Que decida la gente
Cesar García Acosta
Reafirmaba Enrique Tarigo desde estas páginas de OPINAR, hace más de treinta años, que “la democracia no necesita ni presupone, para ser posible, el acuerdo o la unanimidad de pareceres entre todos los habitantes de un país; por el contrario, la democracia es la única concepción que parte de la base del profundo respeto por los hombres, por todos los hombres, aún por aquellos cuyas ideas nos resultan más equivocadas”.
Y agregaba: “pretender que los hombres piensen todos lo mismo, aunque sea en media docena de cuestiones fundamentales, supone negar al hombre su elemental libertad de opinión, supone, por consiguiente, partir de una hipótesis falsa, partir de una idea acerca del hombre que no se compadece con la realidad de éste”.
Este pensamiento gira insistentemente en mis desordenadas ideas sobre este tema (debo reconocerlo), desde que la semana pasada, en el programa de la periodista Sonia Breccia en Televisión Nacional, el sociólogo Gustavo Leal, a propósito de la idea puesta de manifiesto por el sector colorado de Pedro Bordaberry, de juntar firmas o aprobar una ley para bajar el límite de imputabilidad penal a los menores infractores, con el fin de que no considerada por el parlamento, o hasta vetada por el Gobierno, puediera ser sometida a la consideración popular, se levanta como una de las mejores oportunidades por su valor democrático, en tanto implica idea, concepto liberal y un sentido popular en el más amplio de los sentidos.
No hay quien en el Uruguay de nuestros días que no tenga la voluntad, de tener el poder para hacerlo, de bajar la edad de imputabilidad a los menores infractores para aplicarles sanciones mucho más graves que ponerlos a resguardo de sus padres, como viene aconteciendo, cuando sus padres fueron hasta poco también menores infractores hijos de padres con similares costumbres antisociales.
Lo que Uruguay tiene por delante es lo que los ingleses llaman el “fair play”, las reglas de juego de la sociedad, entre las que están implícitas, obviamente, las penales, que lejos se constituir compartimentos estancos deben ser vistas como verdaderos espacios alternativos para conseguir los cambios que hagan eficaz el modelo político que nos hemos dado los uruguayos para vivir.
Simplemente como un agregado más, reafirmaba Tarigo parafraseando a Carl Kriedrich, que “la distinción fundamental entre idea y acto, entre teoría y conducta, es lo que hace ilícito e imperdonable al terrorismo”.
Hagamos de Uruguay un lugar para vivir donde –idea y acto, teoría y conducta- conformen el plano de las reglas de juego consensuadas que nos permitan a todos una cohabitación pacífica.
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La idea de promover un plebiscito constitucional para bajar la edad de imputabilidad a 16 años y mantener los antecedentes de los menores, fue puesto formalmente en el escenario de la opinión pública mediante un proyecto de ley presentado por el diputado de Maldonado Germán Cardoso.
De no ser tratado el proyecto, o si el trámite parlamentario resultara negativo, los integrantes de este sector colorado anunciaron salir a recolectar firmas para reformar la Constitución.
El grupo liderado por Bordaberry reclama que los mayores de 16 años sean penalmente responsables y que se mantengan los antecedentes de los menores infractores. “Si el proyecto no es tratado saldremos el 1º de enero de 2011 para juntar las firmas", aseguró días pasados Cardoso a Ultimas Noticias.
Con la mayoría con la que cuenta el gobierno “los proyectos caen en saco roto y no son tratados en las comisiones", aseguró el legislador.
Esta decisión marca ciertamente un rumbo que no debería pasar inadvertido; habría que apoyarlo y hacerlo causa común en todo el Partido Colorado, sumando a éstas otras iniciativas que podrían prosperar con el fin de ensanchar la base democrática de este tipo de ideas.
Y hasta no parece imposible negociar con el Frente Amplio la aprobación de la ley presentada por Cardoso, a sabiendas de que sería vetada, y con el solo fin de abrir otras instancias donde la voluntad popular sea quien otorgue al sistema de las mayores garantías. Después de todo, de lo que se trata no es que una ley se vote, sino que la gente se pronuncie. Eso debe otorgar tener los mismos valores a blancos, colorados o frentistas.
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El Ministerio del Interior (MI) reveló, aunque desde sectores de la izquierda hayan salido a desmentirlo por una cuestión de perspectivas, que el año pasado las rapiñas cometidas por menores crecieron un 81,8% respecto a 2008 en todo el país. Además, la cantidad de adolescentes que "cometieron o participaron" en delitos aumentó un 11,5%.
Para el MI (y este es un dato de la realidad no una especulación política), en 2009 un total de 15.633 menores "participaron o cometieron" delitos.
Esa cifra implica un aumento de 1.622 (11,5%) de menores que delinquieron el año pasado en relación a 2008, cuando se constató la participación de 14.041 adolescentes en hechos delictivos, según la información oficial.
El informe del MI se hizo a base de un detallado análisis de la participación de menores en varios delitos en 2009 como homicidios (126); rapiñas (2.947); hurtos (7.876); arrebatos (767); copamientos (521); delitos sexuales (128) y lesiones (1.544).
Si bien las estadísticas reflejan con claridad que la principal actividad delictiva de los menores son los hurtos, ese ilícito se mantiene relativamente estable en relación a 2008, ya que solamente aumentó un 2,8% en el comparativo. Lo mismo ocurre con los demás ilícitos, que no presentan una variación considerable.
Sin embargo, donde sí se registró un aumento importante fue en relación a las rapiñas, que aumentaron en un 81,8%. Según el Ministerio del Interior, en 2008 fueron 1.621 los menores participaron en rapiñas; en 2009 fueron 2.947.
La rapiña es, por definición, un hurto en el que el asaltante ejerce violencia sobre la víctima, lo que lo torna un ilícito especialmente peligroso y que causa un gran efecto emocional sobre quien lo sufre.
La participación de menores bajó en 2009 respecto a 2008 solo en dos delitos: copamientos y delitos sexuales.
Por otro lado, en cuanto a la cantidad de menores que fueron detenidos por la Policía sospechosos de haber participado en hechos delictivos, llegan a los 23.225. Eso implica que en todo el país, unos 7.000 jóvenes fueron puestos en libertad luego de las indagaciones preliminares.
En tanto, respecto a la discriminación por departamento, el informe indica que en Montevideo fueron detenidos para averiguaciones policiales un total de 8.305 jóvenes.
Si se observa el contexto regional e internacional en materia de imputabilidad a menores infractores, podrá apreciarse claramente una tendencia clarísima hacia el resguardo social, evitando, sin ambages, dudas existenciales en materia de edad.
La imputabilidad a los 12 años rige en Costa Rica, Venezuela, Homduras, México, Ecuador y El Salvador; a los 13 años en República Dominicana, Guatemala y Nicaragua, a los 14 años en Paraguay y Panamá, mientras que a los 18 años en Argentina y Uruguay.
Poniendo el punto de mira en Europa, Alemania, Inglaterra, Austria, Bulgaria y España, fijaron la imputabilidad en los 14 años, mientras Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia y Noruega a los 13 años. Holanda, Bélgica y Luxemburgo lo determinaron a los 12 años de edad.
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