Contra la voluntad popular

Ope Pasquet

El Frente Amplio presentó al Parlamento un proyecto de ley por el cual se interpreta de manera “obligatoria” la Ley de Caducidad, en el sentido de que sus disposiciones principales son inconstitucionales y por ende inaplicables.

Como consecuencia de lo anterior, se dispone que “toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la Ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas o archivadas, indagatorias o acciones penales”.

Una ley que no se pueda invocar ante los tribunales como ley válida, es una ley nula. Lo que el Frente Amplio está haciendo, por lo tanto, es anular la Ley de Caducidad. No se atreve a decirlo así, con todas las letras, porque es bien sabido que en nuestro derecho no existe la figura de la anulación de las leyes y se le ha querido dar a este proyecto una apariencia de mínimo decoro. Pero la apariencia es sólo eso, apariencia. En sustancia, estamos ante una declaración de nulidad que no osa decir su nombre (quizás por aquello de que “la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud”).

Pero no vale la pena detenerse en el análisis meramente técnico de este proyecto de ley. El meollo del asunto es político. La Ley de Caducidad fue ratificada dos veces por la ciudadanía; la primera, en el referéndum de 1989; la segunda, en el plebiscito del pasado año 2009. En 1989 el pueblo ratificó expresamente la ley, y en la misma noche del referéndum las figuras principales y emblemáticas del movimiento que había promovido su revocación –el Gral. Seregni y la Sra. Matilde Rodríguez de Gutiérrez Ruiz- reconocieron la derrota de su causa y dijeron que aceptaban y acataban el resultado. Veinte años después, el PIT-CNT primero y el Frente Amplio después decidieron desconocer la misma voluntad popular que habían dicho que respetarían, y promovieron una enmienda constitucional para anular la Ley de Caducidad. Volvieron a perder; la ciudadanía no aprobó la enmienda que ellos propusieron y la ley mantuvo su vigencia.

Lo que el Frente Amplio quiere hacer ahora, pues, es ganar en la liga lo que perdió dos veces en la cancha. Los “representantes del pueblo” van a contrariar la voluntad del pueblo; los “mandatarios” van a actuar en contra de la voluntad expresa de su mandante.

Desde el punto de vista de las instituciones democráticas y republicanas, lo que está por pasar es gravísimo. Está a punto de producirse el quiebre de una hermosa tradición, iniciada en esta tierra precisamente el 5 de abril del año 1813. Ese día Artigas dijo: “Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana”. Hasta ahora, nadie se había atrevido a desobedecer al Jefe de los Orientales. Ante la “presencia soberana” del pueblo, expresada en las urnas, se acababan las discusiones. Ni siquiera la dictadura osó quebrar este principio básico de la democracia; en 1980 los militares perdieron el plebiscito con el que quisieron legitimarse y perpetuarse en el poder, y acataron el resultado del pronunciamiento popular.

El Frente Amplio, en cambio, no acatará ni el referéndum de 1989, ni el plebiscito del 2009. Su autoridad no cesa ante la presencia soberana del pueblo. En este sentido sí, tenemos que reconocer que “la era progresista” trajo consigo un cambio profundo en la historia del Uruguay.

Si esto es el cambio, yo me declaro, formalmente, conservador.