Los desvelos del Presidente

 ¿Contra quién PARA el PitCnt?
Cesar Garcia Acosta
Al igual que en otros momentos de la historia del país, el sincalismo está marcando una época: ¿hacia adónde irá ahora la lucha de clases en un país donde sólo el trabajo genera el empleo? En Uruguay el Estado, contrariamente a lo que piensa el Presidente José Mujica, es el generador de riqueza por excelencia. Téngase en cuenta tan solo un dato de nuestra realidad: el 70% de los que generan empleo son las microempresas, porque en Uruguay sólo un 30% puede calificarse como grandes empresas. En consecuencia, ¿contra quien para el PitCnt?



Corría el año de 1935 en medio de un convulsionado país. La revuelta de los portuarios, liderada por el Partido Comunista, ya había dejado sus consecuencias. Mi abuelo, entre otros, un anarquista llegado desde la vieja España, caía al piso debajo de una linga de alfalfa arrojada ex profeso desde una grúa. Literalmente quedó muerto en vida. De ahí en más su periplo, que no fue solo suyo, hasta mereció que Monseñor Barbieri, recordado histórico cardenal de la Iglesia uruguaya, lo acompañara hasta su muerte acontecida apenas un tiempo después en defensa de sus ideales de clase.

¿Qué diría el viejo Pedro, con su impecable traje negro, si presenciara el actual litigio entre el Presidente Mujica y el PitCnt? ¿Del lado de quién estaría: del de sus ideales, o del gobierno que pretende reformar al país a costa de valores que la clase trabajadora entendía innegociables? Quizá, hasta quienes siguen profesando la lucha de clases en perjuicio del propio gobierno al que votaron, deberían tener una voz más atenuada.



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Despejada la duda del controvertido Paro General que el bailarín Julio Bocca logró que fuera tan sólo por 24 horas, la medida se cumplirá el 7 de octubre, quedando atrás una más drástica iniciativa que en su mecánica pretendía comenzar a las 12 horas del jueves para terminar a las 12 horas del día siguiente, lo que en los hechos lo convertía en un paro de 48 horas.

Esta innovación, increíblemente pretendía ser ejecutada contra un gobierno al mando de un ex guerrillero Tupamaro.

Y esto sucede en un país con 117.996 empresas, de las cuales 117.415 son Pyme. Algo más del 85,4% son microempresas, 11%) pequeñas, casi 3% medianas y tan solo un 0,5% constituyen grandes emprendimientos comerciales.

Pero como agravante debemos agregar que las microempresas emplean casi al 70% del total de la población uruguaya.

Es más: las micro empresas fueron las que dieron trabajo caso al 30% de la población, en oposición a las pequeñas que alcanzaron el 20%, y las medianas apenas por debajo a ese índice. Las grandes empresas uruguayas emplearon al 32% de la mano de obra ocupada; el 70% restante, claro está, tuvieron su fuente de empleo en actividades empresariales típicamente nacidas en el sector trabajador.

La conclusión rompe los ojos: ¡contra quien protesta el paro, contra el 30% de quienes ostentan el poder económico o contra el 70% que como trabajadores, a su vez, generan empleo?



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Un informe sobre la conflictividad laboral durante los primeros seis meses del gobierno de Mujica da cuenta que las cifras duplican los registros de similar período de la administración Vázquez.

Entre enero y junio de 2010 se registraron 83 conflictos, los que incluyeron un paro general parcial. A causa de esos conflictos, que involucraron a 252.662 trabajadores, se perdieron 202.343 jornadas laborales. Los datos del informe elaborado por la Universidad Católica no toman en cuenta la mayor agitación desatada en el marco de la presentación del proyecto de Presupuesto. Al margen de estos datos, atenuándolos, está un nuevo paro parcial previsto y otro de carácter general programado para la semana que viene.

El incremento de la conflictividad laboral marca una tendencia ascendente desde comienzos de año, y esa tendencia fue confirmada, precisamente, en el último informe mensual de la Universidad Católica referido a agosto de 2010.

En ese último informe, elaborado por el Programa de Modernización de Relaciones Laborales de la UCUDAL, se expresa que la conflictividad se multiplicó por 2,8 respecto al mes de julio, y fue el doble de igual mes de 2009.



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Profundizando en las causas de la conflictividad, se observa que el 60% ocurrió en el sector privado (construcción e industria manufacturera), mientras que en el sector público la educación y la administración pública fueron las ramas de actividad más movilizadas.

El salario, con el 65% del total de casos, fue la principal causa de conflicto, seguido de las condiciones de trabajo (17%) y el empleo (14%).

Pero Mujica, en este contexto, lejos de atenuar su impulso, expresó: "Las críticas las esperaba, espero eso y mucho más". Sus dichos claramente fueron dirigidos hacia los cuestionamientos que está recibiendo desde el Partido Comunista, que fue su aliado electoral en 2009 y que ahora respalda al Pit-Cnt. A modo de desafío, el Presidente concluyó: "La reforma del Estado es un capítulo central, si no, no sé para qué hice campaña electoral".

Mientras tanto el Pit-Cnt aunque sumergido en una crisis interna por los enfrentamientos entre grupos moderados afines al gobierno y radicales que no dan un segundo de tregua-, acaba de acordar un documento que reclamará retirar del proyecto de presupuesto quinquenal todo el capítulo que fija una nueva reestructura de la función pública, y además advierte sobre la posibilidad de que el segundo gobierno de izquierda inicie un "verdadero proceso privatizador".

El gobierno ya respondió a estos reclamos sindicales y adelantó que no está dispuesto a tocar el capítulo sobre los funcionarios públicos, lo cual le dará pie a la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) -dominada por una de las alas más radicales del Pit-Cnt- a presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por violación de la ley de negociación colectiva.

El argumento del gobierno para no desmantelar su proyecto de presupuesto es simple: los artículos sobre los funcionarios públicos es solo una parte de la reforma del Estado, y el gran debate se dará en 2011 cuando envíe una ley que regularizará las carreras administrativas. Ahora el presidente Mujica actuó con moderación decretando como fecha límite el 31 de marzo de 2011 para que caduquen todos los contratos precarios, anunciando, al mismo tiempo, otro decreto que obligará a los funcionarios a trabajar un mínimo de seis horas diarias.

Además, se mantuvo firme en su posición de establecer un salario mínimo de $ 14.400 por un régimen de 40 horas semanales, en lugar de 30 horas como pretendía COFE.