Tabaré Viera Duarte
Nuevamente el Frente Amplio acomete contra la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Parece increíble, pero es así.
El fondo de la cuestión se debatió en 1986 cuando se aprobó la mencionada ley por mayoría de un Parlamento legítimamente electo, el mismo que días antes había votado una amnistía para los que habían atentado contra un gobierno legítimo y que a través de la lucha armada habían cometido delitos como asaltos, secuestros y asesinatos (que eufemísticamente llamaban ejecuciones), algunos presos en la dictadura, es cierto, pero varios que logrando huir del país nunca habían estado presos.
También se estableció un amplio diálogo nacional en los años siguientes, una vez planteados por sectores políticos y organizaciones afines la recolección de firmas a fin de plebiscitar la mencionada ley, consulta que se llevó a cabo en el año 1989. En la oportunidad la norma fue ratificada por la ciudadanía, la que se expresó en la mayor y más clara manifestación soberana a través del voto, el ejercicio de democracia directa establecido en la Constitución de la República.
¿Qué dudas quedaban de la voluntad mayoritaria? Aparentemente ninguna.
La gran mayoría de los uruguayos creímos que se había logrado culminar el cambio en paz. Que podíamos avanzar hacia un futuro mejor, construyendo un país próspero, en libertad, con democracia plena y olvidando los tiempos amargos en los que tuvimos que soportar a algunos que, creyéndose iluminados, un día decidieron voltear por la fuerza al gobierno electo por el pueblo para instaurar un régimen a la cubana, como fue reconocido. Pero también dejando atrás y para siempre los tiempos del autoritarismo militar, del régimen de facto que tanto dolor trajo a la familia oriental.
Desde esa fecha y con la ley ratificada en el plebiscito, no prosperarían los juicios a militares denunciados por violación de derechos humanos que estuviesen contemplados según la manifestación del Poder Ejecutivo, pero nada impediría, por imperio del artículo cuarto, la investigación y el esclarecimiento de ese tipo de hechos.
Es más, con el tiempo, con el afianzamiento de la democracia y en plena vigencia de la Ley de Caducidad fueron juzgados y presos dos ex presidentes del período de facto, un ex canciller y varios militares y policías de la época. Se realizaron búsquedas de restos humanos dentro de los cuarteles y en el período de gobierno del presidente Jorge Batlle se designó la Comisión para la Paz, con representantes de distinto origen social y político de nuestro país, a fin de recoger datos que pudieran esclarecer el paradero de los muertos-desparecidos, la que obtuvo como resultado más significativo el hallazgo de la nieta del poeta y ex montonero argentino Juan Gelman.
También fueron extraditados a Chile, tres militares requeridos por ese país por estar acusados (luego procesados) de vinculación con el caso Berríos, muerto en nuestro país.
Nadie puede afirmar pues, que no hemos vivido en plena democracia en estos veinticinco años, en los que han estado vigentes todos los derechos de los ciudadanos, aseguradas todas las libertades, al punto que vimos acceder al gobierno a quienes otrora se alzaron en armas contra esta misma democracia.
No obstante a mediados del año 2007 surgió una nueva campaña para plebiscitar una enmienda constitucional que anularía parcialmente la ley, lo que hubiera implicado efectos retroactivos claramente inconstitucionales. En junio de 2009, la Corte Electoral confirmó que se habían alcanzado las firmas para realizar este plebiscito. El mismo tuvo lugar junto a las últimas elecciones nacionales, el 25 de octubre de 2009. En esa oportunidad tampoco se alcanzaron las voluntades necesarias para su aprobación.
Quiere decir que ninguna ley en la historia del país ha sido tan ratificada como ésta.
Sin embargo nuevamente, el Frente Amplio, cediendo a sectores minoritarios de nuestra sociedad plantean buscarle la vuelta al tema, trampearle a la ciudadanía su reiterada decisión y haciendo abuso de su mayoría circunstancial parlamentaria, habrá de aprobar una ley inconstitucional, inconveniente y a esta altura absurda y caprichosa.
El proyecto presentado por el Frente Amplio en este nuevo intento, constituye una ley interpretativa que la declara inaplicable y recibió duras críticas de prestigiosos Catedráticos: Felipe Luzardo (UDELAR), Martin Risso (UCUDAL) y Carmen Asiain (UM), los que expusieron ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Representantes, donde coincidieron en que la iniciativa es INCONSITUCIONAL y criticaron la propuesta de retroactividad en el efecto de la ley, porque en la legislación uruguaya no existe tal posibilidad.
Así mismo, dicha fuerza política decidió continuar adelante con la iniciativa haciéndole pequeños cambios, pero en la práctica insistiendo con la anulación.
Se trata del capricho antidemocrático de insistir de cualquier manera, para cambiar lo que el pueblo soberano ya aprobó, primero a través de sus representantes y más tarde en dos oportunidades en forma directa.
No es lícito que se espere la oportunidad histórica de alcanzar una mayoría circunstancial de REPRESENTANTES de la ciudadanía, para cambiar la decisión, dos veces adoptadas por los REPRESENTADOS.
Ya no se trata de discutir sobre los derechos humanos o lo establecido en el texto de la ley. Ahora están en juego valores nacionales como la democracia, el respeto a las mayorías y a la decisión del soberano, a las Instituciones y a la Constitución de la República.
La imposición de la mayoría absoluta de un gobierno en contra de su pueblo, implica la existencia de un gobierno autoritario, tendencia que lastimosamente comienza a verificarse antes de culminar el primer año del gobierno de José Mujica.
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