Dr. Marcelo Gioscia Civitate,
Casi inmediatamente de conocerse el resultado de la votación que no aprobó la pretendida “ley interpretativa” de Es que ni siquiera el Vicepresidente Astori se manifestó de acuerdo con tal cambio de rumbo, el que debió haberse consultado y analizado lo suficiente antes de que tomara estado público, en esta especie de Asamblea General Permanente que no debiera convocarse en una materia tan delicada como la tributaria. Oídos sordos han hecho (quienes acompañan a Mujica en esta iniciativa) a los prudentes consejos de Astori, y al parecer, esta semana se presentaría el texto escrito del proyecto con el que, se pretende gravar a quienes sean propietarios de más de 2000 hectáreas de tierras, en escala progresiva y sin tener en cuenta su productividad. Algunos legisladores del oficialismo, ya han manifestado que no brindarán su voto a esta nueva imposición tributaria, entre otras cosas, porque ya se ha comprobado que, lejos de frenar la concentración de la propiedad de la tierra, este tipo de impuestos provoca efectos regresivos, que tienen además el efecto psicológico negativo de poner en duda la necesaria certeza tributaria entre los inversores que optan por colocar sus capitales en nuestro suelo.
Pero aún más, se intenta justificar de algún modo este desatino presidencial en eslóganes: “quien tiene más que pague más”, “quien rompe paga” (aludiendo al presunto destino del producido de esta nueva exacción, que serviría para reparar los caminos por donde sale la producción de los campos), desconociendo que, un impuesto por definición de técnica tributaria, no tiene un destino específico y que si se pretendiera que lo tuviera, debió hablarse de tasa y no de impuesto. Esto es, un tributo que debe guardar una razonable equivalencia con el servicio que presta la autoridad pública en relación al monto que se obtiene de los obligados a prestarlo. Pero más allá de esto ¿es que no pudo preverse en el Presupuesto Nacional un rubro para tales reparaciones? ¿lo que se piensa recaudar, dará para cubrir esas inversiones?
Más allá de las disquisiciones de expertos en la materia, quienes apuestan al verdadero crecimiento productivo de nuestro país, necesitan reglas claras de funcionamiento, necesitan de la certeza o seguridad jurídica que les permita planificar y prever el retorno de sus inversiones con las legítimas expectativas de lucro. Quienes tributan en este rubro, como en tantos otros, necesitan advertir un rumbo claro, no sujeto a vaivenes antojadizos ni a encuestas que los marquen como sujetos de imposición que, para algunos, pese a los impuestos que se les exijan, seguirán teniendo una muy buena posición económica y podrán seguir adquiriendo –aunque unas pocas menos- “botellas de whisky etiqueta azul” como sugirió uno de los del entorno presidencial, demostrando su resentida mirada hacia el grupo de donde este gobierno quiere seguir extrayendo riqueza.
Se trata de un asunto mucho más grave, que va más allá de la sempiterna alusión a la tierra no sólo como factor de producción sino al sentido social que debe tener la misma. Cómo si este sector, ya no tuviera gravada su actividad. Cómo si los impuestos que ya paga no hayan sido destinados en parte también a las políticas sociales que estos gobiernos dadivosamente han impulsado, sin lograr abatir realmente la pobreza, en estos años de especial abundancia y recaudación impositiva.
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