Tabaré Viera
Diariamente la prensa nos actualiza con un verdadero bombardeo de noticias sobre rapiñas, hurtos, arrebatos y otras fechorías cometidas en todo el territorio nacional. La inseguridad campea y los vecinos se encierran tras enrejadas casas, ya no queda lugar seguro en nuestro Uruguay, ni siquiera en Flores, el más pequeño departamento y con menos población del interior, a pesar de la publicidad de su Intendente.
No solo ha crecido el número de delitos sino que aumentó la violencia en el delito, con cada vez menos sorpresa nos enteramos que mayores y menores cometen atracos armados y cubren sus retiradas a tiros, o que no contentos con obtener el botín acometen contra la integridad física o aún la vida de sus víctimas. Recordamos como hace pocos días, en la otrora apacible Paysandú, perdió la vida una conocida docente que iba en su moto y calló al pavimento ante el violento arrebato de su bolso de mano por parte de un conocido maleante menor de edad.
Es triste, pero los uruguayos todos nos hemos convencido de la ineficacia de nuestra policía. Y empieza a ocurrir lo que parecía inevitable… la sociedad civil comenzó a armarse. Los comerciantes cansados de ser “visitados” por los “cacos” empezaron por instalar alarmas, cámaras de seguridad y rejas, las que se mostraron inútiles para detener la escalada violentista. Entonces adquirieron armas para su defensa propia. Lo mismo ocurre a nivel familiar, todo jefe o jefa de hogar hoy busca tener un arma de fuego para defender a su familia pues no sabe en qué momento se encontrará con desconocidos dentro de su casa.
De esa manera, en los últimos tiempos observamos varios casos de “defensa propia” en los que han muerto delincuentes que se encontraron con víctimas armadas y dispuestas a resistirse. En casi todos los casos, observamos también la decisión de la Justicia de dejar libres a los matadores por considerar que se cumplieron los extremos previstos por el Código Penal en cuanto a la legítima defensa.
Realmente creo que está bien que los ciudadanos tengamos el derecho a defender nuestra integridad y la de nuestra familia. Es un derecho y un deber hacerlo y ante tanta incapacidad de darnos seguridad por parte del Estado las personas no tienen otra opción que armarse y defenderse corriendo el riesgo entonces de transformándose en “involuntarios homicidas”
INADMISIBLE
Pero lo más grave del caso es que el Ministro del Interior declare públicamente que no se anima a aconsejar a la población si armarse o desarmarse. El propio Bonomi, en lugar de manifestar que asegura la tranquilidad ciudadana, que cumplirá con su obligación de preservar el orden y la paz en el territorio nacional, confiesa su impotencia, su inoperancia y alienta con sus dudas a que la población se arme. Una cosa es que los ciudadanos se defiendan como puedan, naturalmente, instintivamente, muy otra es que quien tiene la fuerza legítima y la obligación de garantizar la seguridad pública aliente a que la población se arme.
En su rol, el Ministro debería por el contrario tratar de desarmar a todos, porque si se alienta el armamentismo y en el estado de hartazgo ante la impunidad de los malhechores que comienza a existir en Uruguay, corremos el riesgo de comenzar por la legítima defensa y terminar en la justicia por mano propia. Corremos el peligro de retroceder en un aspecto que hasta ahora ha hecho la diferencia de nuestra República con prácticamente el resto de los países latinoamericanos. Cuando el pueblo civil se arma y comienza a actuar por sí se avanza hacia la difusión del poder coactivo, que en las sociedades civilizadas está monopólicamente en manos del Estado.
Las manifestaciones de esta difusión del poder coactivo en otros países son numerosas y conocidas: los ejércitos privados de los grandes terratenientes brasileños, las guardias blancas de los latifundistas del sureste mexicano, los séquitos armados de protección a empresarios y sus familias, las rondas campesinas en Perú, las patrullas de autodefensa civil en Guatemala, las autodefensas unidas en Colombia, etc.
En todos esos casos no se han solucionado los temas de la delincuencia y sí han aparecido otros problemas de violencia ciudadana.
Por otro lado, se está exponiendo a la gente honesta a otros riesgos, los costos de armarse y enfrentarse a delincuentes pueden ser altísimos. El pretendido remedio puede resultar peor que la enfermedad. Por un lado casi siempre el ciudadano que enfrenta al delincuente resulta herido o muerto, en otros casos el número de víctimas aumenta.
Esto tiene una explicación lógica. Los ciudadanos comunes no somos expertos en el combate a la delincuencia, muchas veces no sabemos ni manejar el arma que cargamos. Los delincuentes son “profesionales” y van decididos a todo cuando actúan. También en varias oportunidades hay otro delincuente que sin que lo veamos está cubriendo las espaldas del asaltante.
Por otra parte si matamos al malhechor nos estamos convirtiendo en homicidas, aunque la justicia nos deje libre, pero en muchas oportunidades no se logra probar la autodefensa y acaba un ciudadano honesto y trabajador en el infierno de la prisión.
¿Volvemos a tiempos del lejano oeste norte americano, donde todos cargaban pistolas y diligenciaban sus diferencias en duelos callejeros
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APORTE DE AVANZAR CANARIO A LA ELABORACIÓN DE LAS POLITICAS SOBRE SEGURIDAD PUBLICA
En virtud de la situación de inseguridad que se viene planteando en nuestra Sociedad Civil, como un importante flagelo que afecta Derechos Humanos fundamentales como ser en primer término la Integridad Física y la propiedad, es menester comenzar a implementar algunas medidas legislativas que implican una Reforma a algunas normas actuales en materia de Derecho Penal y al mismo tiempo un adecuamiento y acompasamiento con la realidad social.
La finalidad perseguida de Avanzar Canario, Agrupación Colorada de Canelones, es realizar un aporte en tal sentido, por cuanto este problema es nacional y por lo tanto afecta a la Población y Economía del Segundo Departamento del país, en los dos aspectos antes señalados.
Esta Agrupación Departamental busca que se implemente una solución legislativa que sea efectiva en los hechos, que cuente con viabilidad en su aplicación y no se convierta en una Ley como muchas que a veces se aprueban y por diversos motivos ajenos al Parlamento, no pueden ser instrumentadas o reglamentadas.
Nuestra propuesta oscila en base a los siguientes ejes conceptuales:
a) Compartimos la rebaja de la edad de inimputabilidad como principio general, pero con el matiz de que el Derecho Penal que se les aplica a los adultos, les sea aplicado a los adolescentes, mayores de 16 años, una vez que han reincidido o han reiterado la conducta delictiva desde el punto de vista Penal. Y ante la primera infracción aplicar penas alternativas que hoy existen. Y el procesamiento con prisión en caso como se expresó, de que haya reincidido o reiterado su conducta delictiva. Y esto para el caso de delitos violentos, como ser rapiña, copiamiento, hurto con todas sus agravantes, homicidio, etc.
b) Como complemento de lo anterior, consideramos que debe mantenerse la existencia o anotación de los Antecedentes en el caso de los menores infractores, al menos a partir de los 16 años, para de esa forma poder determinar desde el punto de vista Penal, el vector peligrosidad del adolescente infractor.
c) Esto tendría que ser acompañado de una Reforma del Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a la rebaja de la edad de inimputabilidad y también desde el punto de vista procesal penal. En concreta referencia deberían ser tratados por la Justicia Penal Ordinaria, la misma que se le aplica a los adultos y sacarlo de la órbita de la Justicia Penal Especializada por razón de materia, que son los Juzgados Letrados de Primera Instancia de Menores en Montevideo. En el interior no hay inconveniente por cuanto son tratados los Menores Infractores por los mismos Juzgados Penales de Adultos.
d) En caso de reincidencia o reiteración de la conducta delictiva, tendría que preverse el lugar de internación. Lo que en la actualidad es totalmente insuficiente que se lo siga haciendo en el INAU, por falta de recursos técnicos, humanos y materiales. Así como con estos menores se crea una situación diferencial, también lo tendría que ser la internación diferencial, en un Instituto independiente del INAU, especializado en esta temática tan especifica. Tiene que ser un Instituto autónomo, con la finalidad de recuperación y correccional de los menores infractores, por lo que sería aconsejable que el INTERJ tuviera personería jurídica propia, con autoridades, funciones, y objetivos propios.
De esta forma Avanzar Canario pretende realizar un aporte y abordaje integral de la situación que se crea con la disminución de la rebaja de edad de inimputabilidad.
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