Inseguridad y Estado de Derecho

Dr. Marcelo Gioscia Civitate

El 63% de los uruguayos, sentimos que la inseguridad ha afectado nuestra calidad de vida y vaya si la habrá afectado, para que el gobierno dicte una ley referida entre otras, a la aplicación -en algunos barrios o en zonas rojas- de “operativos de saturación policial”. Operativos que, el propio Ministro del Interior se apura en aclarar que, nada tienen que ver con las temidas “razzias” que otrora, fueran tan criticadas… antes de acceder al gobierno.

Por otro lado, la violencia de un grupo de vecinos hacia un delincuente de veinte años que, en frustrada rapiña, reducido y herido de bala, fue prácticamente “linchado”, y muerto a golpes en la cabeza, no debiera pasar inadvertida. Obsérvese que, se actuó sin aguardarse la intervención de la autoridad pública, que muchos ciudadanos desprotegidos y apremiados en su inseguridad, sienten a la vez distante, ausente, injusta e ineficiente.

¿Qué vinculación tienen estos dos hechos? Ambos muestran un quiebre en el Estado de Derecho y ponen de manifiesto el deterioro social que presenta nuestro país, increíblemente, en el período de mayor bonanza económica de los últimos 25 años.

La inseguridad, es hoy por hoy, un problema de múltiples causas a resolver.

Lamentablemente, los operativos en cuestión dejan al descubierto falencias muy graves, incluso en lo que hace a la labor de inteligencia, pues hasta el presente, muy escasos han sido los resultados. Paralelamente, el estigma o marca al barrio donde se intervino, permanece como una herida abierta, mezcla de impotencia y resentimiento.

La desconfianza que sienten muchos ciudadanos hacia la autoridad policial, quedó en evidencia en los actos de violencia que se sucedieron en la marcha “por la no discriminación y contra las razzias”, que se convirtió en una verdadera “asonada” -con cócteles Molotov incluídos- lo que demuestra su clara intencionalidad de enfrentamiento.

Los ciudadanos que resolvieron hacer justicia por mano propia, solidarizándose con su vecino comerciante y que a la postre, resultaron procesados como co-autores de un delito de homicidio, sienten que esa misma autoridad pública que los procesa, no cumple cabalmente sus cometidos. Esto es tan grave, como desconocer la existencia de un debido proceso, al que también tenía derecho el frustrado asaltante, que ya había sido reducido.

La atrocidad que revela la autopsia, pone de manifiesto hasta qué punto la inseguridad nos ha alterado y cómo, ser protagonistas de una situación límite, nos puede llevar a perder todo principio moral y toda referencia hacia el orden jurídico del Estado del que formamos parte. ¿Cuáles son las consecuencias institucionales de estas conductas?

Los procedimientos de saturación policial son aplaudidos por unos y cuestionados fuertemente por otros, pero los mismos dejan un sabor amargo a la sociedad en su conjunto, y en particular en los habitantes afectados, quienes legítimamente se cuestionan hasta qué punto la orden judicial que autoriza el procedimiento, puede disponer una orden genérica de allanamientos indiscriminados.

Esta dicotomía en la forma de ver las cosas y la manera de enfrentar un tema tan sensible, deja en evidencia la fractura social que nos preocupa y que apuntamos.

Fractura social donde se percibe que, el “universo de valores” se ha venido desplomando sin remedio, y donde el sistema educativo público también hace agua por todos lados (pues ya ni siquiera contiene en sus aulas debidamente a los educandos) priorizando la educación o alfabetización informática, como si la brecha existente entre nuestros niños y jóvenes, pudiera saldarse con el regalo de una computadora…

¿No estaremos priorizando desde la autoridad pública, el tener sobre el ser?

¿Quién pagará a la postre los juicios de responsabilidad contra el Estado que se anuncian?

En una sociedad donde cada quien ejerza la defensa de lo que entiende son sus derechos, sin recurrir confiados a quienes son los legítimos representantes de la ley y el orden, en un lugar donde no se confíe en el proceder de los órganos jurisdiccionales, que deben ser garantía de los derechos de todos y el único habilitado para aplicar sanciones, se dude de su imparcialidad y donde se violente la calma pública en una manifestación contra la autoridad policial, son las instituciones republicanas las que están en riesgo. Y ello, pone en peligros sin ninguna duda a la pervivencia del sistema democrático de gobierno.

Debemos permanecer alertas.