Beatriz BUGALLO
Lentamente, detrás de varios países de la región, también Uruguay se encamina hacia la institucionalización de la evaluación educativa. La formulación de una necesidad de medición objetiva de la calidad de los sistemas educativos es relativamente reciente: según se fue tecnificando la Ciencia de la Educación, más allá de la relación educativa docente-alumno, frente a la familia y la sociedad.
El interés del Estado en la evaluación objetiva y sus efectos aparece en primer lugar en Inglaterra, a finales del siglo XIX al instaurarse por primera vez un sistema de retribución a los maestros según los resultados de los estudiantes, basado en estándares apoyados en exámenes objetivos. En los '30 del siglo XX, en Estados Unidos toma impulso el desarrollo de la evaluación objetiva con los estudios de la Carnegie Corporation y algunos institutos universitarios específicos de Ciencias de la Educación. Otro momento significativo se ubica a mediados del siglo XX, cuando se adelanta en conceptos correspondientes a planificación educativa sobre la base de la teoría del capital humano, alternándose en las consideraciones científicas, la preferencia por la evaluación cuantitativa o cualitativa (esta última reaccionando en la década de los '70). Luego de la aparición de una gran variedad de teorías, en los '90 se consolida la evaluación hacia la formulación de nuevos métodos cuantitativos actualizados con la evolución en los mecanismos de gestión y evaluación de políticas públicas.
Producto de numerosos estudios, doctrinas, experiencias, el siglo XXI encuentra a los Estados de mejor organización de su sistema educativo con instituciones especializadas en la evaluación de la calidad de la educación. Primero en USA, Inglaterra y Gales, luego se establecen en otros Estados como España y Países Bajos y se van difundiendo a Latinoamérica.
En Uruguay, los arts. 113 a 119 de la Ley 18.437 de 12/diciembre/2008, Ley General de Educación, crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Su cometido es evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas y otros objetivos similares. Su actividad excluye la educación terciaria universitaria que se propone regulada por otra vía (todavía no concretada en Ley). El INEE está todavía en ciernes. Recién se dispuso, por Decreto de 4 de noviembre de 2010 la creación de una Comisión Provisoria para proponer tareas y cometidos iniciales para que comience la actuación la Comisión Directiva del INEE. El plazo que fijó el decreto para que la referida comisión provisoria elevara un informe fue 31 de diciembre del 2010, cometido de cuyo cumplimiento no tenemos constancia. A poco más de dos años de creado el INEE, recién se están dando los pasos para su implementación.
Más allá de la consideración de demora o no de la puesta en marcha del INEE, corresponde preguntarse si se encuentran realmente definidos los objetivos contra los cuales se contrastará nuestro sistema educativo.
Evaluar no es solo disponer de datos de una situación: es valorar acorde con ciertas metas u objetivos específicos. Días pasados escuchábamos de las jerarquías del Ministerio de Educación como idea general que quería formar estudiantes solidarios, dejando atrás muchas expectativas de mucha gente, que espera obtener de la educación pública una buena formación para el trabajo. Todos escuchamos también cuestionamientos respecto de la evaluación PISA para secundaria. ¿Cuáles serán, en definitiva, los parámetros objetivos para valorar?
La evaluación educativa constituye un mecanismo o factor de cambio para la Educación. Sin dejar de ver lo positivo respecto de que también en nuestro país comience el funcionamiento de un órgano como el INEE, nos preguntamos: ¿en razón de qué valores referentes se propone la evaluación del sistema educativo? ¿A quién van a escuchar para definir tales parámetros que constituyen una verdadera política de Estado?
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