuesto del año 2007, solo que es enorme.

Tengo en mi poder algunos números. Depende de cuánto haya sido el aumento de la tierra desde julio de 2007 hasta ahora, pero en algunos casos se va a pagar entre siete y diez veces más que hasta ahora. Reitero, tengo en mi poder algunas cifras, pero son gigantescas y corresponden a todos los campos.

Hace pocos días me llamó una persona que conozco, la cual posee 600 hectáreas en Florida y 200 hectáreas en San José. Me comentó que quería vender las 200 hectáreas para comprar unos campos linderos a las 600 hectáreas que tiene en Florida para hacer una explotación única. Entonces, si uno se pone a pensar, esto es sensato para la productividad, para el país, porque es una cosa lógica, pero no lo puede hacer porque se lo mata con el impuesto; le sacan un pedazo importante del campo de 200 hectáreas y no puede comprar.

Si se trata de un pequeño productor que quiere crecer, cambiando un campo de 300 hectáreas por otro, digamos, de 500 hectáreas en otro lado, eso no lo va a poder hacer porque lo liquidan con el impuesto. Entonces, cuando buscamos la lógica de estas cosas podemos observar algo que es bastante interesante, por ejemplo, en la ley de reforma tributaria. Cuando alguien vende una casa-habitación tiene que pagar un impuesto, pero si compra otra casa, ese impuesto le es restituido. ¿No sería sensato hacer algo similar para campos de proporciones lógicas? No estoy diciendo que al que venda 5.000 hectáreas no le cobren, pero para alguien que quiere crecer, ¿no sería sensato actuar de esa manera? ¿No sería sensato, como ocurre en otros países, que el impuesto se pagara cuando el que venda se retire de la actividad? El que vende para comprar otra cosa no vive de la compraventa de campos, sino de su explotación y eso es lo que tenemos que incentivar. Aquí estamos castigando al que quiere progresar trabajando. ¿Qué le decimos al señor de Florida que quiere vender el campo en San José para tener una sola instalación, de manera de poder producir mucho mejor? ¿Por qué se le impide hacerlo? ¿Por qué se lo mata con el impuesto si con la venta de la tierra no gana nada? Lo único que quiere hacer es vender 200 hectáreas en una zona para comprar otras 200 hectáreas en otro lugar y así poder trabajar mejor, no para hacerse rico. ¿Qué sentido tiene este impuesto? ¿No podemos hacer algo hoy? ¿No podemos pensar y discutir estas cosas para mejorarlas? Reitero, ya existen antecedentes al respecto, como es el caso de la venta de casa-habitación. Cuando uno vende su propiedad y luego compra otra, no tiene que volver a pagar el impuesto sino que, por el contrario, se lo devuelven, obviamente, con algunas limitaciones. ¿Este impuesto es para impedir la concentración de la tierra, cuando hablamos de un señor que vende 200 hectáreas para poder comprar otro campo? ¿Esto es para evitar la concentración de la tierra, para recaudar o para castigar? Este impuesto no tiene sentido.

Repito, ¿no podemos llegar a un acuerdo con respecto a este impuesto?

El otro impuesto me parece que es un desastre, pero conlleva una cuestión ideológica y no lo hicieron los que saben de esta cuestión sino los otros. Ahora bien; este impuesto, que lo hicieron los que conocen del tema, ¿no podemos analizarlo y decir que es injusto? ¿No nos damos cuenta de que no le estamos haciendo un favor al sector agropecuario que, sin lugar a dudas, ha sido el motor de crecimiento del país desde el 2003? ¿No podemos pensar un poco más estos temas? Además, este impuesto, que no se va a cobrar inmediatamente sino cuando se venda el campo, lo que va a hacer es inmovilizar al sector porque el valor que se paga es gigantesco. Se trata del 25% de lo que creció más el ficto, de 2007 hasta ahora. Y se le pega a todos los productores, no solo a Montes del Plata, porque este impuesto también va dirigido al pequeño tambero que vende un campo a fin de comprar algo más grande para poder trabajar con sus dos hijos. ¿Qué sentido tiene este impuesto?

Creo que este proyecto de ley está mal trabajado.

Voy a tratar de explicarme. Supongamos que un tambero posee 200 hectáreas que heredó de su tatarabuelo y tiene dos hijos. En determinado momento le sale un negocio, él juntó unos pesos, y quiere comprar 300 hectáreas. Entonces, concreta la venta el 2 de enero. Si calculamos un precio de US$ 6.000 la hectárea, estamos hablando de que 200 hectáreas valen US$ 1:200.000. Pero supongamos que antes valían la mitad, US$ 600.000. En ese caso, el 25% serían US$ 150.000. Es decir que va a tener US$ 150.000 menos para comprar el otro campo.

Lo que yo digo es que el negocio del señor no es vender campos, sino enterrarse laburando en el campo. Y a ese señor lo están castigando. Por lo tanto, lo que va a hacer es no vender nada y entonces todo se inmoviliza. Esto no es para las grandes extensiones, sino para los pequeños productores que trabajan la tierra. Este segundo impuesto castiga a los que quieren producir razonablemente. Un caso diferente sería si me dijeran que el impuesto se va a establecer para las personas que se van a retirar de la actividad. Si el productor dice: “Yo no estoy más en el campo. Me sirve el precio y me voy para casa”, cóbrenselo. Pero al que va a seguir trabajando en el campo no tiene sentido porque él no gana nada. Él gana con la producción del campo, no con la venta de tierra; va a cambiar un campo por otro. En esto no tengan duda de que la ley está mal, la van a tener que modificar y habrá que hacerlo rápido porque aquí se está inmovilizando un sector de la sociedad que trabaja en el campo y que fue el motor que impulsó la recuperación del país.