Hacia el caos institucional


Tabaré Viera Duarte

En las últimas horas crece el enfrentamiento entre el Consejo de Enseñanza Secundaria y las autoridades de la ANEP por el llamado Promejora (Proyecto de Mejora de de la Educación) aprobado por el Codicen.
Ya no solo tenemos una educación decadente, con los peores índices de repetición y deserción, ahora hay una verdadera crisis de autoridad, el Consejo de Secundaria se "sublevó" y anunció que de acuerdo a su autonomía legal no acepta el mandato de publicar dicho proyecto.
El ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, dijo que el Poder Ejecutivo "va a seguir con mucha atención y preocupación" el conflicto entre Codicen y Secundaria y que "en un contexto de construcción de acuerdos esto configura una situación de alarma".
Por otro lado, nuevamente el presidente Mujica amenazó con destituir a los miembros representantes del P.E. en Secundaria.
La responsabilidad de esta situación es del gobierno del FA, el que debe dejar de "preocuparse" para "ocuparse"  de la solución y además  acabar, de una vez por todas, de amenazar  con ceses, para tomar las medidas definitivas para mejorar un problema de gestión que es el verdadero problema de fondo en la enseñanza.
El verdadero principio de este caos está en la mala ley de educación que se aprobó a fines del periodo de gobierno del Dr. Vázquez. En ella se claudicó el viejo principio de "no a la cogestión" en la administración pública, para entregarle, por el contrario, a las corporaciones sindicales el manejo de la misma, como ha ocurrido en varias áreas de la vida nacional.
Mientras el oficialismo no esté dispuesto a discutir esta ley para cambiarla, no habrá soluciones,  por el contrario el Uruguay se sumirá cada vez más en la degradación de la educación de nuestros muchachos.
Defendemos la existencia y la participación de los sindicatos, así como también el derecho de los trabajadores a agremiarse y luchar por sus legítimos intereses. Pero esos sindicatos deben ceñirse a los asuntos estrictamente laborales. De lo contrario estamos como en la Italia de Mussolini. Ese fue el planteo ideológico del fascismo:  el poder en manos de las corporaciones.
También nos parece claro que los docentes deben participar con su opinión en los aspectos técnicos de la educación, pero para eso ya existen las Asambleas Técnico Docentes (ATD).
Lo que no es admisible y está ocurriendo, es que desde el sindicato se trabe o se pretenda administrar lo que concierne a la sociedad toda. Para ello están los representantes legítimamente electos por la ciudadanía.

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En el tema educación, la oposición y en particular el Partido Colorado, hemos tratado de ayudar desde siempre. Participamos de la comisión multipartidaria al comienzo de esta administración, además presentamos ideas de medidas especiales y proyectos de leyes para contribuir al debate y la concreción de los objetivos nacionales.
El pasado once de octubre concurrió al Senado el Ministro Erlich, acompañado de las autoridades del Codicen, en régimen de Comisión General. Luego de un largo debate, por unanimidad, firmamos una declaración que entre otras cosas puso un plazo de cuarenta y cinco días para que las autoridades de la enseñanza elevaran al Presidente de la República un plan para mejorar la educación en el Uruguay.  Este plazo vence antes de fin de mes. ¿Qué novedad hay? Que el Consejo de Secundaria anuncia  a través del representante del sindicato, que no acepta la autoridad del Codicen.
Si al finalizar el plazo no tenemos respuesta a lo acordado, si no tenemos una propuesta para discutir y aportar nuestras ideas para mejorarla, propondremos recorrer el camino de la interpelación al ministro y llegar a la censura si estuvieran los votos. Quizá con ello le demos a Mujica  el argumento para ejercer su autoridad y actuar en forma drástica con quienes no reconocen  ni siquiera su buena voluntad de diálogo y espíritu participativo.

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Hace un tiempo vengo sosteniendo que a través de distintas acciones, el presidente Mujica continúa  aumentando la concentración de poder en la Presidencia de la República y que esto no es bueno para la salud de la democracia de nuestro país.
Alertamos además, que mediante su estilo personal tan particular, Mujica avanza hacia un modelo de gobierno alejado de todo rigor institucional. Hace anuncios, a través de una audición de radio de temas que ni siquiera los ministros del ramo están enterados, como ocurrió con el impuesto al agro, el que hasta ahora no ha logrado consenso ni dentro de su propia fuerza política. O convoca a los ciudadanos a donar parte de sus salarios para financiar un plan de viviendas, que precisamente bautizó “Juntos”. Como si no existiera un ministerio especializado en la materia y como si con voluntarismos se pudiera solucionar la falta de viviendas de una nación; acabó poniéndolo en el presupuesto nacional y en la órbita de la presidencia.
Los sindicatos a través de destacados miembros están, además de en la enseñanza,  en la dirección de empresas públicas, de la salud y en varios lugares claves de la administración central.
Precisamente, la otra noticia de la semana fue la suspensión de un funcionario de ASSE por hacer declaraciones a la prensa, en el marco de una lucha sindical por el poder en Salud Pública. Un acto de clara censura,  inadmisible en un estado de derecho ¿Desde cuándo un funcionario no puede hablar en público?
Cuando se pierde la institucionalidad, se pone en riesgo la democracia, el sistema republicano y más tarde las libertades mismas.    

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