Luis HIERRO LÓPEZ
Vicepresidente de la República
(2000-2005)
No sólo es posible mejorar la
situación de la seguridad pública, sino que además es imperioso hacerlo si
realmente deseamos construir un país moderno y avanzado, porque la sociedad no
cambiará ni mejorará si se encuentra o se siente en estado de indefensión,
entre la incertidumbre y el temor.
Hay un fuerte vínculo entre la
seguridad pública, las garantías individuales;
la formación y el crecimiento de las personas y el desarrollo de los
países, por lo que el retroceso que vive Uruguay con sus actuales niveles de
inseguridad - que son muy altos con relación a los que tuvimos en el pasado
reciente, que es la única comparación que importa – es un escollo muy
importante para el futuro del país.
Para cambiar esta situación se
requiere una conjunción de acciones, muchas dependientes del gobierno y otras
provenientes de la sociedad, de las ideas y de los comportamientos, y es allí
donde nuestro Partido puede influir de inmediato.
Es indudable que la ola delictiva
tiene muchas causas, económicas, sociales y culturales, pero es igualmente
evidente que el país no puede quedarse en la explicación de los hechos. La
sociedad, el Estado y el Gobierno tienen que reaccionar con toda su energía y
su inteligencia para recobrar los sentimientos perdidos de seguridad y para
devolver a los uruguayos las sensaciones y las realidades de tranquilidad y de
paz. Es peligroso para el destino de un pueblo vivir con miedo, porque el miedo
suele provocar reacciones exageradas o innecesarias. Y es riesgoso advertir que
las autoridades se ven superadas o se dejan ganar por la inacción. Eso provoca
un profundo sentimiento de indefensión y de inseguridad y finalmente, de
desconfianza en el propio Estado y en la Democracia.
Mencionaremos aquí algunos de
esos puntos cruciales que el Uruguay debe encarar, tareas imprescindibles más
allá de la orientación que tengan los gobiernos en el futuro.
EL EJERCICIO NATURAL DE LA
AUTORIDAD DEL ESTADO
La actual crisis en materia de
seguridad pública está asentada en causas de larga duración, pero también se ha
acelerado por la inacción de los gobiernos del Frente Amplio, que se han dejado
llevar por confusiones y prejuicios ideológicos que han dejado al Estado en una
situación de indefensión.
En cualquier circunstancia en que
se encuentre un país – de crecimiento económico o de recesión, con poco
desempleo o con mucho – es obligación de los Estados custodiar la vida y los
bienes de las personas, previniendo y reprimiendo el delito.
Darle un signo ideológico o una
explicación sociológica a las actividades delictivas es un acto de ingenuidad
que se paga caro, además de ser un ejercicio intelectual inconducente, porque
en los hechos las interpretaciones materialistas y unilaterales que practicaron
los jerarcas gubernamentales desde 2005 para acá, sosteniendo que la
delincuencia se generaba por la anterior extensión de la pobreza, han fracasado
rotundamente, al comprobarse que el delito siguió aumentando pese a que Uruguay
vivió, como reflejo de la situación internacional, un período de crecimiento económico sostenido y permanente como nunca
antes se había dado. Según la interpretación en boga, el delito debió haber
bajado, pero fue al revés.
Tampoco alcanza con el pretexto
de que la sociedad es igualmente violenta en todo el mundo y que el azote de la
droga se ha instalado en todo tipo de países. Hay ciudades y regiones que han
logrado un abatimiento extraordinario de la ola delictiva, por lo que no
tenemos que resignarnos.
Los gobiernos tienen que dar
señales claras de que están dispuestos a combatir al delito. Eso no es de
izquierda o de derecha, eso es sentido común. Los países y los Estados tienen
que demostrarle a las organizaciones delictivas una férrea voluntad colectiva
de imponer la ley y de cuidar a las personas. Si, como ocurrió en el período
pasado, el centro de atención gubernamental fueron las personas recluidas en
las cárceles y no sus víctimas, la señal que se dio es la contraria. Eso no
solo resultó ingenuo, sino que terminó siendo nocivo y peligroso.
Además, los populismos trasmiten
una serie de pulsaciones sociales y culturales que se convierten en
contravalores: facilismo, irresponsabilidad, igualación hacia abajo,
asistencialismo, todo lo que genera un clima propicio para el no cumplimiento
de la ley y para el crecimiento de la condescendencia o la dejadez. En Uruguay
eso se tradujo, por ejemplo, en la insólita situación creada con los carritos
de los hurgadores, una clara expresión de retroceso social y urbano; o en la permisividad para corregir la
situación de las personas sin hogar, que ocuparon los espacios públicos ante la
pasividad de las autoridades. Expresiones similares de esa actitud se daban
cuando, ante una denuncia de la existencia de una boca de pasta base en un
barrio, se argumentaba que no se iba a actuar de inmediato para profundizar la
investigación, profundización que luego nunca llegaba. O cuando desde la cúspide del Estado se
defendía a “los muchachos”, los menores delincuentes, aunque cometieran
cualquier tropelía. El colmo se produjo hace poco cuando un gobernante local
encontró lógicos los robos en un barrio residencial porque allí viven los
ricos.
Esa mezcla de solidarismo mal
entendido, de asistencialismo y de ausencia de responsabilidad fue creando un ambiente propicio para la
extensión del delito, con un discurso oficial que lo justificó. La sociedad
perdió en buena medida sus valores, el apego por la ley y una clara distinción
entre el bien y el mal.
A su vez y respondiendo a sus
antecedentes, el Frente Amplio no ejerció la autoridad del Estado por temor a
ser acusado de autoritarismo, cuando en realidad para conducir a la Policía y
para combatir al delito sólo se requiere ejercer la autoridad del Estado dentro
de la ley. No se trata de aplicar mano dura ni de adoptar la tolerancia cero,
sino meramente se trata de aplicar la ley. Las señales dadas por los gobiernos
del Frente Amplio, sobre todo en el período 2005 – 2010, fueron en el sentido
contrario, con lo que la Policía perdió el sentido de la verticalidad y del
mando. Las organizaciones delictivas vieron facilitada su actuación.
Además de esa carencia tan
importante con relación al uso legítimo de la autoridad del Estado, el Frente
Amplio tiene otra dificultad para ejercer el mando: aún desconfía
históricamente de la Policía, sospecha de su condición institucional y moral.
Así lo han confesado algunos dirigentes frenteamplistas, reconociendo que
todavía influyen los prejuicios de tiempos de la dictadura.
En esas condiciones, es muy
difícil que los gobiernos puedan actuar con seriedad y eficacia. El relato
sobre las gestiones de los ex ministros de Interior desde 2005 para acá sería
muy ilustrativo al respecto.
Hubo algunas reacciones positivas
y la señal que ofrece actualmente la Policía con los mega operativos en los
barrios va en la dirección adecuada, ya que es imprescindible recuperar el
control de los espacios públicos y asegurar que no haya territorios
inaccesibles para la autoridad policial. La duda que queda sobre la eficacia de
los mismos tiene que ver con la enorme publicidad que tienen, convirtiéndose en
shows policiales. Sería mejor que se hagan más sorpresiva y discretamente.
DEMOCRACIA, INCLUSIÓN, CIUDADANÍA
Es evidente que la política de
seguridad debe ser de larga duración y por lo tanto requiere el acuerdo de
todos los Partidos. Por ejemplo, para modificar el mecanismo establecido por el
artículo 222 de la Rendición de Cuentas de 1964, se requiere un proceso largo,
que seguramente superará el período de un gobierno. Por lo tanto, debe haber
perseverancia en la misma dirección, comprometiéndose los Partidos a no cambiar
las grandes líneas pactadas.
En este período se arribó en
agosto de 2010 a un acuerdo parlamentario para impulsar propuestas comunes.
Pero ese acuerdo no se ha aplicado como corresponde. El clima de entendimiento
es cada tanto lesionado por las autoridades, que hacen prevalecer sus visiones
partidarias o ideológicas. (El propio Ministro del Interior, en una tribuna partidaria,
volvió hace poco a responsabilizar a los gobiernos anteriores a 2005 porque sus
políticas económicas provocaron un auge de la delincuencia juvenil, atacando
por lo tanto a otros Partidos con los que tiene necesariamente que acordar.)
Además de tener capacidad para
generar acuerdos políticos y legislativos y mantenerlos en el tiempo, es claro
que hay que tener una visión global sobre las políticas integrales, que
incluyan diagnósticos y medidas adecuadas en materia carcelaria, antidrogas,
judicial y de recuperación de los menores delincuentes. No abundamos aquí sobre
la política de represión del consumo y tráfico de drogas, porque ella será
analizada en otro taller del Congreso Ideológico.
Desde nuestro punto de vista, la
respuesta más completa ante todos esos desafíos es que hay que expandir la
democracia y la ciudadanía para garantizar un abatimiento de la delincuencia.
Suponiendo que los niveles de inclusión social y económica serán crecientes,
una sociedad como la uruguaya tiene que reconstruir el tejido social con un
renovado modelo que fortalezca la democracia y la ciudadanía, garantías de la
civilización y de la convivencia armónica.
Pero todo ello es el fondo de la
cuestión. Mientras tanto la Policía tiene que vivir una importante transformación,
para dar respuestas más profesionales y eficaces.
HAY QUE CAMBIAR EL MODELO POLICIAL
Aún en estos tiempos en los que
ha bajado el desempleo, la Policía sigue siendo bolsa de trabajo de la
sociedad, a la que acuden personas sin vocación ni preparación para esa
profesión pero que encuentran allí un medio de vida.
Recientes encuestas e
investigaciones indican que una considerable proporción de policías no se
encuentran motivados ni comprometidos con su función y que si pudieran,
tendrían otro trabajo. Son frecuentes los casos de alta tensión laboral y
atención psicológica.
Es decir que, siendo la Policía
una institución pública monopólica que
debería imponer las condiciones de ingreso, se ve sin embargo sometida a las
reglas del mercado laboral, sin poder reclutar al personal según sus propias
necesidades y cediendo ante la presión de la demanda. En las oportunidades en
que se aumentaron las exigencias de ingreso, disminuyó claramente la cantidad
de aspirantes.
Como consecuencia de todos estos
procesos, el modelo policial que prevalece es cuantitativo, existiendo la idea
de que el país necesita más policías para enfrentar al delito, motivo por el
cual cada tanto las autoridades rebajan los requisitos de ingreso para poder
contar con más personal en forma inmediata, lo que es contrario al concepto de
“carrera policial” que es el que debería imponerse para lograr una Policía más
eficiente y mejor organizada.
Tiene que haber una carrera
profesional más exigente y competente y los policías deben ingresar a ella con
el sexto año de secundaria aprobado y egresando como licenciados en
criminalística.
De esa forma podrá cambiarse el
modelo cuantitativo por uno cualitativo, en el que tengamos policías bien
pagos, altamente profesionalizados y vocacionales. No es una quimera: otros
países similares al nuestro, como Chile, han recorrido ese camino y lo hicieron
con éxito.
EL VALOR DE LA OPINIÓN PÚBLICA
Para que las políticas de
seguridad pública tengan éxito o por lo menos provoquen la aceptación de la
mayoría de la población, la información oficial debe ser confiable, las
estadísticas sobre la cantidad de delitos deben ser indesmentibles y la gestión
debe ser absolutamente transparente.
Esos requisitos no se cumplen
actualmente en nuestro país, donde se han cambiado los criterios estadísticos
sin fundamentos y se relevaron a los jerarcas de las oficinas respectivas
aparentemente por ajustes de las internas partidarias. Si hay una manera directa
de provocar la desconfianza de la población es esa, a través de una
intervención directa e indebida de las autoridades en las estadísticas
oficiales. Habría que generar información objetiva y neutral – quizás en alguna
otra esfera estatal – sobre la evolución del delito, para restaurar la
confianza del público.
No hay procedimientos y
mecanismos eficientes para que las víctimas de rapiñas o de hurtos reclamen
ante la Policía. En 1998 impusimos en el Ministerio del Interior el
funcionamiento del servicio telefónico 0800-5000, que tenía esa finalidad. Pero
ahora se usa ese servicio con otros criterios. La denuncia ante la Comisaría
suele ser un trámite lento y sin destino, sabiéndose de antemano que no habrá
ninguna respuesta concreta sobre las averiguaciones. Hay que pensar en la
creación de una institución o instancia externa que permita poner en marcha las
apelaciones que correspondan, para que la Policía deba responder e informar.
Cunde, tanto en la sociedad como en el Estado, una especie de desidia aceptada,
una resignación en el sentido de que no se podrá profundizar la investigación,
motivo por el cual muchos delitos ni siquiera son denunciados, porque la
denuncia sería solamente una “pérdida de tiempo”. Esa conducta es nociva y hay
que revertirla, porque la Policía, como cualquier otra institución pública,
debe rendir cuenta de sus resultados.
En el mismo sentido, cabe
recordar que la población no tiene acceso a la información estadística sobre la
acción de las Comisarías, por lo que no sabe cuántos procedimientos fueron
eficaces, cuántos robos hubo en el barrio, cuántos se investigaron, cuantas
personas fueron detenidas y cuántas procesadas. Así como la sociedad
contemporánea reconoce cada vez más el derecho de los ciudadanos a juzgar el
funcionamiento de la policlínica o de la escuela o liceo del barrio, debe
reconocerse el derecho de la gente a juzgar la actuación de las Comisarías. Eso
requiere llevar adelante una gran tarea de transparencia, que es superior y más
profunda respecto al buen vínculo que se ha logrado con la instalación y
funcionamiento de las comisiones barriales.
La seriedad en el manejo de la
información que debe dar el Estado, la transparencia de las actuaciones y la
participación constructiva de la opinión pública – no como una mera expresión
de protesta – son factores muy importantes en el diseño de las nuevas políticas
de seguridad.
LA POSICION IDEOLÓGICA DEL PARTIDO COLORADO
La campaña de recolección de
firmas para convocar a un plebiscito de reforma constitucional que imponga la
imputabilidad de los menores, ha sido y es positiva para el país y para los
intereses del Partido Colorado. Posiciona a nuestra colectividad en la
vanguardia social y política en un tema que es de un gran impacto en la opinión
pública.
Sin embargo, nuestros aportes e
ideas no pueden ni deben quedar reducidos a esa iniciativa, por varios
argumentos que se enumeran a continuación.
1) No podemos trasmitir la impresión de que sólo bajando la edad
de imputabilidad penal los problemas que el país vive en esta materia
comenzarán a resolverse. La Propuesta del Partido es más amplia que esa
interpretación simplista, pero quizás eso es lo que reciba algún sector de la
población. El Partido debe insistir con una divulgación racional de su iniciativa de reforma constitucional, teniendo en cuenta
todos los factores que la impulsan.
2) El Batllismo, que ha hecho de la educación y de la
valorización del hombre un axioma, no puede resignarse a pensar que sólo las
medidas de reclusión son eficaces para los delincuentes jóvenes. La reclusión
será inevitable según la gravedad de los delitos, pero su rehabilitación deberá
ser una prioridad. No podemos arrinconarnos en la idea de que un joven es
irrecuperable, aún cuando sus antecedentes sean peligrosos. Tenemos la
obligación de exigir que el Estado y la sociedad realicen todos los esfuerzos
que sean necesarios para rescatar a ese joven delincuente y darle un destino
más digno que la marginación cultural, la violación de la ley y el retorno al
delito. Los batllistas, a partir de
nuestra concepción humanista, sabemos
que en todas las personas existe un potencial, una habilidad, una
riqueza que debe ser apoyada, facilitada, para que desde el esfuerzo individual
las personas puedan superarse.
3) Cuando la Convención Nacional dispuso recorrer el camino de la
baja de la edad penal, quedó claro que la posición ideológica de nuestro
Partido no era reaccionaria ni conservadora, sino el mero reconocimiento a un
hecho social y cultural que viene dándose en todas las sociedades. Pero para
evitar que los adversarios nos etiqueten y nos ubiquen en la derecha – que es
lo que el Frente Amplio hizo en el pasado, con éxito relativo; y procura
hacerlo ahora otra vez – el Partido debería acompañar su prédica pública a favor
de la rebaja de la edad penal con un mayor énfasis en las ideas de vanguardia
que hemos venido desarrollando en materia educativa. Nadie pudo presentar un
conjunto de ideas tan avanzadas en materia educativa como las que manejó el
Partido Colorado en los últimos años y se da la contradicción de que aquellos
que se autodefinen de izquierda y creen ser los progresistas, se encuentran en
una total orfandad ideológica y una enorme confusión intelectual al momento de
tener que imponer reformas en la educación.
4) Por lo tanto, la instalación de escuelas y liceos de tiempo
completo, la universalización del preescolar de tres y cuatro años, la
consagración de más horas de clase y el resto de las iniciativas similares que
nuestro Partido ha generado, deben seguir siendo nuestras mejores banderas para
garantizar una mayor inclusión de los jóvenes, para que haya más democracia y
mejor ciudadanía, que es la respuesta cultural y de fondo que el país debe dar
a los fenómenos de desintegración social. El
tradicional eje batllista de inclusión social, que comprende los
conceptos de educación- empleo- ciudadanía,
no ha sido superado por otro modelo de intervención social, menos por
los actuales planes de asistencialismo
5) Tras la guerra de 1904, Batlle y Ordóñez sintió que la
reconstrucción del país y la superación definitiva de los enfrentamientos
armados y las guerras civiles iba a venir de la mano de la extensión de los
servicios educativos. Era imprescindible que el Uruguay de entonces viviera un
importante cambio cultural; se había terminado el siglo de la violencia y
empezaba un siglo de la paz y la democracia. Había 200 escuelas y se duplicaron
en poco tiempo y se crearon los liceos departamentales y nocturnos, con lo que
se abrió un nuevo horizonte cultural e intelectual para los jóvenes y para la
población en su conjunto. Ese mandato ideológico y ético y lo que significa
como señal de identidad, debe seguir orientando nuestras posiciones.
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