Tabaré VIERA
No es fácil rearmar la historia.
La suma de hechos contradictorios,
consecuencia tan solo de los años transcurridos en el marco de un durísimo
enfrentamiento social, a modo de guerra, agravado por más de un década de
silencios democráticos y republicanos, como el impuesto por la dictadura, nos
ponen ante un escenario de prudencia que no por ello supone la pérdida en la
firmeza de las convicciones de un país que nació para desenvolverse sólo en un
estado de derechos.
Pero los claroscuros de nuestro
proceso institucional existieron.
A principios de los años sesenta los
primeros indicios de agresión social se dieron y fueron creciendo, dejando en
evidencia que el país transitaba lenta pero sostenidamente hacia el quiebre al
menos del relacionamiento social más básico, más elemental, aquél que el sano
juicio ubica en respetar la voluntad de las mayorías más allá de motivaciones o
intereses secundarios.
Como popularmente se dice, con el
diario el lunes es fácil debatir, interpretar y juzgar los hechos del pasado,
pero es tarea de todos fijar posición sobre el presente y el pasado no es ajeno
a él. Es difícil no entender las motivaciones de los familiares de detenidos
desaparecidos o torturados en el marco de la dictadura: esa es una cuestión de
sensibilidad que está más allá de la razón. Pero esto no obsta a comprender
también que antes de 1973, cuando la democracia era plena, cuando los
legisladores de la oposición votada por el pueblo libremente tenían derechos
como minoría para interpelar a los ministros y hacerlos caer, también cohabitaba
en el país la violencia desde sectores subversivos que funcionaban desde las
sombras, desde la clandestinidad y el secreto.
Y en ese mismo país, la oposición
durante años se negaba a defender el estado de derecho con medidas prontas o urgentes de seguridad, ante
las bombas molotov que arreciaban o los secuestros que ocurrían, o por el
simple robo de bancos o financieras con el fin de hacerse de dineros para
sostener sus emprendimientos de derrocamiento del poder institucional legítimo.
Y esto hay que reafirmarlo: en Uruguay
hubo –sí- terrorismo de Estado cuando después de 1973 se sucedieron torturas y
crímenes perpetrados por militares o policías que dependiendo del Estado
–aunque sea mediante un mando de facto-, como también lo hubo antes de 1973
cuando un grupo de iluminados decidió cambiar el Gobierno del Uruguay mediante
la acción guerrillera.
Téngase en cuenta que ese era el
objetivo: derrocar al Presidente de la República y cambiar el modelo social del
Uruguay. En ese emprendimiento ensayaron unos antes y otros después tupamaros y
comunistas como si levantarse en armas contra el la ley y el orden fuese un
mérito más que un demérito.
* * *
Sin embargo hoy, a 38 años de caída la
vieja democracia, las luchas internas lanzan al campo de lo jurídico el debate
sobre el sano juicio que debería recaer sobre quienes siendo policías o
militares mataron o torturaron, removieron tumbas para desaparecer la prueba de
la muerte, o intentaron hacerlo para borrar de la memoria el crimen cometidos
cualquiera haya sido su motivación.
Los demócratas y republicanos no
entendemos de tumbas abiertas en soledad, ni de lápidas sin leyenda; quienes
profesamos el batllismo como una forma de vida estamos obligados a mirar el
pasado co n la misma rigurosidad que pretendemos para el futuro.
Quizá por eso hemos sido cautos al
escuchar al Dr. Javier Miranda, ex abogado de Familiares de Desaparecidos y hoy
titular de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del MEC. En alusión a la
aparición de restos como prueba de las muertes primero, y de la operación de
desentierro después, la que si bien no aparece probada es un hecho que ocurrió,
Miranda dijo sobre los militares que actuaron en esas operaciones que, “… esos
no eran ni generales ni coroneles. El que manejó la máquina para desenterrar no
era ni general ni coronel. Seguramente era un soldado de bajo rango en la
jerarquía militar. ¿Por qué no brinda información? Una hipótesis plausible es
que esté amenazado. Que le digan: “Usted no habla”, “acá no habla nadie”, “acá
nadie se mueve”. Yo quiero ver si puedo aflojar esa presión. Y me parece que
sería un buen gesto de la conducción militar de hoy que dijera: “Señores,
exhortamos a que hablen”.
Interesante posición la de Miranda,
plausible. Pero la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que
un momento actuó como regulador del sistema más allá de sus imperfecciones
jurídicas, ahora fue derogada o anulada, desintegrada bajo el argumento de que
la Corte Internacional la rechazaba y que por tanto Uruguay debía restituir su
pleno Estado de Derecho.
* * *
Si ese argumento fuese válido y si el
país se merece cumplir con todo lo que disponen las organizaciones
internacionales de la que es parte o socio, bien debería cumplirse, también y
sin demoras, con la resolución aprobada por la Sexta Reunión Plenaria de la OEA
del 30 de junio de 1970, coincidente con la época de la plena democracia en
Uruguay.
Ni el Dr. Miranda ni el Gobierno, y
mucho menos la Justicia del Uruguay han al menos citado de modo piedeletrista
esta resolución, que no sólo es respetable en el texto, sino más aún por su
contexto.
Y dice la resolución de la OEA:
“Que con frecuencia y gravedad
crecientes están ocurriendo en este Continente actos de terrorismo y en
especial secuestros de personas y extorsiones conexas con estos últimos.”
“Que tales actos han sido calificados
por el Consejo Permanente de la Organización, en su resolución de 15 de mayo de
1970, como crímenes de tal manera
crueles e irracionales que atentan contra el espíritu mismo de clemencia de los
pueblos americanos y constituyen delitos del orden común, cuya gravedad los
hace de lesa humanidad.”
“Que los pretextos políticos o
ideológicos utilizados como justificación de estos delitos, no atenúan de modo
alguno, su crueldad e irracionalidad ni el carácter innoble de los medios
empleados, como tampoco eliminan su calidad de de actos violatorios de los
derechos humanos esenciales.”
* * *
Siguiendo estos criterios la OEA
determinó como crimines de lesa humanidad los perpetrados por los movimientos
subversivos que operaron en Uruguay antes de 1973, cualquiera haya sido su
denominación, motivación o fin.
Para el Dr. Miranda hoy desde un cargo
de Gobierno su norte además del expuesto debería ser cumplir y hacer cumplir
disposiciones como la citada, promoviendo ante el Gobierno la igual de delitos
de lesa humanidad hayan sido cometidos por policías, militares como por quienes
desde las sombras atentaron contra la vida, secuestrando y asesinando personas
en la búsqueda del derrocamiento de un Gobierno tan legítimo como el instalado
por la vía democrática en la década de los años 70.
Sólo en la igualdad de criterios podrá
encontrarse la legitimidad suficiente que habilite una salida posible.
Todo lo demás se asemeja mucho a la
venganza, no a la Justicia.
Por eso lo del principio, no es fácil
rearmar la historia.
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